Horas después de que el Gobierno de coalición alcanzara un acuerdo sobre los términos que definirán la ley de vivienda el PP declaró que rechaza la propuesta, aún sin conocer el texto.
«Las cinco comunidades autónomas que gobierna el PP se han alineado con la consigna de Casado. 21,8 millones de españoles, el 46,1% de la población total, se quedarán así al margen de las principales medidas de control del alquiler que contempla la ley. No solo de la limitación del precio en las zonas tensionadas, sino también de los beneficios fiscales de hasta el 90% previsto para los arrendadores. En el lado opuesto, los propietarios que opten por tener sus propiedades vacías y no sacarlas al mercado del alquiler no verán recargada su factura del Impuesto de Bienes Inmuebles», informa eldiario.es.
Alejandra Jacinto, Diputada de Unidas Podemos, se ha pronunciado en este sentido: «Las cinco comunidades donde gobierna el PP no aplicarán la Ley de Vivienda y mantendrán precios desorbitados 21 millones de personas, el 46% de la población total serán condenados a sufrir especulación y a no beneficiarse de los incentivos fiscales. Gobiernan contra la gente».
Ahora, el anteproyecto de ley ya es público. Y el rechazo de los autonomías y ayuntamientos gobernados por el PP se mantiene en los mismos términos que antes de conocer su contenido.
«Lamentamos que el Gobierno central haya aprobado el anteproyecto sin antes consultar las medidas a impulsar con las comunidades autónomas, que tienen las competencias en esta materia», apuntan desde el mismo departamento, que anuncia «alegaciones en el actual trámite de información pública», dicen desde la Xunta Gallega.
Tampoco a nivel municipal parece que el PP vaya a aplicar la normativa, toda vez que se apruebe.
Esta ley incluirá aspectos concretos, como una nueva regulación para grandes propietarios. Regulará los precios para bajar los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado para quienes tengan más de 10 viviendas.
De igual forma, se retirarán los privilegios fiscales, según indican fuentes de Unidas Podemos y para los pequeños propietarios habrá congelación de precios e incentivos fiscales para bajarlos.
Asimismo, se apuesta por lo público con la nueva ley. En concreto, por un parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida. De ese 30%, la mitad se destinará alquiler social.
El impuesto a la vivienda vacía se ejecutará, según este acuerdo, a través del recargo del IBI hasta el 150%, que podrán aplicar los ayuntamientos.
Podemos anunció el acuerdo en su cuenta en la red social Twitter: «Por primera vez en la historia habrá una Ley de Vivienda que baje los precios del alquiler. Un hito que mejora de verdad la vida de la gente y que demuestra que, con voluntad política, no hay lobby ni fondo buitre que pueda frenar los avances que necesita nuestro país», señaló el partido morado.
También se ha pronunciado sobre el acuerdo y la nueva ley Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. «Tenemos un buen acuerdo de presupuestos para 2022, que incluye una nueva Ley de Vivienda y que las grandes empresas paguen lo que toca. El Gobierno gobierna y la coalición goza de buena salud», publicó en sus redes.
«El nuevo país avanza con cooperación entre las fuerzas progresistas y perseverancia», aseveró.
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