La verdadera voluntad para resolver la crisis de Nicaragua por medio de un diálogo entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia «se muestra fuera del recinto» de las negociaciones, dijo este domingo el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio Báez.

«Las personas que se reúnen a negociar, a dialogar, deben mostrar su buena voluntad fuera del recinto», dijo Báez, en referencia a la violencia con la que la Policía de Nicaragua atacó a personas que querían participar en una marcha contra el Gobierno de Daniel Ortega ayer sábado en Managua.

El obispo respondió con esas palabras ante las preguntas de los periodistas, sobre si las negociaciones deben continuar después de la violencia ejercida por el Gobierno a través de la Policía.

«Yo creo que en un diálogo es muy importante continuamente ir tomando el pulso del camino del diálogo, no solamente al interior del recinto donde se realiza el diálogo, yo estoy seguro de que la mejor forma de medir la autenticidad de un diálogo es fuera de la mesa, fuera del recinto donde se está dando el diálogo», sostuvo Báez.

La semana pasada la Alianza Cívica se levantó de la mesa de negociaciones por considerar que el Gobierno carece de «voluntad política» para resolver la crisis, entre las sospechas de que Ortega supuestamente utiliza el diálogo para ganar tiempo en el poder, ante la imposibilidad de gobernar el país.

Para el influyente obispo, los cientos de «presos políticos» del Gobierno deben salir de inmediato, como requisito para aligerar las negociaciones.

Báez conoce a fondo a las partes negociadoras, ya que junto con el resto del Episcopado fue mediador del diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza que se inició en mayo pasado, y que Ortega abandonó en julio al acusar a los obispos de apoyar un supuesto golpe de Estado.

Las actuales negociaciones sustituyeron en febrero pasado al diálogo nacional, luego de un acuerdo entre Ortega y algunos de los empresarios más acaudalados de Nicaragua, y a pocas semanas para que Estados Unidos y la Unión Europea apliquen sanciones económicas contra el Gobierno nicaragüense.

Nicaragua vive una crisis que en 11 meses ha dejado 325 muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan la cifra a 561, mientras que Ortega solo reconoce 199.

Al menos 762 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.

La CIDH ha insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes «de lesa humanidad», mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.