La mascarada de la coexistencia de dos presidentes, uno nominal elegido por EEUU y otro ejecutivo elegido por los venezolanos y venezolanas, parece tocar a su fin. Ese es el motivo por el que, de nuevo, Venezuela comienza a acaparar titulares de prensa en los medios de todo el mundo: la definitiva amortización del bluf Guaidó, uno de los mayores asaltos coordinados a la legalidad internacional cometidos en fechas recientes. En efecto, fue en 2019 cuando un grupo de países se conjuraron para dar un golpe de estado muy sui generis contra el legítimo gobierno venezolano. Desde entonces se ha mantenido una situación diplomática kafkiana, digna de una «Antología del Disparate» política, que ahora pretende salvarse, no sin antes tratar de arrancar ciertas condiciones a cambio del levantamiento de las sanciones ilegales impuestas a la República Bolivariana por EEUU y sus aliados.

Para entender cuál es la realidad que vive el país, al margen de los interesados y falsarios discursos oficiales, viene bien manejar algunos ejemplos de lo acontecido alrededor de Venezuela durante los últimos años:

  • 28 de enero de 2019, la administración Trump anunció la confiscación de 7.000 millones de activos venezolanos en EEUU y 11.000 más de ingresos de la venta de petróleo en 2020, pertenecientes a Citgo, una filial de PDVSA que posee tres refinerías en suelo gringo, una red nacional de oleoductos y más de 5.000 gasolineras en la costa este de los Estados Unidos.
  • Pero eso no es todo, las dificultades para extraer petróleo por la carencia de repuestos para la industria del sector, unido a la falta de barcos disponibles para el comercio, junto a la negativa de las compañías aseguradoras a cubrir las cargas y las amenazas de la piratería norteamericana, han disminuido la renta petrolera desde 2014 en un 99%. Los ingresos por exportaciones de hidrocarburos han pasado de más 56.000 millones de dólares anuales de 2013 a menos de 400 millones en 2020.

Todos estos hechos —meros ejemplos de los centenares que podían escogerse— son fácilmente constatables en la prensa corporativa, nada sospechosa de ser complaciente con Venezuela. Sin embargo, el discurso oficial de los gobiernos y de los mass media occidentales, es que los líderes venezolanos son poco menos que un desastre que han llevado al país a la ruina por pura ineptitud o incluso por su innata maldad. Por ende, ese es el discurso instalado entre la mayoría de la población, ya que las diferencias entre opinión publicada y opinión pública son cada día más difusas o prácticamente inexistentes, en lo que supone una clara medida de la mala calidad de las democracias que se pretenden imponer —a veces por la fuerza— como ejemplo a seguir en todo el mundo.

¿Cómo se supone que pretenden hacer que veamos lo blanco negro? Utilizan varias estrategias diferentes. Para empezar, intentan invisibilizar todo lo posible las medidas coercitivas unilaterales e ilegales puestas en marcha para ahogar la economía venezolana y volver a la población contra su gobierno. Es justo lo que están haciendo también en Siria, igualmente con la complicidad de los medios de desinformación masiva que, cuando citan las terribles penurias que pasa la población, jamás citan las sanciones y el bloqueo al que se ve sometido por Estados Unidos, principal causa de la situación, junto con la guerra subcontratada por el Pentágono a yihadistas de decenas de países del mundo.

Cuando no tienen más remedio que reconocer su existencia, el objetivo es minimizar las sanciones, queriendo hacer ver su aplicación únicamente sobre un número limitado de líderes del gobierno, supuestamente dictatoriales y corruptos, o vinculados incluso al narcotráfico. Cualquiera que conozca el país de primera mano o se informe de manera no sesgada, conocerá las penurias por las que atraviesa la población de a pie y cuál es el motivo principal de sus problemas. El propio Donald Trump reconocía en 2017 que la gente en Venezuela está sufriendo e incluso muriendo por causa de las sanciones, lo que equivale a reconocer la comisión de crímenes de lesa humanidad, ya que las leyes internacionales prohiben los castigos colectivos a poblaciones indiscriminadas.

Otra estrategia implementada con frecuencia es la de exculpar a las sanciones del desastre económico del país e inculpar a los gobiernos bolivarianos de la desastrosa situación que atraviesa el país. No obstante, si hacemos caso a Naciones Unidas, a principios de este año pidió  el levantamiento de las sanciones en base a sus efectos devastadores sobre la calidad de vida de la ciudadanía. No se puede ser más claro.

Antes del establecimiento de las sanciones ilegales, la economía de Venezuela no paraba de crecer ininterrumpidamente durante varios lustros consecutivos, Las proyecciones de organismos financieros no atisbaban síntomas de entrar en recesión, a pesar de la caída de los precios del petróleo y de la crisis mundial de 2008, sin resolver del todo en 2014, fecha en la que comenzaron las medidas coercitivas económicas que, finalmente, han desembocado en la catastrófica situación actual. Si a todo ello le sumamos los efectos del Covid-19, tenemos dibujado ya el panorama completo, sus causas y consecuencias.

Lo que realmente no se entiende es la capacidad del gobierno y la población venezolanas para sobreponerse a un bloqueo prácticamente global que los ha sacado de los mercados internacionales. Cualquier otro país habría sucumbido a las presiones hace mucho. Pero la República Bolivariana sigue resistiendo, rodilla en tierra, a una guerra de IV generación en toda regla que, a tenor de lo que se hoy se vislumbra en el país, van a salir victoriosos con una nación completamente reinventada, más fuerte y cohesionada que nunca.

Sorprende cómo en medio del conflicto el gobierno de Maduro ha sido capaz de entregar centenares de miles de viviendas a los mas desfavorecidos (ya van camino de los 4 millones) o de garantizar la alimentación de millones de personas cada mes a través de un sistema de reparto de comida puerta a puerta, prácticamente gratuito. Y es que, el sistema de protección social puesto en marcha por los sucesivos gobiernos bolivarianos, es uno de los activos más valiosos de su proceso revolucionario. Dedicar la renta petrolera a mejorar la calidad de vida de los venezolanos y venezolanas ha sido la marca de la casa de Chávez y Maduro en las últimas décadas. Por eso Venezuela molesta tanto a Estados Unidos: por un lado, porque el dinero del petróleo anteriormente iba directo a sus bolsillos y, por otro, porque son un ejemplo a seguir que, de prosperar en la región, condenaría a la irrelevancia política y económica al antaño todopoderoso vecino del norte, verdadero parásito dependiente de las riquezas de América Latina.

Juanlu González, es un activista por la paz, anticapitalista y antiimperialista, que desarrolla parte de su tarea contrainformativa como analista en distintos medios nacionales e internacionales de prensa, radio y televisión. Experto en conflictos MENA (Medio Oriente y Norte de África) aunque, como internacionalista, no desdeña abordar otros espacios geográficos diferentes. Mantiene su propio blog desde el año 2000, los Bits Rojiverdes, donde vuelca buena parte de su producción.

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