El diputado José Antonio Bermúdez de Castro y el senador Gonzalo Robles Orozco declararán como testigos el próximo 1 de junio ante el juez de Salamanca que investiga el pago de cuotas que en marzo 2017 permitió a afiliados morosos votar en las primarias para decantar la balanza a favor del ahora presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El caso fue abierto en 2019 a raíz de una denuncia anónima y semanas después, el tribunal decretó el archivo de las diligencias por considerar que carecían de «tipicidad penal» ya que, en opinión del juez instructor, «el escrito de denuncia relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva”.

En abril de 2020, la Audiencia ordenó su reapertura. Tanto en la denuncia original como en un vídeo posterior grabado en junio de 2019 por un afiliado ya fallecido, el dinero utilizado para pagar las cuotas atrasadas de unos 1.500 afiliados del PP provincial e incrementar así el número de votantes en las primarias tenía su origen en dinero B.

InfoLibre ha tenido acceso a la declaración de la viuda del afiliado fallecido, quien manifestó que su difunto marido llevaba años y años sin pagar un solo euro pero que una persona del partido le llamó para decirle que ellos se encargarían de abonar su cuota, le citó en la sede del partido, allí recibió la papeleta que se le dio cerrada y después esa misma persona lo acompañó hasta la urna para que votase.

En defensa de aquellos pagos de cuotas, 39 cargos del PP firmaron sendas declaraciones juradas, en las que señalaban que habían aportado distintas cantidades procedentes de su «patrimonio personal» para «el pago de cuotas adeudadas» por otros afiliados. Entre ellos se encuentran el diputado Bermúdez de Castro y el senador Robles Orozco, quienes aseguran haber entregado 1.000 euros cada uno en el «Grupo Popular de la Diputación de Salamanca», razón por la cual la acusación popular pidió que se les citase a declarar. La legislación prohíbe de forma expresa las donaciones finalistas, es decir, las destinadas a un objetivo concreto, como sería en este caso el pago de cuotas debidas por terceros.

“Lo llevan en los genes”. Supuesta financiación ilegal del PP en Castilla y León
“Lo llevan en los genes”. Supuesta financiación ilegal del PP en Castilla y León

En febrero de este año, la Audiencia ordenó al juez instructor que accediese a la solicitud de la acusación popular y citase a declarar «asistido de letrado» al presidente del PP de Salamanca y de la Diputación Provincial, Javier Iglesias. Tal y como señala infoLibre, salvo excepciones derivadas de causas con distintas piezas separadas donde quien está imputado en una de ellas debe prestar testimonio en otra, los testigos no comparecen con abogado porque están obligados a decir la verdad. De hecho, la Fiscalía reprochó al tribunal «la innovadora figura» y le instó a aclarar si es que se sospechaba que podían terminar imputados.

Estar al día en los pagos al partido era requisito imprescindible para votar en las primarias que enfrentaron a Fernández Mañueco y al presidente de la Diputación de León, Antonio Silván. La Audiencia salmantina hacía constar en un segundo auto la «opacidad de la documentación aportada» para explicar el abono en cascada de cuotas de morosos.

Ya en 2020, el usuario de Twitter @GuasaTiene se hacía eco de la noticia de que un juzgado de Salamanca investigaba al PP de Castilla y León por financiación ilegal durante las primarias regionales que se celebraron en marzo de 2017 y escribía: «Eso es lo más normal de los ⁦populares la corrupción lo llevan en los genes. Un juzgado de Salamanca investiga al PP de Castilla y León por financiación ilegal #YOAPOYOALGOBIERNO».

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