Las muertes silenciosas de activistas ambientales

Serlinda Vigara Mas y Luis Rico García-Amado
Miembros de Ecologístas en Acción


Salvo aquellas personas con mentes sádicas, la mayoría de quienes han visto la película ‘Avatar’ se identifican con los extraterrestres que defienden su planeta del ataque de un ejército de humanos que quieren apoderarse de sus recursos naturales para lucro de una empresa. Esta película no es más que un ejemplo de los muchos conflictos ecológicos que vivimos, aquellos que son originados por disputas sobre los recursos naturales y que se remontan a los tiempos tempranos de la historia de la humanidad. No es de extrañar, pues como el resto de seres vivos somos ecodependientes: nuestra supervivencia depende de los ecosistemas que habitamos. Así, la mayoría de los conflictos bélicos que hemos estudiado tienen una base ambiental. La lucha por el poder es también (y sobretodo) la lucha por el espacio ambiental. El libro ‘En la espiral de la Energía’,  de nuestros compañeros de Ecologistas en Acción Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes desgrana con precisión y muestra multitud de ejemplos de esta afirmación.

Berta Cáceres, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, Marielle Franco y José Yimer Cartagena Úsuga

Esta tendencia histórica sigue estando vigente en la actualidad y explica gran parte de la geopolítica que ocupa la actualidad mediática. No se puede explicar lo que ocurre en Siria, Venezuela o Palestina (por nombrar solo 3 de los principales conflictos internacionales) sin atender a sus recursos, el petróleo, el agua o el gas. También detrás de esta lógica está un hecho mucho menos conocido, aunque no menos grave: la brutal represión al movimiento ecologista a lo ancho del planeta. En 2018, como hace público el último informe elaborado por Front Line Defenders, de los 321 casos de personas defensoras de derechos humanos asesinadas, tres de cada cuatro eran activistas ambientales.

Como narra el informe, estos asesinatos no son hechos aislados, sino que van precedidos por acoso judicial, amenazas y ataques físicos. Al menos el 49% de las personas asesinadas habían recibido previamente amenazas de muerte. En la mayoría de los casos, las activistas no recibieron ni la protección ni el apoyo necesario por parte de las autoridades estatales. Y es que, en el mejor de los casos, el papel de los estados oscila entre la negligencia y la complicidad ante estos asesinatos. Al igual que el de la Comunidad internacional, que no lo denuncia o de los grandes medios de comunicación, que lo callan. En Colombia por ejemplo, en lo que va de 2019, han asesinado a 11 líderes comunitarios. Sin embargo este país, pese a las muchas sospechas de vínculos entre las autoridades gubernamentales y los grupos paramilitares, nunca ha despertado el interés de la prensa, al menos si los comparamos con otros países de la región.

Además de los estados las empresas transnacionales también son responsables de esta estrategia de hostigamiento. El informe ‘El Ibex 35 en guerra contra la vida’, de Miriam García Torres, otra compañera de Ecologistas en Acción, muestra ejemplos de los lazos entre las empresas multinacionales españolas, el gobierno español y gobiernos de terceros países, para poner en marcha diversas formas de represión a los movimientos que tratan de defender su territorio de las intereses corporativos. Y es que los asesinatos son solo la cara más visible de un sistema que pretende silenciar a todas aquellas personas que se enfrentan a los intereses corporativos y estatales al defender, día tras día, modos de vida alternativos frente a la crisis social y ecológica que afrontamos. Existe, por ejemplo, una tendencia continua hacia una legislación restrictiva dirigida a limitar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. En muchos países los gobiernos legislan en torno a las amenazas a la ‘seguridad nacional’ como una excusa para censurar y criminalizar movimientos sociales y las autoridades utilizan con frecuencia la vigilancia telefónica y electrónica centrándose en activistas ambientales y defensoras LGBTIQ. España, con la Ley Mordaza, es un buen ejemplo de este tipo de estrategias.

Por último, cabe señalar que la criminalización y persecución de personas defensoras del medioambiente tiene el agravante del género. Las mujeres se enfrentan a amenazas sexuales por parte de actores estatales y no estatales, así como dentro de sus propios movimientos. Sufren violaciones, abusos sexuales, y se hostiga a sus familias. Además, se ven expuestas a campañas de desprestigio que cuestionan su compromiso con sus familias y son eliminadas de cargos de alto rango en ONG, cargos públicos o sindicatos.

Ante este escenario, como propone Ecologistas en Acción, se hace necesario impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento e impongan sanciones frente a las violaciones de derechos humanos. Porque, como en Avatar, nos identificamos con quienes defienden su territorio.


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