La agrupación castellanomanchega, que es toda una referencia a nivel estatal, agrupa según sus propios datos a un total de 437 cooperativas de sectores como el aceite, el vino, los cultivos herbáceos, ajo, melón y sandía, frutas de hueso, hortalizas, champiñones, hongos, ganadería y producción ecológica, representa a 161.000 socias y socios y presenta una factuación anual media a nivel autonómico de 2.238 millones de euros al año.
En un comunicado hecho público en sus redes sociales la organización se ha solidarizado con sus cooperativas asociadas en la provincia de Ciudad Real y, en especial, las de la comarca del Campo de Montiel, directamente afectadas por la planificación extractiva de Quantum Minería en la provincia partiendo del proyecto Neodimio. La agrupación ha recordado que de manera evidente “existe un potencial impacto negativo en el sector agroalimentario, la salud pública y la comunidad local”.
POSTURA FIRME EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL SECTOR PRODUCTOR
Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha comparte con sus entidades asociadas que “este proyecto minero puede perjudicar el futuro de la actividad agraria y vitivinícola de la zona” suponiendo además “un factor de riesgo para el uso de los recursos hídricos tan necesarios para la agricultura” y, en definitiva, “un obstáculo para el desarrollo comercial de productos y figuras de calidad ciudadrealeños de gran reputación en los mercados nacionales e internacionales” por la potencial contaminación del aire, agua y suelo por el riesgo de liberación de sustancias químicas peligrosas vinculadas al procesamiento del mineral.
Por otra parte, considera que “cualquier proyecto que no tenga el apoyo de la comunidad local no debería ser aprobado” y por eso, y ante el mayoritario rechazo social que ha desatado el proyecto de Quantum Minería, espera que las autoridades competentes de la Junta de Castilla-La Mancha tomen en cuenta las alegaciones presentadas y rechacen sin ambages el plan de la mercantil, actualmente inmersa en una investigación administrativa tras la denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) por buscar presuntamente tierras raras sin licencia en la localidad ciudadrealeña de Torrenueva el pasado mes de diciembre.
