Este domingo, el juzgado de lo contencioso-administrativo número cinco de Madrid ha anulado la inclusión de Toni Cantó y del exalcalde de Toledo Agustín Conde en la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso a las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo, al certificar que ninguno de lo dos estaba empadronado en la región antes del 1 de enero, como marca la ley electoral para los comicios del 4 de mayo.
Ayuso ha decidido ha decidido rodearse de quienes ya estaban en el Partido Popular hace 25 años, de ultraderechistas y al menos cinco personas, sobre las que no pesa ninguna imputación, pero aparecen mencionadas en alguno de los sumarios del caso Gürtel, Púnica o Lezo.
La causa Púnica revela la estrecha colaboración y la relación de confianza entre Díaz Ayuso y Alejandro de Pedro, tal y como demuestran los mensajes telefónicos cruzados entre ambos e incorporados a la causa. De Pedro, el experto en «reputación online» investigado por la financiación ilegal del PP, le pedía favores profesionales a Ayuso, incluso cuando ya se había convertido en diputada de la Asamblea de Madrid y la Comunidad era presidida por Ignacio González. La actual presidenta madrileña, quien gestionó durante años desde el PP las cuentas de Esperanza Aguirre en redes sociales, accedía a realizar esas gestiones.
En enero de 2011 en un mensaje desvelado en su día por la Cadena SER, Ayuso le pedía una «plantilla» de página web para la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Solo por arreglar la imagen de la lideresa en la red, la Comunidad pagó 82.000 euros, a pesar de que la candidata a la reelección ha remarcado durante la carrera electoral que «la corrupción «no tiene nada que ver conmigo».
El 4 de diciembre de 2017 el exconsejero madrileño Borja Sarasola declaró ante la UCO, que fue Ayuso quien le puso en contacto con De Pedro en el año 2011. En aquella época, Ayuso llevaba la web del PP madrileño y la cuenta de Twitter de Pecas, el perro de su entonces jefa, Esperanza Aguirre.
La sentencia de Gürtel, que provocó que Mariano Rajoy se despidiese de la Moncloa, pone sobre la mesa el número 4 de la lista electoral, Enrique López. En 2015, el actual consejero de la Comunidad de Madrid y por aquel entonces miembro de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que le correspondía juzgar distintas piezas del caso Gürtel junto a otros dos compañeros, las acusaciones le recusaron por su cercanía al partido y la apartaron de los tribunales.
En noviembre de 2016, cuando ya la Audiencia Nacional le había cerrado la puerta de cualquier tribunal que fuese a intervenir sobre la trama de Francisco Correa, el expresidente madrileño Ignacio González sacó su nombre a relucir en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana que la UCO estaba grabando. González, cuya detención en el caso Lezo se produciría cinco meses más tarde, recalcó en aquella charla que solía comer una vez al mes con López, algo que éste negó y afirmó que solo coincidió con González «en algún evento o acto».
Cuatro años más tarde, el nombre del magistrado volvía a salir a relucir cuando Luis Bárcenas le señaló como su «interlocutor» en el PP, aunque luego suavizó su afirmación y señaló que López se había limitado a hacer de intermediario para que un empresario que actuaba en nombre de Bárcenas conociese al abogado del PP, el exfiscal Jesús Santos. Por aquellas fechas, Enrique López aún ejercía como magistrado.
Ana Camins, secretaria general el PP madrileño, que ocupa un escaño como senadora y va como número 3 en la lista electoral del PP ocupó el cargó de secretaria en Fundescam, una fundación dependiente del PP madrileño, que Esperanza Aguirre había presidido en la primera década del siglo, y que la investigación Gürtel destapó que había financiado actos del PP. Además, con facturas falsas pagó trabajos del grupo de Francisco Correa. Una investigación del diario Público desveló que la trama llegó a amenazar al PP de Madrid con hacer público todo aquello si no saldaba deudas pendientes que se elevaban a 60.000 euros.
El nombre de Camins aparece en un auto del 2 de septiembre de 2019 del instructor del caso Púnica, el juez de la Audiencia Manuel García Castellón, pero nunca ha sido citada a declarar como testigo, ya que según adujo la Fiscalía, lo relacionado en cuanto a Fundescam había prescrito.
El cuarto candidato cuyo nombre se ha visto salpicado por Púnica es el consejero de Vivienda y exalcalde de Alcorcón, David Pérez, quien en la lista electoral ocupa el número 6. Nunca ha estado imputado ni ha declarado como testigo, pero la investigación sobre los contratos que en el cuatrienio 2011-2015 el Ayuntamiento de Alcorcón otorgó a la empresa Waiter Music SL, sin competencia alguna, amenaza con seguir creándole problemas. Como publicó El Confidencial en diciembre de 2018, una denuncia de última hora fue la que llevó a incorporar a la investigación los conciertos de Waiter Music en Alcorcón.
Un informe de la Guardia Civil cifró en más de 19 millones de euros el dinero que Waiter Music obtuvo en adjudicaciones entre 2006 y 2010, unas adjudicaciones «fruto del clientelismo político e intercambio de favores» con el PP. Fuentes conocedoras del caso aseguran que fueron subordinados de David Pérez quienes firmaron los contratos, lo que aleja la posibilidad de que pueda terminar imputado.
El asunto está ahora en manos de un juzgado de instrucción del municipio madrileño. Tal y como señala InfoLibre, el pasado mes de septiembre, el juez García Castellón dictó un auto que asegura la continuidad de las pesquisas sobre Alcorcón y Waiter incluso si la instrucción de Púnica se cierra en mayo o junio. En su resolución, el magistrado expone que el modelo seguido por el gobierno que encabezaba David Pérez «ofrece un importante indicio de posible amaño en la contratación».
En el puesto 25 de la lista se encuentra la exconcejal de Pozuelo y ahora diputada autonómica Yolanda Estrada, imputada en 2010 por soborno por el juez que entonces instruía Gürtel en el TSJ de Madrid, el ahora fallecido Antonio Pedreira.
Según Baltasar Garzón, primer juez del caso, Estrada era la persona que hacía de enlace entre la trama de Francisco Correa y el Ayuntamiento de Pozuelo. Es decir, el consistorio a cuyo frente se encontraba Jesús Sepúlveda, uno de los condenados en el primer macrojuicio de la causa. En enero de 2011, Pedreira sobreseyó la causa en lo que respecta a Estrada al no encontrar indicio de delito para mantenerla sujeta a investigación.
En este país da igual si los representantes políticos son corruptos, extienden el odio o amenazan de manera furibunda. Estoy seguro de que nada de lo que aquí se narra y describe tan acertadamente va a influir en los numerosos madrileños que van a votar a la señora Ayuso. Sus partidarios hablan del milagro «Ayuso» en la gestión de la pandemia porque la comunidad ha sido una feria, aunque, durante toda la crisis sanitaria ha ocupado desgraciadamente el podium de la incidencia acumulada, número de ingresos, uci y número de fallecidos. Miguel Ángel Rodríguez, el asesor de la presidenta tiene el plan bien preparado para el triunfo de su pupila. En política, para recabar votos, todo es cuestión de marketing.
Me gustaría que estas noticias apareciesen con otra imagen. Está por todos lados, creo que es una propaganda que nos va a salir muy cara.