El consenso alcanzado ayer en el Pacto de Toledo para que las pensiones se revaloricen conforme al IPC son fruto de las movilizaciones sociales, que han sido y son la palanca para un cambio de políticas.

Los partidos políticos no deben ignorar las demandas sociales que siguen expresándose en la calle y piden al nuevo Gobierno que sea sensible y justo ante las mismas. En este sentido, exige la derogación total de la reforma de pensiones de 2013, impuesta por el anterior Ejecutivo del PP y acabar con los recortes que han sufrido nuestros mayores, el copago farmacéutico entre ellos.

La evolución de los precios no pueden depender del Gobierno de turno y deben garantizar el poder adquisitivo de todos los pensionistas. Debe ser un derecho esencial y universal, y como tal debe reconocerse en el Pacto de Toledo y blindarse en la Constitución.

Nuestro Sistema de Seguridad Social está en una situación precaria por las políticas laborales y económicas impuestas por el anterior Gobierno del PP. El principal problema de nuestro Sistema de Seguridad Social no es de gastos, sino de ingresos. Los empleos precarios, la devaluación de los salarios y los recortes sociales han generado menores ingresos para el Sistema de Seguridad Social y, por tanto, para nuestras pensiones públicas.  Como contrapunto, estos años se han incentivado los planes de pensiones privadas. El nuevo Gobierno debe romper con esas medidas y velar por el interés general.

Hay que adoptar medidas, desde ya, para erradicar el actual déficit de la Seguridad Social. El nuevo gobierno debe acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas, a cargo de la SS, financiar los gastos del Sistema desde los Presupuestos Generales del Estado y destopar las bases de cotización.

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