Save the Children alerta sobre la gravedad creciente de la violencia que sufre la infancia en el Triángulo Norte de Centroamérica, zona compuesta por El Salvador, Guatemala y Honduras, y asegura que es muy similar a la que están padeciendo niños, niñas y adolescentes en lugares como Siria, Yemen o Afganistán.

La organización considera que, a pesar de que la población de esos países no es estrictamente la de un conflicto armado como tal, sí incorpora muchos elementos que tienen que ver con un contexto de violencia y crisis. Por ejemplo, los niños y niñas del Triángulo Norte ven amenazadas sus vidas y las escuelas de esta zona son frecuentemente atacadas.  Save the Children considera, por tanto, que muchos de los criterios del marco de protección que se aplica en contexto de conflictos armados deberían ser aplicables en el Triángulo Norte.

Save the Children considera que la Declaración sobre Escuelas Seguras, a la que se han adherido Honduras, El Salvador y Guatemala en 2015, 2017 y 2019, respectivamente, y con la que los Estados se comprometen a proteger a las escuelas de ataques en tiempo de conflicto armado, debería estar siendo aplicada. Entre los compromisos que se derivan de ella se encuentran establecer lugares seguros e implementar diseños inclusivos y resistentes a las amenazas a las que están expuestas los centros educativos, reubicar las escuelas inseguras, involucrar a las comunidades educativas e implementar planes de monitoreo, financiación y supervisión continua de las instalaciones.

En el informe En el fuego cruzado, que Save the Children ha presentado hoy en Mérida, también se alerta sobre cómo la violencia ejercida por maras y pandillas afecta especialmente al derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, hecho que deriva en carencias fundamentales para su desarrollo, así como alimenta el círculo vicioso de la violencia. “Ante esta situación, huir hacia otros países –principalmente Estados Unidos– supone la única vía de escape para progresar e, incluso, salvar sus vidas”, asegura David del Campo, director de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria de Save the Children España. “Hace solo unos días la foto de Valeria, una niña salvadoreña de menos de dos años, y su padre ahogados en el río Bravo ha dado la vuelta al mundo. El riesgo de quienes huyen de las maras y las pandillas continúa durante toda su ruta hacia México y Estados Unidos. El callejón sin salida que encuentran está repleto de vidas perdidas”, lamenta del Campo.

Algunos de los efectos más directos y visibles de la violencia de maras y pandillas en el Triángulo Norte se relacionan con el aumento de la inseguridad y las amenazas dentro de los centros educativos a profesorado y alumnado, los ataques violentos y la pérdida de vidas y el recorte de horas escolares, el deterioro de la calidad educativa y el abandono escolar.

El miedo a que los niños sean reclutados como miembros de maras o pandillas, tanto de camino a la escuela como dentro de las instituciones educativas, o que las niñas puedan ser objeto de acoso o violencia sexual, hace que muchas familias opten por dejar de mandarlos a la escuela, como mecanismo de protección.

Según se recoge en el informe, la violencia en las escuelas de El Salvador, Guatemala y Honduras toma diversas expresiones. La más extrema, el homicidio de docentes y estudiantes, que sigue teniendo unas dimensiones alarmantes. En otros casos, se restringe o impide la asistencia a los centros escolares a estudiantes y docentes que proceden de territorios controlados por grupos contrarios. Algunos centros se han visto infiltrados por estudiantes vinculados a grupos delictivos, que provocan un aumento de las extorsiones, venta de drogas, reclutamiento y control sobre las decisiones educativas. En algunas ocasiones, se ha llegado al extremo del cierre de centros educativos como consecuencia de la violencia generalizada.

En muchos centros educativos en los tres países la situación se ha hecho insostenible en los últimos años a causa de la infiltración, entre los estudiantes, de miembros de maras y pandillas, que a menudo portan armas blancas y de fuego. La Unidad de Maras y Pandillas de El Salvador estima que al menos el 40% de la población estudiantil de los colegios en San Pedro Sula simpatiza con estos grupos y un 10% sería parte de ellos.

Enfoque erróneo para la respuesta

Save the Children considera que la respuesta a la violencia de maras y pandillas en las escuelas ha tenido, en los tres países, un enfoque represivo, con la militarización de numerosos centros educativos, que han pasado a convivir con la presencia de policías y militares. “Esta respuesta, sin embargo, puede aumentar el riesgo de la comunidad educativa y muchos niños, niñas y adolescentes se sienten atemorizados, tanto por la violencia criminal como por la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, que en muchos casos no adoptan las medidas de protección a la infancia adecuadas ni cumplen con las disposiciones legales en materia de derechos humanos”, explica Ludin Caballero, directora de Operaciones de Programas en Save the Children El Salvador, y quien también ha participado en la presentación que ha tenido lugar en Mérida.

En este contexto, la escuela deja de ser un lugar de protección, estímulo y desarrollo para convertirse en un lugar de riesgo y grave inseguridad para niños, niñas y adolescentes, del que algunos optan por alejarse como medida temporal o definitiva, algo que a su vez limita y pone en riesgo las oportunidades de desarrollo e inclusión social y laboral de miles de jóvenes en la región, contribuyendo al aumento de los flujos migratorios irregulares en busca de oportunidades en otros países.

Save the Children ha presentado su informe en Mérida como parte del proyecto de análisis del impacto de la violencia en la infancia en Centroamérica, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).