Hasta la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2017, el expresidente Richard Nixon -el único presidente de la historia de Estados Unidos que renunció a su cargo- era ampliamente considerado como la máxima expresión de abuso de poder de la presidencia de Estados Unidos. Nixon era conocido como «Tricky Dick» [referencia el documental de Mary Robertson sobre Nixon, ndt] y no por casualidad. Dominado por su propia paranoia, planeó despiadadamente la destrucción de cada uno de sus supuestos enemigos, utilizando todos los medios legales e ilegales a su disposición.

Sin embargo, parece que Nixon no podía distinguir la diferencia. Incluso después de que se revelara su protagonismo en el encubrimiento del Watergate, lo que lo llevó a renunciar, en declaraciones famosas, le dijo al entrevistador David Frost en 1977: «Si el presidente lo hace, eso quiere decir que no es ilegal».

Cuatro décadas más tarde, Trump tomó esta declaración y la hizo suya.

El Watergate y su encubrimiento

El escándalo del Watergate se desencadenó poco después de la publicación de lo que se conoció como los Papeles del Pentágono en 1971, que tuvo repercusiones en toda la sociedad estadounidense. Los documentos revelaron que todos los presidentes estadounidenses, desde Harry Truman hasta Lyndon Johnson, habían mentido sistemáticamente a la opinión pública sobre la guerra de Vietnam, minimizando el nivel de participación de Estados Unidos y exagerando el alcance de su éxito en cada momento. Si bien Nixon llegó a la presidencia después de los acontecimientos documentados en los Papeles del Pentágono, temía que sus propias mentiras -incluido el bombardeo secreto de Camboya- quedaran al descubierto.

Aunque Daniel Ellsberg, el denunciante que filtró los Papeles del Pentágono a la prensa, ya estaba siendo juzgado y se enfrentaba a una posible condena de 115 años, la Casa Blanca se encargó del asunto. El objetivo de Nixon era «juzgarlo en la prensa» arruinando su reputación. El consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, llamó a Ellsberg «el hombre más peligroso de América». La Casa Blanca envió a su equipo de » plomeros» (apodados así porque su objetivo era detener las » filtraciones «) a entrar en la oficina del psiquiatra de Ellsberg para robar información comprometedora. No encontraron nada, pero cuando el juez que presidía el tribunal se enteró del allanamiento, desestimó todos los cargos contra Ellsberg.

Sin embargo, la desesperación de Nixon por conseguir un segundo mandato como presidente lo llevó a repetir el mismo error, pero a un nivel más grave. Apenas nueve meses después de que fracasara el primer allanamiento de los «plomeros», el Comité para la Reelección del presidente organizó dos allanamientos en la sede del Partido Demócrata, en el complejo de oficinas de Watergate, en Washington, D.C. Los intrusos entraron en las oficinas de Watergate en mayo y luego de nuevo en junio de 1972 para robar archivos confidenciales y establecer un sistema de vigilancia de escuchas telefónicas. Por desgracia para Nixon, los ladrones fueron sorprendidos por un guardia de seguridad y detenidos durante su segunda incursión en la sede del Partido Demócrata.

Nixon procedió entonces a encubrir ilegalmente las actividades delictivas del Comité. Poco después de la detención de los ladrones, dispuso cientos de miles de dólares en «dinero de silencio» para que guardaran el secreto. Irónicamente, Nixon no necesitó ninguna ayuda para ganar las elecciones de 1972. Fue reelegido con una victoria aplastante.

Aunque Nixon negó cualquier implicación en el robo de Watergate, empezaron a surgir sospechas sobre el papel de su administración en el encubrimiento de su papel en el robo. Un puñado de sus principales ayudantes, entre los que se encontraba el consejero de la Casa Blanca John Dean, testificaron ante un gran jurado, conscientes de que Nixon planeaba convertirlos en chivos expiatorios de los robos y el encubrimiento. Entre otras cosas, revelaron que Nixon había grabado en secreto conversaciones que probarían su papel en las actividades ilegales.

Tras negarse a entregar las grabaciones durante meses, Nixon se vio obligado a ceder y las cintas que lo incriminaban (fuertemente modificadas) se hicieron públicas. A pesar de su infame afirmación: «¡No soy un delincuente!», se vio obligado a dimitir de su cargo el 8 de agosto de 1974, para evitar un juicio político y una condena casi segura.

Tras el Watergate, la política estadounidense se desplazó hacia la derecha.

El sucesor de Nixon, el ex vicepresidente Gerald Ford, lo indultó rápidamente. Y en parte por esa razón, el Partido Republicano se enfrentó a un electorado hostil, por lo que Ford perdió las elecciones presidenciales frente al demócrata centrista Jimmy Carter en 1976.

Pero el descontento popular apuntaba a los dos grandes partidos políticos, y ambos trataron de reinventarse en los años siguientes. Los efectos se siguen sintiendo décadas después. Dan Balz afirmó recientemente en el Washington Post: «Como dijo William Galston, de la Brookings Institution, ‘hemos estado viviendo durante casi medio siglo en el mundo que creó Watergate’».

Balz describió de la siguiente manera la transformación de los republicanos:

El Partido Republicano, personificado por políticos como Ford, Nelson Rockefeller y George Romney, fue tomado por un nuevo movimiento conservador basado en el Sur y el Cinturón del Sol [Sun Belt, franja meridional que se extiende desde Florida hasta California, ndt], que veía al gobierno desde una perspectiva mucho más hostil. En 1964, este tipo de conservadurismo, liderado por el senador Barry Goldwater de Arizona, fue derrotado por Johnson. En 1980, con la elección de Ronald Reagan, la era del liberalismo del New Deal había sido desdibujada por un conservadurismo que se mantendría en el partido y en el país durante décadas.

La victoria electoral de Reagan significó un nuevo giro hacia la derecha que ya estaba en marcha en la política estadounidense. Los demócratas, por su parte, pronto iniciaron un proceso de seguimiento del giro a la derecha de los republicanos, justificado por su búsqueda de los llamados «votantes indecisos», es decir, los votantes blancos de los suburbios que dudan entre votar a los demócratas o a los republicanos. Desde entonces, los republicanos han marcado la agenda de la política electoral estadounidense, y los demócratas ofrecen una versión algo menos draconiana de la misma agenda: el menor de los males, pero igualmente mala.

Balz describió el cambio de imagen del Partido Demócrata, siguiendo también de cerca el de los republicanos:

Mientras tanto, los demócratas atravesaban su propia transformación, gracias en parte a la entrada de nuevos miembros en el Congreso a partir de las elecciones de 1974. «Tendían a ser más educados, más profesionales que los anteriores grupos de demócratas, vinculados a la clase trabajadora y estaban más interesados en cuestiones que quedaban fuera de los límites de la carne y las papas», dijo Galston.

El futuro presidente Bill Clinton ayudó a formar una nueva corriente llamada Consejo de Liderazgo Demócrata [Democratic Leadership Council], formada en 1985 para separar al Partido Demócrata de sus llamados «intereses especiales»: sindicatos, grupos de derechos civiles y otros movimientos sociales liberales. Esta ala de los demócratas pasó a ser dominante en la década de 1990, llamándose a sí misma los «Nuevos Demócratas», personificados por la elección de Clinton en 1992 y su reelección en 1996.

Después de haber hecho campaña en 1992 con el eslogan «Poner a la gente en primer lugar», Clinton perfeccionó el arte de lo que se conoce como «triangulación», en la que consiguió robar el protagonismo a los republicanos adoptando y convirtiendo en ley muchas de sus propuestas. Entre estas se encontraban el «Don’t Ask, Don’t Tell» (una política que impedía a los soldados abiertamente homosexuales servir en el ejército); la Ley de Defensa del Matrimonio (que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional); y el fin de la «asistencia social tal y como la conocemos» mediante la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de las Oportunidades de Trabajo [Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act] (que hacía que las prestaciones gubernamentales para los pobres fueran temporales -imponiendo un límite de por vida a las familias- y creaba exigencias de trabajo sin proporcionar guarderías subvencionadas por el gobierno federal)

El camino hacia Trump

El escándalo del Watergate, junto con la publicación de los Papeles del Pentágono y la posterior derrota del imperialismo estadounidense en Vietnam, hizo que la confianza del público en las instituciones gubernamentales de Estados Unidos cayera en picada, y que nunca se recuperara. Mientras que, en 1964, según Pew Research, el 77% de los encuestados dijo que confiaba en que el gobierno hiciera lo correcto «casi siempre» o «la mayoría de las veces», ese porcentaje se redujo al 36% a finales de 1974, tras la renuncia de Nixon.

Esa trayectoria decreciente de la confianza pública -con algunas breves fluctuaciones, como tras los atentados del 11-S- se ha mantenido hasta hoy. Desde 2007, el porcentaje de encuestados que dicen confiar en que el gobierno hace lo correcto «siempre» o «la mayoría de las veces» no ha superado el 30%. Y este año, sólo alrededor del 20% estaba de acuerdo, lo que supone un mínimo histórico.

Cuando Trump anunció su candidatura a la presidencia en 2015, el Partido Republicano se había remodelado a lo largo de las décadas anteriores, abrazando ruidosamente una serie de causas reaccionarias. Los republicanos pasaron por varias evoluciones durante esas décadas: la Derecha Cristiana y la Mayoría Moral [Moral Majority] en los años ochenta y noventa (que se oponían al aborto y a los derechos LGBTQ, al mismo tiempo que defendían la lucha contra la acción afirmativa [o discriminación positiva, ndt] como el llamado «racismo al revés»; y luego el movimiento del «Tea Party» en la década de 2000, que combinó las demandas de la derecha religiosa con reclamos de impuestos más bajos [para los ricos] y recortes en el gasto social del gobierno, junto con una gran dosis de racismo abierto.

De este modo, se había preparado el terreno para que Trump tomara el control del Partido Republicano, si bien se inclinó aún más hacia la derecha una vez que éste entró en escena.

Tal vez por esta razón, los crímenes de Nixon podrían parecer menores en comparación con los de Trump. Si bien Nixon acaparó el mercado de las actividades clandestinas, Trump fue hasta burlarse de las normas de la conducta presidencial, en en una especie de desafío a la clase política para que se animara a combatirlo.

Sin embargo, hizo mucho daño como presidente: desde la imposición de una «prohibición musulmana» [“Muslim Ban»], hasta la prohibición de los soldados trans en el ejército, y el nombramiento de tres jueces del Tribunal Supremo totalmente reaccionarios que contribuyeron a la formación de la mayoría conservadora de 6 a 3 que anuló el derecho federal al aborto. Sin mencionar el negacionismo de Trump ante el Covid-19, subestimando constantemente los enormes peligros del virus y presentando soluciones ridículas, como la inyección de desinfectantes domésticos en el cuerpo de las personas, al tiempo que hacía muy poco para implementar una respuesta nacional coordinada a la pandemia.

Y estos son sólo algunos de los aspectos más destacados. No obstante, Trump superó su primer mandato legalmente indemne, a pesar de los dos intentos de impugnación por parte de los demócratas.

Pero ahora que Trump ya no es el presidente, es objeto de varias investigaciones. Su comportamiento desquiciado después de haber perdido las elecciones de 2020 podría acabar con él.

Trump y su negativa a aceptar los resultados de las elecciones

Hasta la fecha, Trump se ha negado a aceptar que perdió las elecciones de 2020 ante a Joe Biden. Recientemente, el 9 de julio, Trump insistió en que una nueva sentencia del Tribunal Supremo de Wisconsin que había prohibido el uso de muchas urnas en el estado era retroactiva a las elecciones de 2020, reivindicando sus alegaciones de fraude electoral. Pero no es así: el fallo sólo se aplica a las elecciones futuras.

Pero Trump nunca permitió que la verdad se interpusiera en el camino de sus delirantes afirmaciones. Mucho antes de que se celebraran las elecciones de 2020, Trump empezó a afirmar que sólo podía perder si estaban manipuladas en su contra, preparando el terreno para sus afirmaciones de fraude electoral masivo a partir de su derrota.

El propio fiscal general de Trump, William Barr, declaró claramente después de las elecciones: «Si había pruebas de fraude, no tenía ningún motivo para suprimirlas… Pero siempre sospeché que no había nada. Todo era mentira».

Trump y sus aliados presentaron más de 50 demandas alegando fraude en la votación, la mayoría en estados disputados en los que había ganado contra Hillary Clinton en 2016 pero que, en 202, perdió contra Biden: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Todas sus demandas fueron desestimadas por jueces estatales y federales, algunos de ellos nombrados por Trump. Incluso el Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a examinar dos demandas en nombre de Trump que pretendían anular los resultados de las elecciones de 2020, de Pensilvania y Texas. Asimismo, los recuentos de votos en Georgia y Pensilvania no hicieron más que validar la victoria de Biden.

¿El ocaso de Trump?

Trump cruzó descaradamente la línea entre las actividades legales e ilegales en dos incidentes:

En enero de 2021, Trump llamó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y lo presionó para que «encontrara» casi 12.000 votos que le permitieran imponerse a Biden en los resultados de las elecciones de Georgia de 2020.

1- Como informó el New York Times, esto implica que «corre el riesgo de ser acusado de violar los estatutos penales relativamente claros de Georgia, incluida la proposición criminal para cometer fraude electoral». El Times añadió que, según el fiscal del condado de Fulton, Fani T. Willis, «en los archivos de la corte, una serie de otros cargos son posibles, incluyendo el de crimen organizado y de conspiración, lo que podría incluir una larga lista de asociados pro-Trump, tanto dentro como fuera de Georgia».

Los «asociados» de Trump -incluidos Rudolph W. Giuliani y el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur- tienen cuidado: si Trump se hunde en este caso, se los lleva con él.

2- En las audiencias del Comité Selecto de la Cámara de Representantes, que tienen lugar actualmente, se recogen testimonios de personas que afirman que Trump participó activamente en la organización de los disturbios violentos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, incluyendo su tuit de silbato para perros en la madrugada del 19 de diciembre. «Estadísticamente, es imposible haber perdido las elecciones de 2020», tuiteó Trump, añadiendo: «Gran protesta en D.C. el 6 de enero», en referencia al día en que el Congreso debía certificar la victoria de Joe Biden en el colegio electoral. «¡Estaré allí, será salvaje!».

El 28 de junio, el testimonio de la ex asesora de Trump, Cassidy Hutchinson, de apenas 26 años y también republicana, permitió conocer desde dentro la conducta de Trump antes y durante los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.

Como informó el New York Times, Durante dos horas impresionantes de directo en la televisión, Hutchinson describió a un ex presidente desquiciado que, según ella, fue advertido de que sus partidarios llevaban armas, pero no manifestó ninguna preocupación porque no eran una amenaza para él. Dijo que Trump trató de atrapar el volante de la limusina presidencial y se abalanzó sobre su agente del Servicio Secreto porque quería ir al Capitolio, y añadió que en un momento dado lanzó su propio plato de comida contra la pared en la Casa Blanca.

«Tomé una toalla y empecé a limpiar la salsa de ketchup en la pared para ayudar al chofer», atestiguó Cassidy Hutchinson.

(Más tarde, funcionarios del Servicio Secreto que pidieron el anonimato dijeron que los dos hombres que iban en la limusina presidencial con Trump estaban dispuestos a declarar bajo juramento que ninguno de los dos fue agredido por el ex presidente y que no alcanzó a tocar el volante).

Pero para el Servicio Secreto, la situación es difícil, puesto que había afirmado que había borrado los textos de los días 5 y 6 de enero, aunque esgrimiendo razones divergentes: primero por una actualización de software, y luego por la sustitución de dispositivos. El Comité Selecto emitió entonces una citación al Servicio Secreto para que presentara los textos borrados, lo que hasta el momento no se ha materializado.

También hay pruebas de que Trump planificó con antelación el llamado a los manifestantes del 6 de enero a marchar hacia el Capitolio, lo que demuestra que su discurso del mitin no fue un llamado espontáneo a la acción.

Ecos del Watergate… con esteroides

A medida que las audiencias continúan, cada vez se acumulan más testimonios y pruebas contra Trump. Y uno de los ex asesores más cercanos a Trump, el derechista rabioso Steve Bannon (que parece haber nacido con el dedo mayor en el aire), debe ahora no solamente aceptar declarar, sino también enfrentar cargos por desacato al Congreso debido a que ha desobedecido repetidamente las citaciones para testificar ante el Comité Selecto de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, Trump se está hundiendo aún más. Al parecer, sigue siendo incapaz de controlar sus impulsos, y parece haber llamado a un empleado de la Casa Blanca que debería declarar en una futura audiencia del Comité de la Cámara de Representantes. El empleado se negó a aceptar la llamada, y su abogado informó de ello a dicho Comité.

Mientras continúan las audiencias sobre el 6 de enero, es imposible predecir qué futuras revelaciones vendrán.

¿No oyen ustedes a Nixon riéndose en su tumba?

* Sharon Smith, militante de la izquierda socialista, reside en Chicago, integra la redacción de ISP. Es autora de Subterranean Fire: A History of Working-Class Radicalism in the United States (Haymarket, 2006) y Women and Socialism: Class, Race, and Capital (revisado y actualizado, Haymarket, 2015).

Fuente: ISP. Traducción de Correspondencia de Prensa

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