El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha reprendido nuevamente a España por el trato incorrecto a los niños migrantes sin referentes familiares. En esta ocasión, en dos dictámenes que Save the Children valora positivamente, Naciones Unidas obliga al Gobierno a regularizar a dos niños de República de Guinea y Costa de Marfil que llegaron solos en patera a la Península y a quienes la Fiscalía declaró mayores de edad, pese a que su documentación decía lo contrario, mediante un procedimiento de determinación de la edad sin las garantías necesarias para proteger sus derechos.

Save the Children señala que ya son múltiples las llamadas de atención que España recibe del máximo órgano de Naciones Unidas encargado de velar que se cumplen los derechos de la infancia por lo que es inadmisible esta desprotección sistemática de las niñas y niños migrantes.

La organización cita la advertencia realizada en agosto por el caso de dos menores llegados a España en 2016 y 2017 y a los que la Administración incluyó en un procedimiento para decretar su edad a pesar de que ellos se declararon menores. Save the Children recuerda que cuando no se aplica el beneficio de la duda, la presunción de minoría, o no se informa al niño sobre la importancia de reconocerse como menor de edad, se vulneran sus derechos.

A esto se suma la condena dictada en febrero por la devolución en caliente de un niño que saltó la valla de Melilla en 2014 y al que no se le ofreció protección y asistencia especiales en su condición de niño no acompañado (incumpliendo el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño) ni se consideró el interés superior del niño (como fija el artículo 3), en otras cuestiones.

Los niños, niñas y adolescentes representaron el 12% del total de personas que llegaron a España por el estrecho de Gibraltar en 2018. Por esto motivo, urge incluir la perspectiva de la infancia en las políticas migratorias. Entre las medidas que no pueden esperar está el establecimiento de un protocolo de atención en las llegadas en puerto para atender a los menores de edad e identificar a aquellos que pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad y la modificación del procedimiento de determinación de la edad, tal y como ha recomendado Naciones Unidas.