Eduardo Andrade Bone
Analista Político, comunicador Social y corresponsal de Prensa

Dentro del programa del gobierno de Manuel López Obrador, ha estado inserto en abrir el camino pleno por el respeto de los derechos humanos de todo el pueblo mexicano, de allí que uno de sus primeros decreto ley (03.12.18), ha sido la creación de la Comisión de la verdad para el denominado caso Ayotzinapa, donde 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos se encuentran aún desaparecidos.

En este sentido se puede decir que el mandatario mexicano ha dado una buena señal, comenzando su gobernabilidad con el “pie derecho”, de cara a los mexicanos y en la medida de lo posible en contacto permanente con la ciudadanía.

Al respecto, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, afirmó que la comisión será presidida por la Secretaría de Gobernación y que la Secretaría de Hacienda proveerá los recursos necesarios para la realización de los trabajos pertinentes de la comisión.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, agregó que la comisión hará su trabajo con total apego a la ley y que los trabajos serán coordinados por Encinas. “La comisión que se crea por el decreto que usted (López Obrador) firma tiene un solo compromiso, investigar los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y el 27 septiembre de 2014. Esclarecer lo que ocurrió aquella noche hasta que todos los mexicanos sepamos lo que pasó, quienes fueron los responsables y responder sin importar el cargo que ocupaban”, enfatizó la funcionaria.

En este sentido, se retomarán las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los estudios realizados por el Alto Comisionado en materia de Derechos Humanos ante Naciones Unidad, la del grupo interdisciplinario que acompañó a los padres y madres de los normalistas desaparecidos e incluso la investigación trunca de la PGR.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, entre otras cosas señalo que el presente decreto formaliza jurídicamente la voluntad de dar con la verdad del paradero de los estudiantes, para enfrentar las violaciones a los derechos humanos, así como los delitos cometidos por el estado mexicano contra la población para que estos hechos jamás se vuelvan a repetir”, afirmó Encinas.

Al proceder a la firma del decreto ley de creación de la Comisión de la verdad, el presidente López Obrador expreso que “con la firma de este acuerdo comenzamos con el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, ese fue el compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra. Con este decreto se ordena a todo el Gobierno en lo que corresponde al Poder Ejecutivo para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la Comisión que se va a integrar par a la verdad. Todo el Gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguró que no habrá impunidad ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”, acentuó.

La comisión por la verdad estará integrada por los padres de los normalistas, representante de Gobernación, de SRE y de Hacienda, y expertos técnicos para hacer un equipo autónomo e independiente, retomando las investigaciones y recomendaciones ya realizadas, en particular el del GIEI y el alto comisionado de la ONU y la investigación trunca de la Procuraduría General de la República (PGR) para desclasificar todas las líneas de investigación subestimadas u ocultadas.

Privilegiando los pasos que se comienzan a dar en materia de derechos humanos, el primer mandatario señaló que se les garantizará protección a los testigos para que den a conocer todo lo que se sabe, y llegar al “fondo del asunto, que se esclarezca todo lo que sucedió, que se llegue a la verdad y haya justicia”.

Ante la firma del decreto con fuerza de ley, María Martínez, madre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, señaló que López Obrador es un ejemplo del que ‘persevera alcanza”. La señora Martínez denunció que no solo son los normalistas, “hay familias sufriendo porque les falta un familiar, es difícil ver una silla vacía, una cama vacía donde no hay un hijo, gánese la confianza de todos, ya no confiamos en nadie, pero tenemos un poco de confianza, de esperanza, queremos que no se burlen de nosotros, en cada instancia que vamos somos humillados, usted puso el ejemplo del que persevera alcanza, es un buen ejemplo”.

López Obrador enfatizó que “llegar a la verdad no debilita a las instituciones, las fortalece; afirmó que la verdad es revolucionaria y cristiana, mientras que la mentira es reaccionaria, “es del demonio, la verdad por encima de todo”.

Ahora sin duda, que estos primeros pasos dados por el mandatario mexicano y el restablecimiento pleno de los derechos humanos en un país como México, constituye un gran desafío para la gestión presidencial de López Obrador, puesto que tendrá que enfrentar todas las lacras heredadas desde el capital neoliberal, que está íntimamente ligado a la oligarquía nacional, los sectores conservadores de la sociedad mexicana, las minorías depredadoras de la riqueza nacional y sus redes de narcotraficantes y bandas de sicarios, todos los cuales forman parte de la violación sistemática de los derechos humanos en un país como México.

En el buen entendido además que la lucha por los derechos humanos en cualquier lugar del mundo, no puede estar supeditada a un hecho puntual de características criminales, como presuntamente habría ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa, también está íntimamente ligada a luchar por el termino de la extrema pobreza, la pobreza, el desempleo, las carencias en salud, vivienda, educación, inseguridad ciudadana, desigualdades sociales y una brecha cada vez mayor, entre unos cuantos ricachones y la gran mayoría, que padece los daños que producen las políticas económicas neoliberales, implantadas en cada país por el capital criollo como trasnacional.

En este sentido además, podríamos decir que para cualquier alternativa progresista, el mejor programa de gobierno es llevar a cabo lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuestión que la mayoría de los países viola constantemente, pues no hay un solo país que respete los derechos humanos de forma integral y a escala global.

También es una buena señal para las diversas organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, así como para la Alta Comisionada de la Naciones para los Derechos Humanos de la ONU, para que pueda prestar sus asesoría y apoyo, para poder arribar a la verdad y la justicia, ante la desaparición de los estudiantes ocurridos en el estado de Guerrero. De allí que no cabe otra cosa, que apoyar la gestión presidencial de Manuel López Obrador, cuando de materia como los derechos humanos se trata.

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