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Las 18 medidas que propone Unicef para “salvar la educación”

UNICEF España ha presentado 18 necesarias medidas educativas al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, para trabajar un plan estratégico que «mitigue las consecuencias» de la situación actual y «ayude a recuperar la normalidad que los niños tanto necesitan, y que la educación es capaz de proporcionar».

Entre ellas, destacan la necesidad de desarrollar plataformas digitales de enseñanza «centralizadas por las administraciones educativas» y que» garanticen» la homogeneidad, la calidad de acceso, la lucha contra el absentismo, la protección de los datos personales y la ciberseguridad del alumnado, profesorado y centro educativo.

Otra de las propuestas consiste en desarrollar «contenidos específicos de educación para la salud», relacionados con la prevención del contagio, la gestión emocional, hábitos saludables y el uso adecuado de las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación).

Proponen «planes que incluyan los pasos necesarios para la reapertura segura de las escuelas», una vez superadas las primeras fases de la crisis.

UNICEF España considera que debemos garantizar el derecho a una educación de calidad e inclusiva, previendo la posibilidad de nuevos confinamientos por posibles olas epidémicas, la existencia de brotes locales o la imposibilidad de parte del alumnado de asistir a clase por enfermedad.

Y sugieren las siguientes medidas para ser implementadas al inicio del próximo curso escolar:

  • Desarrollo de plataformas digitales de enseñanza centralizadas por las administraciones educativas que garanticen la homogeneidad, la calidad de acceso, la lucha contra el absentismo, la protección de los datos personales y la ciberseguridad del alumnado, profesorado y centro educativo.
  • Desarrollo de un programa de enseñanza a distancia de emergencia con materiales digitales on-line y reforzado por emisiones en medios de comunicación de masas. Esta enseñanza podrá ser complementada con acción didáctica y tutorial del profesorado, en el ejercicio de su libertad de cátedra y la autonomía de los centros educativos, asegurando de este modo la transmisión de conocimientos y la adquisición de competencias del currículo básico, así como el seguimiento de un proceso estructurado que permita la evaluación continua de acuerdo a unos criterios conocidos inicialmente.
  • Implementar un programa de apoyo escolar a lo largo del curso para apoyar el seguimiento educativo de las familias especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad.
  • Desarrollo de un programa de apoyo y orientación a las transiciones educativas por medio de la acción tutorial específica, especialmente en el paso de primaria a secundaria.
  • Lucha contra el absentismo: Identificar al alumnado con el que ha sido imposible comunicarse desde los centros educativos y solicitar visitas a las familias por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad para recabar sus datos y valorar su situación académica, en coordinación con los servicios sociales.
  • No repetición de curso: De manera excepcional, y a falta de estudios posteriores sobre los efectos de la repetición, se promocionará al conjunto del alumnado.
  • Dejar sin constancia académica la calificación en esta evaluación. Evitar que puedan aplicarse criterios muy desiguales en la calificación de esta evaluación que afecten al expediente académico global del alumnado.
  • Desarrollar un programa de apoyo escolar durante el verano que permita reforzar los hábitos de estudio, la autonomía para el aprendizaje, las competencias digitales, el hábito lector y las competencias instrumentales.
  • Desarrollar una campaña institucional dirigida específicamente a la infancia y adolescencia sobre cómo actuar durante la emergencia del COVID-19 que promueva la participación infantil.
  • Desarrollar contenidos específicos de educación para la salud (prevención del contagio, gestión emocional, hábitos saludables y uso adecuado de las TIC) para niños, niñas y adolescentes dirigidos al programa de apoyo escolar y de enseñanza a distancia. Incorporar a los docentes como agentes activos en la emergencia a través formación impartida en colaboración con otras agencias, como por ejemplo protección civil.
  • Elaborar los planes de actuación de emergencia frente al COVID-19 en los centros escolares, previo a la reapertura de los centros. Formar asimismo al profesorado en la ejecución de planes de emergencia.
  • Reanudar las actividades de educación 0-3 dirigidas a las familias con un programa de atención socio-educativa a distancia mientras sea imposible el presencial y recuperar su actividad con prioridad frente a otras actividades laborales, fortaleciendo el enfoque educativo frente al asistencial de esta etapa educativa.
  • Establecer la figura del Coordinador de protección y bienestar infantil en todos los centros públicos y privados que recoge el proyecto de LOMLOE para identificar y canalizar la respuesta frente a las sospechas de violencia y abuso contra la infancia, la pobreza infantil, el fracaso y abandono escolar, la falta de acceso a la educación originada por la brecha digital y la garantía de la adecuada atención a las necesidades especiales.
  • Establecer un programa específico de seguimiento educativo para las niñas, niños y adolescentes en tutela de las administraciones públicas.
  • Intensificar los programas de desarrollo de competencias TIC en los docentes de todos los niveles educativos mediante acciones de formación permanente del profesorado, reforzando además la presencia de estas competencias en el currículo educativo del alumnado en todos los niveles educativos.
  • Intensificar los programas de desarrollo de competencias TIC en la sociedad en general mediante programas de educación a lo largo de la vida fomentando el desarrollo de la cultura de la sociedad del conocimiento de la forma más amplia posible entre la población.
  • Utilización de la estructura escolar como centro de recursos comunitario para garantizar los derechos de la infancia durante todas las fases de la emergencia.
  • Crear un escenario de colaboración inmediata entre la administración educativa y las organizaciones del tercer sector para lograr el apoyo y la participación ciudadana y social requerida para atender las necesidades de la población infantil en el escenario de emergencia y postcrisis.
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