Las víctimas de la guerra de Guatemala piden al Congreso no aprobar la amnistía

Las víctimas del conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996) pidieron este miércoles al Congreso suspender la aprobación de una amnistía que favorecería a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y cumplir así con la resolución de la CorteIDH.

El abogado Edgar Pérez, que defiende a víctimas de 14 casos, entre ellos de masacres y desapariciones, entregó al Parlamento una copia de la resolución provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la que se requiere al Estado interrumpir el trámite de la iniciativa de ley 5377 que pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional.

Pérez afirmó que Guatemala, el 9 de marzo de 1987, reconoció la competencia de la CorteIDH, con sede en Costa Rica, por lo que «está obligada a cumplir la resolución».

«Por eso hemos venido a la Presidencia del Congreso a entregar la resolución de medidas provisionales en favor de 14 casos», puntualizó, y agregó que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos «es clara» en recordarle al Estado de Guatemala que sus resoluciones «son vinculantes e imperativas», es decir, que son «obligatorias» y se tienen que cumplir.

«No hay un argumento legal para cumplir estas resoluciones», enfatizó Pérez, y explicó que la CorteIDH le hace saber al Congreso que debe suspender el trámite de la aprobación de le iniciativa 5377.

El Organismo Legislativo tiene programada para este miércoles una sesión ordinaria en la que está previsto, entre otros temas, que continúe la discusión para aprobar la reforma a la Ley de Reconciliación Nacional para otorgar amnistía para los crímenes de guerra.

La iniciativa ya fue aprobada en dos lecturas y solo está pendiente una.

Pérez advirtió que de aprobarse la ley los diputados del Congreso «estarían comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala que se tendría que atener a la sanciones».

En su resolución, la CorteIDH advierte que de aprobarse la iniciativa, el Estado «incurriría en una afectación de la cosa juzgada» en los 14 casos, entre los que se encuentran masacres y desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno.

Un dirigente de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), Edwin Canil, dijo que si el Congreso continúa con la discusión de la iniciativa incurrirá en «una desobediencia clara a lo ordenado por el ente internacional».

«El Estado de Guatemala está impedido a decretar amnistía sin que esto conlleve responsabilidad internacional para quien desobedezca las órdenes de órganos internacionales», enfatizó.

La iniciativa 5377 de enmienda a la Ley de Reconciliación Nacional, que ya fue aprobada en segunda lectura de las tres necesarias, podría aplicarse con carácter retroactivo, lo que permitiría que decenas de personas condenadas y encarceladas por graves violaciones de derechos humanos -entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, violencia sexual y tortura- fueran puestas en libertad en 24 horas.

Familiares de las víctimas y activistas rechazan esa iniciativa por considerar que sería «una ofensa» a la dignidad y a la integridad de los miles de muertos y de los sobrevivientes del conflicto.

«La amnistía es lesiva a las aspiraciones de construcción de la paz, la reconciliación y la democracia», denunciaron hace dos días organizaciones humanitarias.

El conflicto armado que acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la entonces guerrilla dejó unas 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, además de más de un millón de desplazados internos.