Durante la pandemia, los sectores que sostienen la sociedad y el sistema fueron aplaudidos como «héroes», pero aquel repentino aprecio desapareció tan rápido como llegó. Unas de las perjudicadas son las trabajadoras Sociosanitarias de Atención en Domicilio (SAD), es decir, aquellas que cuidan a personas dependientes en los hogares y cuya labor es esencial.
A pesar de ello, estas trabajadoras, unidas en la Plataforma Unitaria de Sociosanitarias de Atención en Domicilio (SAD), denuncian sufrir violencia institucional y patronal, porque las instituciones entregan sus puestos a empresas privadas que hacen negocio con un servicio público y que no se preocupan ni por las personas usuarias ni por las trabajadoras, que sufren condiciones de precariedad y explotación. Entre otras cosas, no tienen derecho a vacaciones o a paro y no reciben inspecciones de trabajo. Son trabajadoras de segunda.
Llevan desde el 2 de noviembre acampadas en las puertas del Ministerio de Trabajo de forma indefinida y han llevado a cabo varias manifestaciones. La última, el día 21, donde gritaron cánticos como «la dependencia no es un negocio» y aprovecharon para mostrar su solidaridad con la huelga del metal en Cádiz y dejar claro que la clase trabajadora debe caminar unida.
Sin Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Durante la pandemia la atención en domicilio fue un servicio esencial reconocido, pero aun así fueron abundantes las denuncias a las empresas por falta de materiales como mascarillas, batas o guantes. Pasada la emergencia, las condiciones no han mejorado y siguen sin aplicarles la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una de las exigencias recogidas en su manifiesto. Las empresas saben que, con ella aprobada, enfermedades comunes pasarían a considerarse enfermedades laborales, y prefieren poner en peligro la vida de las trabajadoras.
El pretexto para excluirlas de esta ley es que el derecho a la intimidad prevalece sobre el derecho a la vida y la integridad física. Sin embargo, como ellas explican, también son fundamentales el derecho a la seguridad e higiene en el trabajo y el derecho a la salud. Además, esta exclusión de la ley atenta contra su derecho a no sufrir discriminación y va contra la Directiva Europea de Igualdad de Trato y Oportunidades.
Así, proponen que se eliminen las trabas legales para que «los técnicos de prevención de riesgos laborales puedan hacer una evaluación de los riesgos en nuestro lugar de trabajo, así como posibilitar a que Inspección de trabajo en su labor de vigilancia pueda acceder a los domicilios. Si el domicilio es un lugar de trabajo, deben prevalecer los derechos de la trabajadora sobre los del empleador, usuaria o empresario».
Recuperación como servicio público
Como decíamos, la precariedad y la explotación forman parte intrínseca de este trabajo. Por ello, otra de sus principales exigencias es que «los servicios que son de titularidad pública sean también de gestión pública», con el fin de evitar las prácticas usureras y el lucro de empresas privadas con los impuestos de la ciudadanía. Añaden que «la experiencia de los servicios reinternalizados demuestran que tienen mayor calidad, eficacia y que mejora las condiciones laborales de quienes los realizan, cosa que también reconoce el Tribunal de Cuentas».
Asimismo, destacan que «aunque no fuese rentable para la Administración, ¿tiene la vida precio? La Administración tiene el deber legal de atender a las personas en situación de dependencia y no debe hacerlo desde un punto de vista mercantilista. Poner la vida en el centro y los cuidados que la sostienen significa que la política y la economía giran a su alrededor, que no forma parte de la cuenta de resultados de una empresa, condenando a las trabajadoras a la precariedad y malas condiciones de trabajo».
Jubilación a los 60 años
En último lugar, pero no por ello menos importante, exigen la jubilación a los 60 años por motivos de salud. Aunque la esperanza de vida de las mujeres es mayor, es menor en términos de buena salud. A partir de los 55 años comienzan a aparecer patologías como dolores lumbares y cervicales crónicos, artrosis, varices o migrañas. Lo mismo ocurre con la salud mental, especialmente en trastornos como la ansiedad o la depresión crónicas, con cifras que duplican las de los hombres.
Como explican desde la Plataforma, «los cuidados tienen una incidencia negativa en el estado de salud de las mujeres. Si a esto añadimos los cuidados como profesión, el empeoramiento es exponencial. El manejo de cargas de personas con movilidad reducida o sin movilidad sin ayudas técnicas ni humanas, las tareas domésticas, el apoyo psicológico entre las múltiples funciones que realizamos, el hacerlo en soledad, no poder expresar sentimientos y emociones o no tener esperanza de mejorar la situación personal supone agravar el estado de salud en muy pocos años de vida laboral, exponiéndonos a salir de la vida laboral por la puerta trasera y condenándonos a un futuro de pobreza».
Yolanda Díaz no se reúne con ellas
Por su parte, el «Gobierno más progresista de la historia», especialmente el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, tardó más de diez días en mostrar atención, teniendo en cuenta que duermen al aire libre y prohibiéndoles poner tiendas de campaña, obligándolas a dormir en sacos en pleno noviembre en Madrid. El día 12 se les informó de que la ministra las recibiría el 15. Pero el mismo día 15 el jefe de gabinete de la Vicepresidencia, Josep Vendrell, les comunicó que a cambio de la reunión debían levantar el campamento y se comprometía a enviar un informe o proyecto de trabajo algunas semanas después, sin especificar nada más.
La Plataforma Unitaria de Sociosanitarias de Atención en Domicilio (SAD) aseguraba en un comunicado que «estas no son las condiciones que poníamos para esta reunión, que eran las expuestas, y mucho menos sin un compromiso escrito, pidiéndonos un acto de fe y confianza. Imponernos estas condiciones es un chantaje que no podemos aceptar». Decidieron mantener su lucha porque es «muy lamentable que se trate de poner condiciones previas a una reunión. […] Lo que busca esta Plataforma son soluciones a los problemas de las Sociosanitarias del sector y no una reunión como premio, vacía de contenido y compromisos que tiene como único fin que abandonemos la protesta».
No están solas
Las empresas se lucran con la explotación de las trabajadoras sociosanitarias, la mayoría mujeres, y muchas de ellas migrantes. Pero ellas no están solas. La Plataforma por la Remunicipalización lleva años luchando por recuperar servicios públicos que se privatizaron, como la limpieza o la jardinería, entre muchos otros.
También se encuentra a su lado la asociación SEDOAC, de empleadas del hogar, un colectivo también feminizado y con una elevada presencia de mujeres migrantes. Sus condiciones son de semiesclavitud y llevan años luchando por derechos muy básicos, como un simple subsidio por desempleo. También ellas fueron un servicio esencial durante la pandemia, pero todavía tienen que soportar la pesada losa criminalizadora de la ley de extranjería, entre otras cosas.
No doy crédito a mis ojos.