Javier F. Ferrero


Nueve presos han sido ejecutados en egipto acusados ​​de matar a Hisham Barakat, el ex fiscal de Egipto, en 2015. Los hombres fueron declarados culpables en un juicio lleno de dudas y de testimonios de torturas y amenazas para lograr las confesiones.

Los nueve hombres pertenecían a un grupo de 28 hombres condenados a muerte por el homicidio del fiscal general en un atentado cometido en El Cairo en junio de 2015. Las autoridades egipcias arrestaron más tarde a estos hombres, acusándolos de formar una célula militante cuyo objetivo era asesinar al principal fiscal.

Mahmoud el-Ahmady, Abulqasim Youssef y Abubakr Ali (de izquierda a derecha) declararon ante un tribunal en 2016

En julio de 2017, un tribunal egipcio confirmó las condenas a muerte de 28 de los acusados, tras un juicio denunciado por grupos de derechos humanos que se basaba en «pruebas contaminadas por la tortura».

En un vídeo del juicio de agosto de 2016, Mahmoud el-Ahmady, Abulqasim Youssef y Abubakr Ali dijeron en una audiencia de un tribunal egipcio que habían sido presionados para confesar un crimen que no habían cometido y que sus cuerpos aún tenían marcas de tortura.

El-Ahmady, un estudiante de traducción de 23 años en la Universidad de al-Azhar, dijo que fue torturado durante 12 días antes de ser obligado a grabar un vídeo en el que dijo que participó en el asesinato de Barakat.

Youssef, de 25 años, un ex alumno de la Universidad de al-Azhar, dijo que fue sometido a «las formas más brutales de tortura» durante sus interrogatorios. «Me vendaron los ojos, me colgaron de la puerta, boca abajo, durante siete horas consecutivas y me electrocutaron en áreas sensibles de mi cuerpo», dijo a la corte. Youssef dijo que perdió la capacidad de ver con su ojo derecho como resultado de la tortura.

Ali, un estudiante de la Universidad Zagazig de 24 años, dijo que después de su arresto el 25 de febrero de 2016, fue amenazado con un cuchillo dentro del camión de seguridad que lo transportó a la sede de Seguridad Nacional en Zagazig, una ciudad en la gobernación del bajo Egipto de Sharqeya. Dijo que les contó a los oficiales que lo arrestaron que se había sometido a una operación de rodilla antes de ser arrestado. A pesar de eso, dijo que luego fue electrocutado en esa parte específica de su cuerpo, así como en su región genital y en su cabeza. «Me dijeron que harían daño a mis padres», le dijo al juez.

Los hombres intentaron apelar la sentencia de muerte en 2018 que había sido denegada por el Tribunal de Casación. Entre los hombres condenados a muerte, 13 hombres fueron condenados in absentia, y uno de ellos fue devuelto a Egipto desde Turquía a la fuerza en enero.

En reacción a la noticia, la directora de campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África, Najia Bounaim, ha afirmado que «ejecutando a estos nueve hombres hoy, Egipto ha demostrado un absoluto desprecio por el derecho a la vida.”

Bounaim ha añadido que “los responsables del atentado en el que murió el fiscal general de Egipto merecen ser castigados, pero ejecutar a unos hombres que fueron declarados culpables en juicios empañados por denuncias de tortura no es justicia, sino una evidencia de la magnitud a la que llega la injusticia en el país.

Estas ejecuciones demuestran a las claras que el gobierno cada vez hace más uso de la pena de muerte, y elevan a 15 la cifra de condenas a muerte llevadas a efecto en las últimas tres semanas. Las autoridades egipcias deben detener urgentemente esta sangrienta oleada de ejecuciones de las últimas semanas, en las que reiteradamente han ejecutado a personas tras juicios manifiestamente injustos.”, señala la responsable en el norte de África de Amnistía Internacional.

La comunidad internacional no debe guardar silencio ante esta escalada de ejecuciones. Los aliados de Egipto deben adoptar una postura clara condenando públicamente el uso por las autoridades de la pena de muerte, máximo exponente de pena cruel, inhumana y degradante.

 

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