La crisis del coronavirus está causando auténticos estragos en las residencias de mayores, que se han convertido en grandes focos de infección. Aunque no se sabe exactamente el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas, según los datos proporcionados por las comunidades autónomas superarían ya los 14.000 fallecidos.

Según datos del Imserso, España contaba en 2019 con un total de 372.985 plazas residenciales en 5.417 residencias frente a las 351.548 plazas que había en 2013 en 5.390 residencias. Las empresas apuestan por ofertar más plazas y en menor medida por construir nuevos centros.

Fondos de inversión extranjeros, conocedores de la esperanza de vida de la población española, están haciendo un suculento negocio ante la falta de oferta pública. Inicialmente esta inversión supone un gran desembolso de dinero pero a medio y largo plazo suele ser bastante segura y estable teniendo en cuenta el progresivo envejecimiento de la población.

El negocio de las residencias mueve más de 4.500 millones de euros al año y no deja de crecer. Según el Observatorio Sectorial de la consultora DBK la rentabilidad de estas empresas ronda el 4 ó 5%. 

El desajuste entre la demanda y el número de plazas equivale a un 4,1%, hay 4,1 camas disponibles por cada 100 personas, un porcentaje inferior al ratio de 5% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Julián Salcedo, experto en negocios inmobiliarios, doctor en economía y exdirector de Mapfre, estima que en este momento el déficit de camas está en torno a 10.000 e incluso, los hay que van más allá, como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que lo cifran en unas 70.000. 

Este sector está muy fragmentado pero en los últimos años ha tendido a la concentración. Un 23% de las plazas están en manos de cinco grandes empresas: DomusVi, Amavir, Orpea, Ballesol y Vitalia Home que suelen gestionar centros de gran tamaño, de más de 100 camas.

Estas empresas facturan entre 130 y 400 millones de euros. Como ejemplo, la compañía más grande de este sector, DomusVi facturó 376,9 millones de euros en 2018 y preveía superar los 500 millones en 2019. Actualmente, parte del capital de estas cinco empresas lo poseen los llamados fondos de inversión que según Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, «no se meten en la gestión» y sólo buscan «sacar rentabilidad».

En concreto, entre los propietarios de Domus Vi se encuentran el fondo inglés ICG y el holding francés SRS. Por otro lado, la empresa Orpea tiene desde 2013 una participación del fondo de pensiones canadiense CPP Investment Board y la compañía Amavir, de la sociedad de inversión Creadev. Finalmente, por su parte, Vitalia Home es propiedad en un 80% del fondo británico CVC, uno de los más importantes a nivel global.

Estos fondos compran parte de las empresas, las hacen crecer y en cuanto tienen el tamaño suficiente las venden a un tercero, sacando así un beneficio por encima del 10% frente al 4% que genera la propia gestión, tal y como indica el economista Julián Salcedo.

«La entrada de los fondos de inversión en las residencias es una demostración palpable de que se trata de un negocio en el que priman más los beneficios económicos que la atención a nuestros mayores. Desde que están en el sector de las residencias, se puede asegurar que la situación ha empeorado. Por ejemplo, en el ránking que hemos elaborado sobre las residencias sancionadas por la Comunidad de Madrid entre 2014 y 2018 están a la cabeza Orpea, con diez, Sanitas, con nueve, Amavir, con siete y Domus Vi, con cuatro», sostiene el presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias, Miguel Vázquez.

Tanto asociaciones de familiares y sindicatos se muestran muy preocupados y proponen que la solución venga de lo público y que el Estado debería invertir en el sector mediante un Plan de Creación de residencias Públicas que compense el desequilibrio.

El crecimiento de este sector depende también de la inversión pública, de los fondos que destinan las Comunidades Autónomas. Para entender el peso del Estado en este sector, basta con remitirse a las cifras del Obsertario Sectorial de DBK de 2018: el 59% del mercado total correspondía a las residencias privadas (2.655 millones de euros de volumen de negocio), 30,4% a concertadas (1.370.000 euros) y el 10,6% restante a las públicas. Y en lo que se refiere a camas, según esta misma entidad, 65% eran plazas privadas puras (186.300) y las concertadas supusieron 99.100.

Las autonomías pagan unos 60 euros al día por residente a las empresas que gestionan residencias con plazas concertadas (de financiación total) o centros públicos (de gestión indirecta), una cifra baja teniendo en cuenta los servicios que se incluyen en una residencia y que ha provocado que muchas empresas decidan no volver a concertar con la Administración.

Sin embargo resulta inevitable que muchas empresas acaben concertando plazas ya que las pensiones no alcanzan para pagar plazas privadas y los que las pueden pagar es porque recurren a prestaciones económicas, ahorros y ayudas familiares.

Fuente: 65ymás