Los edificios que se resisten a retirar las placas franquistas en Barcelona se concentran en los barrios más ricos

«¿A mí qué más me da que esté la placa? Si se hizo en tiempos de Franco, pues bien hecho estaba». Esta es la opinión del vicepresidente de la comunidad de vecinos que viven en la calle Ronda del General Mitre 98, en el acomodado barrio de Sant Gervasi-Galvany. Como el suyo, otros 23 inmuebles de la capital catalana se resisten a retirar los vestigios del franquismo de sus fachadas, adornadas todavía con las placas del Instituto Nacional de la Vivienda. La gran mayoría, en concreto 16, están ubicados en la zona alta de la ciudad, según los datos a los que ha tenido acceso eldiario.es a través de una petición de transparencia al Ayuntamiento de Barcelona.

Desde 2017, el consistorio ha conseguido retirar 1.197 placas franquistas de fachadas de toda la ciudad, pero todavía quedan 23 casos en los que la propiedad se niega a quitar esta simbología. 13 de estos edificios, todos ellos de viviendas, están ubicados en Sarrià-Sant Gervasi, y otros tres se encuentran en Les Corts. Ambos distritos son los más ricos de Barcelona.

En la calle Francesc Pérez Cabrero, en el corazón de Sant Gervasi, una placa en la fachada del número 11B informa que «esta casa está acogida a los beneficios de la Ley de 15 de julio de 1954». El distintivo, del Instituto Nacional de la Vivienda, contiene el símbolo de la Falange. Una vecina atiende a eldiario.es para explicar que ella condena el franquismo, pero que no hay que eliminar elementos que forman parte de la historia. Según ella, a pesar de que la placa permanece a día de hoy al lado del portal del edificio, los demás vecinos están a favor de retirarla. «A la gente le gusta parecer rica y esto hace de pobre», concluye ella.

La ley de Memoria Histórica, aprobada a finales de 2007 durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, estipula en su artículo 15.1. que «las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativa s de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

Cartas del Ayuntamiento a los propietarios

Según un informe jurídico del Ayuntamiento de Barcelona al que ha tenido acceso este medio, las placas del Instituto Nacional de la Vivienda pueden vulnerar la normativa de memoria histórica. Sin embargo, «dado el carácter de propiedad privada de estas placas, no es posible ejecutar su retirada por parte del Ayuntamiento sin contar con el consentimiento previo de sus propietarios».

El procedimiento de retirada que lleva a cabo el Ayuntamiento de Barcelona se inicia con una carta al presidente de la comunidad de vecinos, donde se les indica la intención del consistorio de quitar la placa. Al cabo de un mes, si los propietarios no envían un escrito al registro municipal alegando su voluntad expresa de mantener el símbolo franquista, el Ayuntamiento procede a su retirada. Más tarde, a través de una segunda carta, el consistorio informa de su actuación y fija otro mes más de plazo para que la comunidad de vecinos exprese, si es el caso, su voluntad de recuperar la placa. Si después del periodo fijado los vecinos no se comunican con el Ayuntamiento, el consistorio es quien decide qué hacer con este emblema.

El Ayuntamiento de Barcelona se hace cargo del coste de eliminación de estos símbolos, así como de la reparación de la zona de la fachada donde estaban colocados. Las placas que están en posesión del consistorio son conservadas en el Museo de Historia de Barcelona (MUHBA). Además, hasta el 15 de junio se expone en la antigua presión de la Modelo el proyecto «Deconstruir el franquismo. Símbolos de la dictadura en Barcelona», que exhibe una muestra de más de 160 placas franquistas de la vivienda retiradas por el consistorio.

División de opiniones según el tipo de placa

Sobre la retirada de estas placas existe una cierta discrepancia entre expertos, no en cuanto a las que tienen simbología más visible, como las del yugo y las flechas de la Falange, sino las que hacen sólo referencia a la obra de vivienda llevada a cabo durante el franquismo. Se trata principalmente de las placas con fechas de 1948 o 1953 que especifican que se trata de pisos promovidos por el Ministerio de Trabajo y que eran de renta limitada. El emblema de 1954 incorpora el yugo y las flechas franquistas y señala que el organismo encargado de la construcción del edificio fue el Instituto Nacional de la Vivienda, dependiente del Ministerio de la Vivienda.

Oriol Nel·lo, experto en políticas públicas de rehabilitación urbana, se muestra partidario de la retirada de los símbolos pero alerta que a veces pueden «ocultar que una parte muy importante del parque de vivienda» que existe a día de hoy «ha estado, en algún momento, protegida». La presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, Carme Trilla, comparte su planteamiento y asegura que su retirada «elimina la memoria histórica de la ciudad». Ambos coinciden en que se deberían sustituir por otra placa, sin iconografía propia de la dictadura de Franco –algunas ya no lo tienen– pero que mantenga la descripción del edificio de protección oficial y muestre el año en el que fue construido.

El presidente de la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, Carles Vallejo, está a favor de la retirada de cualquier placa relacionada con la dictadura. «Me parece que es una vergüenza que aún haya estas placas», señala. «Incluso hemos hecho acción directa arrancando algunas, porque es ignominioso. Es como tener la cruz gamada en una puerta, es el símbolo del fascismo y el falangismo», asegura. El destino de estos objetos, según Vallejo, han de ser los museos, porque allí se pueden poner en contexto y acompañados de una interpretación.

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