El actual director xeral de Enerxía e Minas de la Xunta de Galicia, que actualmente tiene dos frentes judiciales abiertos por presunta prevaricación ambiental y obstaculización de acceso a la información pública tendrá que dar explicaciones en sede parlamentaria por sus actuaciones en el procedimiento administrativo que ha permitido a la empresa Fergo Galicia Vento seguir adelante con el polémico proyecto desarrollado en una zona protegida por Europa.
El diputado Antón Sánchez denunció esta semana las contínuas “artimañas” de Ángel Bernardo Tahoces y Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno gallego “para darle beneficio a estas empresas en contra de la gente que defiende el país”, exigiendo la paralización definitiva de las obras de lo que considera como “una aberración sobre el patrimonio natural” perpetrada “en espacios de Red Natura”.
En una rueda de prensa celebrada la Cámara gallega el viceportavoz del Grupo Parlamentario de En Marea y portavoz nacional de Anova denunció que en este momento “las grandes empresas tienen en la Xunta de Galicia un cómplice que les facilita su trabajo” a partir de un “negocio” que se lleva a espaldas de la ciudadanía en el que al PP no le importa “pasar por encima” el patrimonio natural y cultural, del paisaje, y también de los derechos de las personas.
Para Sánchez, lo sucedido con el parque eólico de la Serra do Oribio, que considera tramitado “de un modo rocambolesco” no es más que el “enésimo ejemplo” de la pésima gestión del sector eólico desarrollada desde el Partido Popular en Galicia y considera que este proyecto “puede destruir uno de los más hermosos lugares del país” afectando a numerosos valores a nivel ambiental y patrimonial pasando por encima de leyes como la 8/2009, que regula el sector eólico de Galicia y del Plan Director de la Red Natura.
UN PROBLEMA QUE SE REMONTA A LA ERA FRAGA
Antón Sánchez ha recordado que la tramitación del proyecto por parte de la Xunta y desde sus inicios “ha sido absolutamente escandalosa”, tanto por su opacidad como porque “la Administración se puso desde hace años a trabajar denodadamente” para que el proyecto saliera adelante.
Así, explicó que en el año 2005 y estando en funciones como presidente de la Xunta Manuel Fraga Iribarne, la Xunta aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del parque eólico el 12 de agosto, justo al día siguiente de haber finalizado el plazo de exposición pública. En ese año, José Manuel Álvarez-Campana Gallo, era el director xeral de Calidade y Avaliación Ambiental en la Consellería de Medio Ambiente.Fue así como en los últimos días del Gobierno Fraga, el ejecutivo popular aceleró la máquina para dejar bien atado, entre otros proyectos, el plan del parque eólico de la Serra do Oribio.
Álvarez-Campana, bien conocido por el ecologismo gallego por su polémico apoyo a la reapertura de la mina de oro de Corcoesto cuando estuvo al frente de la Cámara Oficial Minera de Galicia, fue denunciado penalmente años más tarde por la Fiscalía de Medio Ambiente por haber dado el visto bueno al proyecto de una piscifactoría en Rinlo (Ribadeo) en unos terrenos situados también en Red Natura. Según el escrito del Ministerio Fiscal guiado “por intereses económicos ajenos” y sin tener en cuenta la legislación vigente en ese momento.
APROBACIÓN DEL PROYECTO SECTORIAL “PARA VESTIR AL SANTO”
El viceportavoz del Grupo Parlamentario de En Marea detalló también que tal como refleja la publicación en el Diario Oficial de Galicia del 14 de agosto, la aprobación del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal por parte del Ejecutivo de la Xunta se hizo “para vestir al santo” y legalizar obras que “ya se estaban realizando ilegalmente” y de las que ya se había pedido la paralización cautelar, advirtiendo de la inminente presentación del correspondiente recurso administrativo ante esta situación notoriamente irregular.
PROBLEMAS EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Por otra parte, para Antón Sánchez, todo el procedimiento administrativo del parque éolico Serra do Oribio se llevó a cabo “del modo más opaco posible” para facilitar el plan de la empresa. “Hubo colectivos ecologistas que pidieron hace ocho meses, a principios de año, el expediente del proyecto del parque eólico, que se le fue entregado cinco días ante de esta resolución en agosto. Ocho meses tuvo paralizada la entrega de información la Consellería de Economía e Industria a los colectivos que pedían esa información que era vital para saber si las modificaciones proyectadas por la empresa eran sustanciales o no. Y la diferencia era trascendente. Era la diferencia entre implantar el parque eólico o no poder hacerlo” -explicó el diputado-.
Para Sánchez “es así como funciona el Gobierno Feijóo”, que con sus actuaciones está condicionando incluso la ampliación de la Red Natura 2000, “recomendada ya desde el año 2011 por la Unión Europea y en un país como Galicia que tiene el porcentaje más bajo de todo el Estado” de áreas protegidas por Europa. “No hay otra razón. Si no se amplía la Red Natura es porque se está esperando a que se consoliden los parques eólicos que tienen que estar terminados en 2020, en lugares que si se hicieran los deberes como manda la Unión Europea no podrían estar implantados, al igual que se paraliza la aprobación de las Directrices da Paisaxe para no condicionar esta implantación” -sentenció-.
TAHOCES COMO RESPONSABLE POLÍTICO DE LAS ACTUACIONES DE LA XUNTA
Expertos consultados por contrainformacion.es, advierten que en caso de que llegaran a demostrarse las presuntas actuaciones irregulares del Gobierno de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces podría enfrentarse a un nuevo proceso legal como responsable público en materia de Energía y Minas del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo.
Actualmente, enfrenta una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente por supuesta prevaricación ambiental en la mina de San Finx (Lousame, A Coruña) y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha admitido a trámite una demanda por su obstaculización al acceso a la información pública.
Aunque Tahoces ha declarado ante los medios que no considera dimitir al entender que se está actuando con respeto a la legalidad, un nuevo frente judicial abierto, en las horas más bajas del Gobierno Feijóo al frente de la Xunta podrían suponer el final definitivo a su carrera política.
Ya desde el 2012, el responsable de Energía y Minas de la Xunta ha estado abonado a la polémica. En septiembre de ese año, tal como adelantó el diario El País, se tuvo conocimiento de que una orden por escrito del hoy investigado ordenó a los funcionarios de su consellería ocultar informes contrarios a eólicas y que no figurasen en los expedientes durante el trámite de información pública, limitando así las alegaciones vecinales, de empresas de la competencia, o de los propios ayuntamientos afectados donde pretendían instalarse estos proyectos.
