Eleazar Benjamín Blandón fallecía el pasado sábado como consecuencia, previsiblemente, de un golpe de calor tras haber estado trabajando en una plantación de sandías ubicada entre Puerto Lumbreras y Lorca y en donde ese día se superaron los 44 grados.

El fallecimiento de este jornalero, como el de Said Aballa el pasado mes de diciembre, destapan las inhumanas condiciones a las que se enfrentan los jornaleros que trabajan recolectando frutas y verduras en la huerta española donde las temperaturas superan los 40 grados en esta época del año.

Felipe, un joven de Guinea Ecuatorial que trata de ganarse la vida en el campo, recuerda su trabajo recogiendo naranjas a través de una ETT: pagos en negro, chanchullos con las cotizaciones, jornadas interminables o trabajar veinte días para cotizar diez, señalaba en una conversación con infoLibre.

“Pagaban cada caja de mandarinas a 1,50 euros y cada caja de naranjas a 85 céntimos. Había veces que podías irte a casa con 20 euros”, añadía.

Otro caso es el de Seydou Diop, un joven senegalés de 29 años, que también se echó al campo para intentar sobrevivir y que conoce de primera mano las condiciones a las que deben hacer frente los temporeros. “Las faltas de respeto son constantes y la presión para que trabajemos a mayor ritmo es habitual”, dice.

Además cuenta que en muchos casos no se respeta el horario de entrada ni de salida, llegando a trabajar jornadas superiores a diez horas para poder cobrar entre 30 y 40 euros. El joven detalla que muchos de estos trabajadores se ven obligados a vivir en asentamientos que no cuentan con condiciones de salubridad mínimas.

En los últimos meses se han estado llevando a cabo numerosas operaciones por gran parte de la geografía española para detectar delitos contra los derechos de los trabajadores. Según un informe elaborado por Cáritas en 2018, en el campo un 32,8% de los encuestados trabajaban más de 50 horas semanales, un 40,7% no tenía días libres, un 46% cobraba menos del salario que le correspondía legalmente y un 47,4% afirmaba que parte o la totalidad del sueldo lo obtenían en negro. Además, en algunos casos, debían enfrentarse a tratos humillantes, amenazas, retención de documentación e incluso violencia física.

Estas condiciones aunque no se dan de forma generalizada sí lo hacen con bastante asiduidad, tal y como explican los sindicatos. Los empresarios se aprovechan de la situación de irregularidad y las condiciones de extrema vulnerabilidad en las que viven la mayoría de los temporeros.

Incluso hay mafias que se hacen pasar por empresas de trabajo temporal, como la desarticulada el pasado mes de octubre por la Guardia Civil y que mantenía en condiciones de semiesclavitud a temporeros del este de Europa, a los que pagaban entre 150 y 200 euros mensuales, a pesar de que los empresarios agrícolas sí que pagaban a la firma intermediaria lo legalmente establecido. Gracias a esto, la red conseguía en torno a un millón de beneficios al mes.

En muchos casos además de los míseros salarios no se cuenta con planes de prevención, como puede ser una jornada intensiva que evite que los trabajadores estén expuestos a temperaturas por encima de los 40 grados. Además no cuentan con comedores o lugares a la sombra en los que puedan descansar ni se les facilita agua fresca a lo largo del día, señala Emilio Terrón, secretario de Agricultura en UGT.

El pasado mes de mayo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, envió una instrucción a los inspectores de Trabajo en la que les instaba a investigar posibles casos de “esclavitud” y “malos tratos” en el campo, algo que indignó a las patronales agrarias.

Este martes, Díaz ha anunciado que se ha intensificado a 1.000 actuaciones la campaña de inspecciones en el campo para que no vuelvan a repetirse casos como los de Eleazar o Aballa.