La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, indica que los interventores del Estado están desbordados y carecen del personal suficiente para colaborar con los juzgados españoles que luchan contra la corrupción.

En unos documentos analizados por El País, la IGAE rechaza elaborar un informe para el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica afirmando que la saturación le “está impidiendo aceptar solicitudes” de auxilio judicial.

La IGAE se ocupa del control financiero, de la auditoría pública y también elabora las cuentas y determina el déficit público. Al por contar con profesionales altamente cualificados, otra de sus atribuciones es el auxilio judicial, esencial para la lucha judicial contra la corrupción. Los informes de los auditores del Estado han sido claves en casos como Acuamed o Lezo.

Lamentablemente, su capacidad para dar apoyo a la justicia empieza a resentirse por la falta de presupuesto y de personal. El Gobierno provisional no tiene pensado cambiar esta situación a corto plazo.

La IGAE asegura estar “desbordada” por las solicitudes de colaboración que recibe de los juzgados y lo han reconocido en dos ocasiones en sendos escritos remitidos al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica en el que se investiga una trama de corrupción que implica a numerosos cargos públicos del PP de la Comunidad de Madrid.

El organismo manifiesta la imposibilidad de hacerse cargo de un informe sobre la trama de corrupción, entre otros motivos porque “el personal adscrito a funciones de auxilio judicial es limitado y actualmente está desbordado, lo que está impidiendo aceptar solicitudes que indiscutiblemente son de competencia de la IGAE”. Ante la insistencia de García-Castellón, en junio la Intervención remitió un segundo documento al juzgado en el que de nuevo asegura carecer “de personal disponible para asumir nuevas actuaciones”.

La unidad de colaboración de la IGAE de colaboración con la justicia “con dedicación exclusiva” que se encuentra en los servicios centrales está formada tan solo por cuatro funcionarios del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, empleados públicos que superan una de las oposiciones más duras de la función pública, y cinco funcionarios del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. Actualmente hay 17 funcionarios del cuerpo superior y nueve del cuerpo técnico, además de tres funcionarios más del Cuerpo Superior de Interventores de la Seguridad Social.

Con datos a 31 de julio, la IGAE está colaborando en 56 asuntos judiciales, de los cuales 10 son de la Audiencia Nacional. La memoria de la IGAE de 2018 recoge que sus funcionarios también realizaron actuaciones en el ámbito privado y de la administración autonómica y local.

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