El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus Estados Partes. El Comité también supervisa la aplicación de los dos protocolos facultativos de la Convención, relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

Este órgano realiza periódicamente un examen sobre la situación de los derechos de la infancia a los países que forman parte de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Una vez analizada la situación, el Comité hace sus recomendaciones al país para que los principales problemas detectados sean solucionados o al menos se avance.

El Comité ha analizado el estado de los derechos de los niños y niñas que viven en España. En el proceso han participado no solo el Estado español; también las organizaciones sociales, los defensores del pueblo y los propios niños y niñas.

Estas son las principales preocupaciones que el Comité ha destacado sobre los derechos de los niños y niñas en España:

  • Pobreza infantil: evitar su progresivo crecimiento y la falta de cobertura de las políticas de protección social de familias e infancia. Es necesario que en España se ponga urgentemente en marcha una amplia política social, estatal y autonómica, que incremente la inversión y extienda las ayudas sociales a la infancia hasta el máximo posible.
  • Niños fuera del entorno familiar: destinar los recursos suficientes para evitar la separación de los niños de sus familias cuando sea posible, y promover activamente la figura del acogimiento familiar frente al residencial, con apoyo económico y acompañamiento especializado a las familias acogedoras. En especial, el Comité se muestra preocupado por el elevado número de niños y niñas que residen en centros de protección, la sobreocupación en algunos de ellos, y los castigos o tratamientos abusivos a los que en ocasiones se les somete.
  • Educación: se recomienda la protección de los recursos destinados a la educación y apostar decididamente por la lucha contra el abandono escolar. También se deberían eliminar los costes asociados a la educación obligatoria: transporte, comedor, libros, material escolar…
  • Niños migrantes, refugiados y no acompañados: se requieren medidas urgentes para garantizarles una adecuada protección, y acentuar cuestiones como las prácticas de las devoluciones en caliente, los procedimientos de determinación de la edad utilizados con los menores no acompañados (“MENA”), y la saturación y falta de calidad en la atención en algunos centros de menores.
  • Falta de inversión en la infancia: los recortes en el gasto público y un inadecuado nivel de inversión en la infancia han dado como resultado una mayor pobreza infantil y mayores desigualdades. Se recomienda una mayor transparencia en los presupuestos y el uso de los recursos destinados a la infancia, así como la protección específica de las partidas presupuestarias destinadas a los colectivos de niños con discapacidad o en situación de pobreza.
  • Niños y niñas en riesgo de discriminación: prevenir y combatir la discriminación de colectivos como los niños con discapacidad, minorías étnicas (incluidos los gitanos), de origen extranjero, o niños refugiados o solicitantes de asilo, mediante la aplicación estricta de la ley, y campañas públicas y educativas para luchar contra la estigmatización de estos colectivos.

A muchas de estas recomendaciones se les podría dar un importante impulso con la próxima Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, y el desarrollo de la agenda española de Desarrollo Sostenible, pero algunas de ellas precisan un acuerdo social y político mucho más amplio. Precisan un Pacto de Estado por la Infancia.

Deja un comentario