Los desahucios en Barcelona bajaron un 23% durante la alcaldía de Ada Colau

Xan Pereira

Según las últimas cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre desahucios ejecutados en Barcelona, en la capital catalana han disminuido un 23,1% durante el periodo 2015-2018. Como comparación, en el mismo periodo, en Catalunya, la disminución fue solo del 7,22%.

La nueva concejala de Vivienda, Lucía Martín, exdiputada en el Congreso y, como la alcaldesa Ada Colau, una de las impulsoras de la PAH, pone dos puntos sobre la mesa para explicar estas cifras: el primero es la fuerza de los movimientos sociales por el derecho a la vivienda digna en la ciudad, y el segundo el trabajo de mediación hecho por la Unidad contra la exclusión residencial (Ucer), creada por Colau y los suyos.

En 2018, la Unidad contra la exclusión residencial atendió a 2.270 procesos que afectaban a 6.371 personas. El 92% de los atendidos encontraron una “solución definitiva”. De estos, solo un 12%, se pudieron quedar en su vivienda, pactando un alquiler social con el propietario. Por lo tanto, se logró defender uno de los puntos sociales más importantes de nuestra constitución: el derecho a una vida digna.

En total, en la ciudad de Barcelona hubo 3.098 desahucios en el 2015, 2.691 en el 2016, 2.519 en el 2017 y 2.381 en el 2018. Casi 10.700 familias que han pasado por esta situación traumática durante el último mandato.

El ayuntamiento ha expropiado por primera vez un piso a un banco

En la línea de las actuaciones en defensa de la vivienda, el Ayuntamiento de Barcelona ha expropiado por primera vez un piso durante 10 años para incorporarlo al parque municipal de vivienda y así facilitar alojamiento a quienes lo tienen concedido por riesgo de quedarse sin techo.

El Consistorio reveló que el dueño del inmueble situado en el barrio del Besòs es el BBVA y se ampara en un artículo de la ley 4/2016 de la Generalitat de protección del derecho a la vivienda, que permite la confiscación temporal del uso de pisos vacíos u ocupados irregularmente, una de las previsiones contra las que el gobierno del PP recurrió y a las que Tribunal Constitucional levantó la suspensión en marzo de 2018.

Toda una declaración de intenciones que indica hacia donde se va a dirigir esta legislatura en la capital catalana.