La militarización de la guerra de México contra las drogas -y, a menudo, contra los consumidores de drogas- ha matado al menos a 150.000 personas en los últimos 15 años. Jair Cabrera Torres/picture alliance via Getty Images

El pasado 10 de marzo, la Cámara baja del Congreso mexicano aprobó sin mayores dificultades una iniciativa de ley dirigida a legalizar el uso recreativo del cannabis. La iniciativa fue enviada al Senado, donde también fue aprobada.

Los mexicanos, al igual que los habitantes de Uruguay y Canadá, podrán utilizar el cannabis para fines recreativos, aunque de manera más limitada que en los referidos países.

La iniciativa mexicana no legaliza abiertamente el cannabis, sino que eleva la posesión personal máxima de dicha droga que es penalizada por la ley de 5 a 28 gramos. La posesión entre 29 y 200 gramos de cannabis es sancionada con una multa. La posesión que exceda este límite aún es sancionada con pena de prisión.

La venta de cannabis todavía es considerada delito, de modo que los campesinos en los estados de Sinaloa, Chihuahua, Durango o Michoacán que obtienen exiguos ingresos mediante el cultivo del cannabis aún pueden acabar en la cárcel.

A pesar de los límites de la iniciativa, la legalización de la marihuana es un hito simbólico de gran importancia para un país como México, actualmente inmerso en una cruenta guerra contra las drogas.

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Un vendero de chocolatinas celebra el voto del Senado para legalizar el cannabis en México en noviembre de 2019. Clasos/Getty Images

Modestos avances

Un estudio comisionado en 2016 por el Senado mexicano reveló que los cárteles solían recibir ganancias anuales de entre 1 000 y 2 000 millones de dólares por la venta de cannabis en los Estados Unidos, lo que representaba entre 15% y 26% de los ingresos totales de dichas organizaciones criminales.

Sin embargo, la importancia del cannabis en los ingresos de los cárteles ha disminuido drásticamente debido a su legalización en múltiples estados de EE. UU. (el caso más reciente es Nueva York).

La criminalización del cannabis, empero, contribuye a la inflación descontrolada del sistema penitenciario mexicano. En 2018, 37 701 adultos y 3 072 adolescentes fueron acusados de “narcomenudeo”, es decir, de comercio de drogas ilícitas en pequeña escala. No obstante, la mayoría de quienes fueron indiciados por este delito (60% de los adultos y 94% de los adolescentes) no fue detenida por la venta de cannabis en sentido estricto, sino meramente por poseer entre 5 y 100 gramos de esta droga.

Aún en términos de la legislación vigente, estas personas no debieron ser privadas de su libertad salvo en caso de que hubiesen cometido otros delitos, o se hubiesen comportado violentamente estando en posesión de la droga.

La iniciativa para la legalización del cannabis pone término a este tipo de detenciones. Sin embargo, como lo han manifestado las diputadas Laura Rojas y Lucía Riojas en sus críticas al proyecto, también contiene varias disposiciones que subvierten su propósito declarado de proteger tanto a los consumidores vulnerables como a los pequeños productores.

La iniciativa, por ejemplo, autoriza a los particulares a cultivar cannabis para su propio consumo (hasta seis plantas por adulto, u ocho por domicilio). No obstante, quienes produzcan la droga deben obtener previamente un permiso de la Comisión Nacional contra las Adicciones.

Riojas, quien acaparó los titulares cuando, en 2019, ofreció un porro a la recién nombrada Secretaria de Gobernación, señaló que esta regla perpetúa el estigma social existente sobre los consumidores de la droga.

La iniciativa legislativa también confiere a las autoridades poderes para acceder al domicilio de quienes produzcan cannabis sin requerir orden judicial para ello, con miras a comprobar el cumplimiento de la ley. Esto tiene un potencial efecto disuasorio en relación al registro de quienes actualmente cultivan la droga ilícitamente en sus viviendas, pues podrían preferir el sosiego que otorga la clandestinidad sobre eventuales inspecciones invasivas de su privacidad.

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Una plantación casera de marihuana en Ciudad de México en 2015. Yuri Cortez/AFP via Getty Images

Litigio inteligente

Las referidas disposiciones han atemperado los festejos de activistas y académicos que durante años han desarrollado intensas campañas frente a los legisladores para poner término, con fundamento en los derechos humanos, a la prohibición del cannabis en México.

En 2013, cuatro miembros de la organización no gubernamental México Unido Contra la Delincuencia formaron el colectivo Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART, término que significa “inteligente” en inglés). Los integrantes de SMART impugnaron la constitucionalidad de la prohibición del cannabis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los quejosos argumentaron que la prohibición del cannabis en México violaba sus derechos constitucionales, incluido el derecho a tomar decisiones sobre su salud personal.

Los miembros de SMART recurrieron al llamado juicio de “amparo” –esto es, un mecanismo jurídico mexicano que permite a los ciudadanos defender sus derechos constitucionales– para argumentar que debe permitirse a los adultos en pleno uso de sus facultades mentales tanto cultivar marihuana en sus domicilios, como usarla según les parezca conveniente.

La Suprema Corte concluyó en 2015 que la razón asistía a los quejosos, decidiendo que la prohibición absoluta del cannabis en México es, en efecto, inconstitucional. El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea manifestó, en dicha sentencia histórica, que la Constitución mexicana “no impone un ideal de excelencia humana”, sino que “permite que cada individuo elija su propio plan de vida y adopte el modelo de virtud personal que considere válido, en tanto no afecte a los demás.”

Debido a que, en principio, los efectos del juicio de amparo sólo alcanzan a los quejosos, únicamente los miembros de SMART podrían producir marihuana o poseer más de 5 gramos de esta droga en sus domicilios. La decisión, sin embargo, dio origen a una oleada de juicios de amparo análogos en que los tribunales federales repetidamente dieron la razón a los quejosos.

Finalmente, en 2018 la Suprema Corte ordenó al Congreso poner término a la prohibición del cannabis mediante una “declaratoria general de inconstitucionalidad” de las normas que la sustentaban.

Pequeña transformación

El actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha jactado de la iniciativa sobre el cannabis como si fuese una victoria de MORENA, su partido político.

Los planteamientos de López Obrador en relación al cannabis, no obstante, han sido ambiguos y erráticos. En su larga carrera política, frecuentemente ha declarado su voluntad de “debatir” sobre la legalización de dicha droga, pero nunca se ha comprometido explícitamente a impulsarla.

López Obrador contendió por la presidencia en 2018 como un candidato progresista empeñado en la “transformación” y “pacificación” del país, que prometió reconsiderar las políticas públicas en materia de drogas.

Sin embargo, en febrero de 2020, cuando la iniciativa ya estaba en discusión en el Congreso, declaró que sólo apoyaría el uso medicinal, no recreativo, del cannabis.

En buena medida, López Obrador ha continuado la guerra contra las drogas sostenida por quienes le precedieron en el cargo. En 2006, el entonces presidente Felipe Calderón desplegó a las fuerzas armadas para combatir el tráfico contra las drogas. La violencia desenfrenada resultante de los enfrentamientos entre los militares y los cárteles ha producido, cada vez en mayor medida, la percepción de todo ciudadano –incluidos los usuarios de drogas– como una amenaza latente.

Recientemente, López Obrador extendió, mediante decreto, el despliegue de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta 2024.

A lo largo de los últimos 15 años, 150 000 personas (cifra que asciende a aproximadamente la mitad de los homicidios en México durante dicho periodo) han perdido la vida a consecuencia de la guerra contra las drogas. Otras 73 000 personas han desaparecido a resultas del conflicto.

Esta historia sangrienta es la principal motivación para la legalización del cannabis en México. A final de cuentas, se trata de un paso pequeño, pero significativo, en la contención de la guerra contra las drogas.

The Conversation

Luis Gómez Romero does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

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