La Asociación Salvemos Cabana recuerda que tras haber invertido 147.168 euros públicos en el vallado e instalación del área de las dos balsas del complejo en las que en el pasado verano algunas personas supuestamente sufrieron diversos problemas de salud, la Dirección Xeral de Enerxía e Minas sigue sin garantizar en la práctica la seguridad en este complejo extractivo abandonado situado entre las localidades coruñesas de Carballo y Malpica de Bergantiños.
El colectivo denuncia que el cierre perimetral de la antigua cantera de áridos, que la empresa Tragsa terminó de instalar hace pocas semanas, y que actualmente alcanza el kilómetro y medio de extensión, está incompleto en unos 200 metros a la entrada de las instalaciones y ya presenta varias brechas, por lo que de nuevo los fines de semana la zona se ha vuelto a transformar «en un rosario de curiosos» e «incluso familias» que se acercan a algunos de los lugares de mayor peligrosidad de esta zona minera, dado que la Xunta no ha previsto la necesidad de vigilar de manera permanente el recinto «como sí es la norma en otras concesiones mineras de titularidad privada».
Además -recuerdan-, al pago ejecutado por la Xunta para la instalación del vallado, que difícilmente será cobrado por la Administación gallega tras la disolución judicial de la empresa Leitosa, hay que sumar los más de 140.000 euros de gastos ocasionados tras la rotura de una de las balsas mineras de la cantera, que en el año 2014 provocó un aluvión de 24.000 metros cúbicos de agua y lodos sobre las localidades de Aviño, en Malpica de Bergantiños, y de Razo da Costa en Carballo, arrasando una de las laderas del monte y que a punto estuvo de provocar daños personales.
Desde la asociación insisten en que, además, está el plan de restauración aprobado por la Xunta, cuantificado en unos 794.000 euros «y que no termina de llevarse a cabo», lo que hace que la cifra total, sumando todos los conceptos, «supere ampliamente el millón de euros», un coste «que todo indica que tendrá que ser finalmente asumido por la ciudadanía gallega por la falta de control administrativo en el Monte Neme».
