El Gobierno de El Salvador reveló este martes que las pandillas buscan presionar al Ejecutivo entrante de Nayib Bukele para negociar «beneficios» para que disminuyan los homicidios en el país.
Ante la ola de asesinatos contra policías y militares registrada en los últimos días, el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén emitió este martes un comunicado en el que señalaron que «cuentan con informes de inteligencia que indican que las estructuras criminales desarrollarían un incremento de las acciones delincuenciales en los dos últimos meses de nuestro Gobierno».
De acuerdo con el Ejecutivo, «los informes indican que los propósitos de esta ola de violencia organizada son dos: empañar los avances del actual Gobierno en la erradicación de la violencia y utilizar la amenaza para chantajear al Gobierno entrante para que negocie con ellos como único camino para detener la violencia».
Indicó que con el incremento de asesinatos los pandilleros «pretenden presionar al nuevo Gobierno para aflojar las estrictas medidas de control penitenciario donde están recluidos los cabecillas (líderes) y disminuir la operatividad policial».
El Gobierno reafirmó que, en lo que queda de su gestión, no negociará con miembros de dichas estructuras criminales, como lo hizo la gestión pasada en 2012, y llamó a Bukele a «no dejarse chantajear para brindarles ventajas».
«El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén y su gabinete de seguridad manifiestan que no han negociado ni negociarán concesiones a los grupos delincuenciales y llama al nuevo Gobierno a no dejarse chantajear para brindarles ventajas», apuntó.
La «tregua» entre pandillas se inició en marzo de 2012, en el primer Gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el que Sánchez Cerén fue vicepresidente.
Durante su primer año de implementación el armisticio logró disminuir el promedio diario de homicidios de alrededor de 14 a 5.
El armisticio fracasó a principios de 2014, como lo admitió en su momento el propio exmandatario Mauricio Funes, y el promedio de asesinatos subió a 14 en ese entonces.
El Gobierno responsabiliza a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias de los altos índices de homicidios de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, cifras que ponen a la nación como una de las más violentas del mundo.
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