El nuevo gobierno de PSOE y Unidas Podemos otorga una gran importancia a las políticas feministas, comprometiéndose, tal y como prometieron, con las políticas de igualdad. El apartado agrupa varios puntos de consenso entre las formaciones, algunas medidas ya en marcha y otras incluidas en los programas.

Los temas principales están dirigidos a «garantizar la seguridad, independencia y libertad de las mujeres» reforzando la lucha contra la violencia machista, a acabar con los vientres de alquiler, a ampliar los permisos de maternidad y maternidad, a alcanzar la igualdad retributiva y laboral, y a lograr el fin de la trata.

«NO» a los vientres de alquiler

En el programa hay un «NO» rotundo a los «vientres de alquiler», ya que la explotación reproductiva está prohibida en nuestra legislación, en coherencia con las recomendaciones del Parlamento Europeo. Los vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas. Los dos partidos se habían mostrado contrarios a la gestación subrogada este último tiempo, desde que Ciudadanos llevase el debate a la esfera pública.

Derecho al aborto y protección en las clínicas

Se favorecerá el acceso a métodos anticonceptivos, anticoncepción de urgencia y al aborto a «todas las mujeres». Las chicas de 16 y 17 años recuperarían el derecho a la interrupción del embarazo sin consentimiento paterno.

Se desarrollarán políticas activas de educación sexual especialmente dirigidas a jóvenes y se garantizará los tratamientos de reproducción asistida para todas las mujeres, también no heterosexuales o solas, algo en lo que ya se trabajó la anterior legislatura.

Se proporcionará «intimidad a las mujeres que acuden a clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, su integridad física y moral, y su derecho a la libre circulación». Esto supondría crear una legislación con el objetivo de evitar el acoso a las chicas que acuden a abortar por parte de grupos antiaborto.

Igualdad en el empleo

El texto menciona algunas medidas en materia de empleo y cuidados que ya están puestas en marcha, pero se anuncian medidas con más profundidad. Una de ellas sería el aumento de las sanciones y la creación de una Oficina Estatal de lucha contra la discriminación, que dependería de la Inspección de Trabajo y que serviría para «supervisar» la igualdad.

Actualmente no hay un organismo específico ni especializado que vigile el cumplimiento de los planes de igualdad, por ejemplo, o de los registros salariales que desde marzo las empresas están obligadas a tener para evitar la discriminación de sueldos.

Se adaptará la jornada de trabajo para las personas que tengan hijas o hijos y que vuelvan de un permiso de crianza y hasta que los menores cumplan 12 años y una ley de usos del tiempo para conseguir la corresponsabilidad.

El documento marca incluso un plazo para dar cumplimiento efectivo al apartado de la Ley de Igualdad de 2007 que hablaba de que los organismos y órganos públicos: los próximos cuatros años, progresivamente. Y extiende esta obligación, aunque sin plazo, a los órganos de toma de decisiones sobre condiciones laborales, procesos electorales o convenios colectivos.

Ampliación de la lucha contra violencia machista y el solo «sí es sí»

El acuerdo se compromete a reforzar la lucha contra la violencia machista. Para ello, en primer lugar expresa la intención de incorporar en la legislación española lo dispuesto en el Convenio de Estambul, como ya preveía el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que firmaron todos los partidos en 2017 –antes de la entrada de Vox en el parlamento–. Se incluirá lo estipulado en el Convenio ampliando el concepto de violencia machista a la que se ejerce fuera del ámbito de la pareja o expareja, a lo que la limita la actual ley de 2004.

Se tomarán como una «cuestión de Estado» la libertad y reparación de las víctimas y supervivientes. Y que desarrollarán las medidas necesarias «para que los procesos de denuncia y judiciales tengan perspectiva de género», también la designación urgente de abogados y procuradores de oficio.

Se creará un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía para mujeres víctimas, impulsando sus posibilidades de independencia económica, y la protección de los menores, suspendiendo el régimen de visitas cuando el progenitor cumpla condena o se hayan dictado medidas cautelares contra él, también algo incluido en el Pacto de Estado.

Se blindará el «sí es sí», queriendo aprobar una Ley integral por la protección de la libertad sexual que reformaría el Código Penal para garantizar que la falta de consentimiento esté pensado, es decir, textualmente, «que, si una mujer no dice SÍ, todo lo demás es NO». Unidas Podemos y PSOE ya acordaron la anterior legislatura una ley en este sentido.

Erradicación de la trata

La trata con fines de explotación sexual tiene varios puntos dentro de «políticas feministas». La más importante, la aprobación de una Ley Integral contra la Trata de mujeres con fines de explotación sexual, «que incorpore medidas de prevención y persecución de estas redes criminales».

Se elaborarán planes de formación en el tema para empleadas y empleados públicos y se estrechará la colaboración entre administraciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Sociales y otras instituciones. Perseguirán especialmente la pornografía que se realice ejerciendo la trata y explotación, sobre todo si expone a menores. También en cuanto a la pornografía, aseguran una «protección reforzada», con medidas más estrictas para limitar el acceso al visionado de niños y adolescentes.

Fin de la brecha en ciencias y el fin de la «tasa rosa».

El acuerdo incluye una «fiscalidad con perspectiva de género», sin especificar cómo. Avanzan el fin de la «tasa rosa», que haya productos más caros solo por considerarse para público «femenino»: una reducción del IVA en productos menstruales, incluida en los Presupuestos Generales que pactaron el año pasado, en el apartado de políticas fiscales.

Se tratará también el «cierre de la brecha de género» en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), con medidas que eviden la discriminacion por maternidad o que potencien las vocaciones de niñas y adolescentes.