El Partido Popular rechazó esta semana una Proposición no de Ley del Grupo Común da Esquerda para tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de las personas y cesar la afección medioambiental en las instalaciones mineras abandonadas de este enclave situado entre los ayuntamientos coruñeses de Carballo y Malpica de Bergantiños.
La iniciativa, apoyada por todos los grupos de la Cámara a excepción del PP, fue presentada en verano por los diputados Antón Sánchez (Anova) y Marcos Cal (Podemos Galicia) y Manuel Lago (Esquerda Unida) tras la sucesión de incidentes ocurridos dentro de la explotación, en los que diversas personas necesitaron atención médica tras haberse bañado en algunas de las balsas.
Antón Sánchez, viceportavoz del grupo parlamentario y defensor de la PNL, recordó que tras su abandono por parte de la última empresa concesionaria, Leitosa S.A.U., que se dedicó a la extracción de cuarzo y áridos para construcción la situación en el Monte Neme “no es una excepción en la política minera de la Xunta sino que es la norma”, en referencia a la falta de una actuación eficiente por parte del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo.
“Sea Santa Comba, Touro, San Finx, las pizarreras de Valdeorras o el Monte Neme la norma es que las empresas explotan el recurso, hacen negocio y después se van sin acometer la restauración de los espacios que le fueron concedidos, haciendo por tanto esa política de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas” -detalló-.
Sánchez destacó que el Monte Neme “no es un lugar cualquiera” sino un sitio emblemático “con carácter históricamente telúrico, sagrado, y con un alto valor patrimonial y paisajístico”, en parte ya destruído por la actividad minera llevada a cabo desde principios del siglo XX.
El diputado recordó que en su última época de actividad, Leitosa fue quien llevó a cabo la operación minera, una empresa vinculada al Partido Popular valenciano a través de la familia Cotino, miembros destacados del PP implicado en la “Trama Gürtel”. La mercantil llegó a recibir 600.000 euros en ayudas públicas y cerró al entrar en quiebra dejando la explotación minera sin restaurar y siendo un peligro para la salud de las personas y el medio ambiente. En 2014, reventó una de las balsas mineras provocando un aluvión de agua y lodos y un desastre ambiental sin precedentes sobre las parroquias de Razo da Costa, en Carballo y Aviño, en Malpica de Bergantiños. La empresa no se hizo cargo de la restauración de los daños y la Xunta de Galicia inició un litigio con la aseguradora para ver quien se hacía cargo de los 140.000 euros que costó acometer los daños, de los que la Xunta sólo ha conseguido recuperar 6.000.
El parlamentario explicó que la única medida que tomó la Xunta de Galicia para evitar daños a las personas y al medio ambiente fue la de colocar algunos carteles advirtiendo de la prohibición de entrada, preguntándose “a qué se espera para actuar” cinco años después del accidente. Antón Sánchez consideró “urgente” tomar las medidas necesarias para garantizar la salud y la seguridad de las personas en el lugar porque el Monte Neme “no puede seguir siendo un peligro para las personas y una fuente de contaminación” para el medio ambiente.
“Si la Xunta no es capaz, y no fue capaz hasta ahora, de que la empresa acometa con sus fondos esta restauración tendrá que asumir responsabilidades, tendrá que decir porqué no se le requirió un aval para hacer frente a esta situación como dice la Ley de minería de Galicia. Tendrán que asumir responsabilidades aquellos que permiten que unos hagan negocio privado y los ciudadanos y ciudadanas paquemos el desastre que dejan, y tendrán que actuar después para intentar que no sea gravoso para la hacienda pública. Porque lo primero, es la seguridad y la salud de las personas y el medio ambiente. Por lo tanto, tienen que actuar inmediatamente y tienen que cambiar de una vez por todas esas políticas mineras de connivencia y amparo con estas actuaciones” -insistió-.
El diputado consideró fundamental tanto que la Xunta de Galicia como la Dirección Xeral de Enerxía e Minas, con su máximo responsable imputado por un presunto delito de prevaricación ambiental (Ángel Bernardo Tahoces), “dejen de colaborar con las empresas y de obstaculizar la labor” de los colectivos y los ciudadanos que están haciendo el trabajo que le corresponde al Gobierno gallego y que no está haciendo para garantizar el cumplimiento de la Ley.
“Son ustedes la cueva de Alí Babá. Además como son 41, 40 más Feijóo les da perfecto el número: Alí Babá y los 40 ladrones. Están robando a manos llenas el erario público, porque vamos a tener que acometer todos los gallegos y gallegas lo que ustedes consintieron por irresponsables o conniventes. Es decir, pagar una restauración que la Cámara Minera estima en 1,5 millones de euros con dinero público para que no lo paguen sus amigos de la trama Gürtel” -criticó-.
“No hay excusas, lo que hay que hacer es actuar. Si ustedes no hicieron bien su trabajo, no pidieron garantías y la empresa puede irse con las manos limpias sin tener que pagar un euro es responsabilidad suya y no de la gente que corre peligro por culpa de estas actuaciones” -sentenció el viceportavoz-.
