Una no llega a la realidad, la realidad le llega a una”. María Botero Mesa tenía 15 años cuando la realidad le salió al paso. Entonces se movilizó por el referéndum del agua; una iniciativa promovida por más de 60 organizaciones que consiguió más de dos millones de firmas en Colombia. No hubo vuelta atrás. Ahora, con 27 años, se ha convertido en asesora jurídica de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, que forma parte de la Red Viva, una red interamericana que defiende el derecho al agua. Integrante de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia e investigadora en el proyecto Urbanismos del Agua de la Universidad Pontifica Bolivariana, vive cerca de Medellín en una zona en la que el suministro del agua es comunitario.

Mientras hablamos con ella nos explica que el gobierno colombiano ha puesto en marcha un plan para llevar agua al mundo rural con el lema Agua al campo. “Una campesina estaba desconcertada. ¿en serio cree que nos van a traer el agua, pero dónde piensa que nace el agua? Lo que queremos es que ustedes no lleguen al campo, lo que queremos es que nos permitan seguir con nuestras prácticas”. María Botero aclara: “No me gusta hacer el rol de abogada que representa y habla por otras personas, sin tener conocimiento. Quiero hablar desde la experiencia de gestora comunitaria y no desde quienes lo sufren”.

Botero participó en el Ciclo de conferencias Transformar nuestro mundo. Propuestas para nuevos tiempos   denunció la amenazas que muchas lideresas y líderes están sufriendo por defender el derecho al agua: “Porque defender este derecho significa defender sus territorios, su autonomía y hacer frente al despojo de sus recursos”.

El derecho al agua es un concepto ampliamente extendido; pero ¿qué significa realmente?

El reconocimiento de este derecho significa que hemos avanzado un poquito en la lucha del movimiento global por la justicia del agua. Fue una lucha muy tortuosa, muy larga; pero una vez que se aprobó, comenzó a generar un consenso que permitió definir cuáles eran los contenidos de este derecho. Aún falta mucho por avanzar. Actualmente, se contempla el derecho humano al agua como la obligación que tienen los Estados de garantizar a la población una cantidad suficiente de agua, de calidad, apta para el consumo humano y a un precio asequible. En el camino de interpretar este derecho también se contempla la obligación de garantizar el acceso a las infraestructuras; y es precisamente desde ahí que trabaja la lucha de la gestión comunitaria del agua.

Los Estados tienen que garantizar el derecho agua. ¿Lo están garantizando? ¿Qué atropellos se están produciendo con respecto a este derecho en América Latina?

Los atropellos tienen que ver mucho con la complejidad del agua. El agua está en todo lo que hacemos, todo lo que producimos, lo que creamos. Los atropellos pueden ir desde procesos de contaminación muy profunda en las fuentes de agua -que provocan que quienes acceden a sus cuencas no puedan tener agua acta para consumo humano-, hasta el despojo. Un caso muy paradigmático en este sentido es el de la región chilena de Petorka, donde la producción de aguacate está dejando sin agua a las personas que viven en ese territorio.

¿Tiene esto que ver con el negocio internacional del aguacate que ha crecido notablemente en los últimos años?

Si por supuesto.  En general todos los atropellos al derecho agua responden a presiones internacionales muy ligadas al crecimiento económico. Por un lado, están los atropellos por contaminación y despojo. Y por otro, están los que tienen que ver con la gestión de los recursos hídricos. La normativa internacional no es suficientemente clara a la hora de exigir que la gestión sea pública o comunitaria. Esto ha permitido que intereses económicos gestionen el derecho al agua sin políticas que aseguren que la disponibilidad y la capacidad económica sean un criterio de acceso.

¿Quiénes llevan a cabo estos atropellos: las empresas, los gobiernos?

Esa división entre lo público y lo privado ya se queda corta para hacer un diagnóstico de la situación.  Por un lado, están los Estados con una regulación en exceso flexible o favorable a los intereses de las empresas privadas. Por otro, existen empresas estatales que mercantilizan el agua más allá de garantizar el bienestar. Y, además, hay una fuerte presencia de multinacionales que pueden tener carácter público en sus países de origen, pero que en nuestros territorios actúan como actores privados.

¿Qué consecuencias tiene estas actuaciones sobre la vida de las personas que viven en esos territorios?

Una de las más dramáticas tiene que ver con el desplazamiento y el despojo del territorio. Dejar a una población sin agua es obligarle a irse y perder el territorio significa perder el arraigo, los lazos sociales, el tejido que se ha construido…, significa perder la cultura –que, en contextos como América Latina, particularmente en Colombia donde ha existido un contexto violento el despojo, es mucho más agresivo–. Pero también tiene que ver con la salud de las personas que se están enfermando por consumo de agua contaminada o por la angustia de no conseguir los recursos para pagar las facturas del agua. En Medellín, hay un movimiento llamado Desconectados, cuyo lema es “O comemos o pagamos la factura”. Otra consecuencia es la pérdida de autonomía; hay territorios rurales en los que la garantía del derecho al agua es una realidad, pero las políticas que están buscando cumplir los ODS y ampliar los mercados internacionales de agua los consideran obstáculos para sus propósitos económicos y, por tanto, quieren hacerse con la gestión. Esta es una de las consecuencias más visibles del sistema neoliberal: la pérdida de la autonomía en ese autoabastecimiento del agua y en esa relación directa con la cuenca.

¿La población se resiste?

Las resistencias son múltiples y dependen de la naturaleza del conflicto en cada territorio. Hay asociaciones que se han consolidado local, nacional e internacionalmente como gestoras comunitarias del agua. Convergen en la plataforma de acuerdos públicos que busca crear alternativas a estas dinámicas de alianzas público-privado. La gran mayoría de las poblaciones de estos territorios tienen relaciones históricas con la cuenca. Por ejemplo, Muratimba es un movimiento de resistencia en Chile que lucha contra la privatización del agua y que se han propuesto modificar la Constitución para que se mantenga intocable el derecho al agua.

¿Desacatarías algún otro caso de éxito en esta lucha colectiva por el derecho al agua?

Los éxitos en relación con las amenazas son pequeñitos. Pero hay un caso de las mujeres del Cauca, que promovieron una marcha hasta Bogotá y lograron que se detuviera la minería ilegal en el río. Una de sus lideresas era Francia Márquez, Premio Goldman. Ese reconocimiento internacional la ha protegido, porque las personas que lideran este tipo de resistencia son objeto militar y ella ya ha recibido algunos atentados. Hay otros casos como Ríos Vivos, también en Colombia, que hace frente a la construcción de hidroeléctricas. Lamentablemente no han logrado frenar estos proyectos gigantescos que han generado el desplazamiento de poblaciones de varios municipios aledaños al río que vivían de la pesca. Por otra parte, en Colombia estamos avanzando en la construcción de una ley propia para que los acueductos comunitarios sean reconocidos. Hasta que estas iniciativas sean formalmente reconocidas, estamos fortaleciendo su autonomía porque cala mucho el discurso de que son pobre y eso facilita que los intereses privados entren y tomen las decisiones en los territorios. En realidad, el mayor éxito que pueden conseguir las comunidades es que permanezcan organizadas en los territorios.

¿En este contexto es posible cumplir en 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Los ODS han sido formulados desde unos contextos muy particulares sobre todo urbanos y desde la visión de que garantizar el agua es asegurar una cantidad mínima para tu consumo. Han sido una herramienta muy poderosa para que las comunidades urbanas puedan exigir que se les garantice un mínimo de agua independientemente de sus condiciones económicas. Pero en América Latina el acceso al agua debe gestionarse teniendo en cuenta la cuenca, el territorio, las prácticas de cultivo del tejido social; el agua es la que construye comunidad, la que llama al consenso. Los indicadores que se crean se quedan cortos porque favorecen la profesionalización de la gestión del agua en unas lógicas tecnócratas muy favorables a los intereses privados. Puede que los países cumplan los ODS, pero estos objetivos no logran reflejar la realidad que hay detrás, no logran representar los intereses de la mayoría.

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