Desde hace unos meses, inundan los medios noticias sobre el rechazo a trabajar en sectores como la hostelería, el transporte o la construcción. «La gente no quiere trabajar», se lee con demasiada frecuencia. Entre las últimas consignas, que han creado polémica tras la entrevista de El Español a varios hosteleros, se encuentra esa de que «es más fácil estar en casa cobrando ayudas y viendo Netflix» o que «la gente ha recibido ayudas como los ERTE y está mejor en casa que trabajando». Como si los ERTE fueran eternos y suficientes para vivir, y como si muchas personas que los han recibido no se hubieran enfrentado a tantos problemas con la Agencia Tributaria para compensarlos después. Como si a quienes cobran ayudas de apenas 400 euros les llegara para vivir. Como si todo fuera tan fácil.
Dignificar la hostelería
Llama la atención la facilidad con la que se difunden y se aceptan ataques indiscriminados hacia millones de personas trabajadoras y otros millones en desempleo que buscan activamente un trabajo. Pero buscan eso, un trabajo. Son de sobra conocidas las condiciones que existen en muchos locales hosteleros y, en general, en el sector turístico en nuestro país. Cuando España decidió hacer del turismo el motor de su economía, también decidió que aspectos como la temporalidad fueran la base de esa economía.
Solo en la Comunitat Valenciana la tasa de temporalidad en la hostelería es del 42% frente al 27,9% en el resto de sectores, es decir, 14 puntos porcentuales más. La parcialidad en las jornadas es 13 puntos superior al resto, lo cual choca con el 11,7% de personas trabajadoras que realizan horas extra, más del doble que en resto de sectores. Pero sin duda el elemento más sangrante es el salario, nada más y nada menos que un 45% menos que en el resto, casi la mitad.
Desde el sindicato CCOO País Valencià denuncian además el «bloqueo permanente de las asociaciones empresariales en la negociación de los convenios colectivos» de la provincia de Castellón. De hecho, lleva sin ser revisado desde 2011 y el de Valencia, desde 2014. Así, «el grado de protección no ha sido total por la precariedad existente en la contratación realizada, el gran peso del trabajo no declarado y del desvío muy utilizado hacia la economía informal». El sindicato afirma que «dignificar las condiciones laborales del sector y favorecer de forma ágil la transición hacia un turismo más sostenible requiere de la cooperación necesaria de las políticas públicas en las que se defienda el interés general, y no solamente medidas encaminadas a favorecer sectores que mucho piden y poco han contribuido al trabajo decente y a la cohesión social».
A nivel nacional, también CCOO ha denunciado que «la situación era ya mala antes del covid-19 y ahora los empresarios pretenden recuperarse en dos días, explotando a sus trabajadores». Además, explica que muchos trabajadores se quejan de que no se cumplen los mínimos legales, «con contratos de 15 horas que conllevan trabajar 40» y, en algunos casos, ni siquiera llegan al salario mínimo interprofesional.
Condiciones precarias para camioneros
En el sector del transporte, especialmente en el de camioneros, el salario puede rondar los 2.000 euros, pero esto no compensa ni de lejos las exigencias. Como explicaba el mes pasado a Europa Press el secretario del sector de carreteras, urbanos y logística de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Andalucía, Antonio Rafael Muñoz López, «es un trabajo duro, que supone pasar muchos días fuera de casa, en caso de transporte nacional una media de ocho días y de 16 el internacional».
Además, las jornadas «son largas, la carretera tiene riesgos, sobre todo cuando hay empresas que presionan y fuerzan a incumplir horarios de conducción, medidas de seguridad, u obligan a realizar las cargas y descargas en el tiempo de descanso del conductor». Así, añadía que «los salarios y los tiempos de descanso no se corresponden con el esfuerzo realizado y la imposibilidad de conciliar vida laboral y familiar». Ni siquiera se respeta en muchos casos el descanso entre turnos. Mientras en el resto de profesiones la ley obliga a 12 horas, «a los conductores se les reduce en el mejor de los casos a once horas y en el peor, a nueve horas».

La construcción y la siniestralidad
Antes de la crisis de 2008, el sector de la construcción creció exponencialmente, algo que explotó con la burbuja inmobiliaria. Actualmente, es otro de los sectores a los que les cuesta recuperarse —en parte por la falta de mano de obra cualificada— y ahora mismo necesita 700.000 trabajadores. Su caso es especial, ya que, si bien los salarios en este sector superan hasta en un 30% el salario mínimo, el principal riesgo es la siniestralidad.
Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, de enero a julio de 2021 se han producido 317.258 accidentes laborales, 406 de ellos mortales —se puede decir que casi dos personas al día—. Naturalmente, no todos se han producido en la construcción, pero se trata del sector con mayor siniestralidad, solo superado en 2020 por el agrario. Y es que la agricultura, como explicó el técnico en Prevención de Riesgos Laborales de CCOO, Óscar Bayona, a Newtral.es, «no paró en ningún momento», además de que tuvo «una presión muy importante para producir en un contexto en el que había menos gente para trabajar en el sector».
Así, este año la construcción vuelve a situarse en primer lugar en la clasificación de sectores con mayor índice de accidentes mortales, 0,72 fallecidos por cada 100.000 personas afiliadas con cobertura —hay que tener en cuenta la cantidad de personas, especialmente inmigrantes sin papeles, que trabajan sin cobertura alguna, algo también muy habitual en el sector agrario—.
¿Un cambio social?
Parece que el fin de la pandemia es también el fin de un aspecto de la sociedad tal como lo conocíamos. Se puede observar un creciente rechazo a la precariedad que debe seguir así. La patronal y el empresariado que se han beneficiado durante tantos años de la sumisión incondicional de quien busca desesperadamente un trabajo por necesidad lo disfrazan —y lo seguirán disfrazando— de vagancia, de falta de cultura del esfuerzo de las nuevas generaciones y mil tonterías más.
Quizá deberían aceptar que la juventud no está dispuesta a que la exploten y que eso que ellos llaman «gusto por trabajar» para el obrero solo es una obligación para poder sobrevivir. Y que si existe algún aliciente en el trabajo, aparte de sueldo y buenas condiciones, rendirán más y mejor. Quizá esas personas a las que llaman «vagas» se han dado cuenta durante la pandemia de que existen cosas más importantes en la vida que el trabajo asalariado y no están dispuestas a dejar que su vida consista en pocos días de disfrute personal y muchos de desempeño de un trabajo que no les aporta nada.
Se busca trabajo
Independientemente de esto, lo cierto es que la juventud sí quiere trabajar, necesita trabajar. Pero, como decíamos, buscan un trabajo, no un puesto en el que las horas extras se paguen cuando interesa, se cotice la mitad mientras se trabaja el doble de horas y con turnos incompatibles con un estilo de vida digno, eso cuando pueden conocer de antemano el horario de turnos. Si además hablamos de familias, la conciliación debe ser un requisito indispensable en cualquier empleo, porque también existe el derecho a la vida familiar. Precisamente ayer hablábamos de las multinacionales textiles, en concreto de Inditex, donde la vulneración de derechos también es una constante.
Durante años, aprovechándose de la crisis de 2008 y la reforma laboral del PP en 2011, muchos empresarios han vivido a costa de las malas condiciones de su personal, con beneficios extra que jamás han compartido con ellos. Ya es hora de que se den cuenta de que eso se termina y de que una generación harta de todo lo que ha visto, lo que ve y lo que le queda por ver —como las peores consecuencias del cambio climático— está dispuesta a luchar por un trabajo digno y no aceptará que otros se cuelguen medallas o estrellas Michelín a costa de su falta de derechos.
Aun así, es triste pero lógico que alguien que tiene una familia tras de sí acepte cualquier trabajo. Esperemos que al menos aquellas personas que puedan permitirse declinar trabajos precarios lo sigan haciendo y obliguen al empresariado a aceptar la nueva situación. Y esperemos que la clase trabajadora comience a organizarse de nuevo para poder luchar colectivamente por sus derechos y a sentir empatía y compañerismo unos por otros, y no competencia.
Mejor descripción imposible. Siempre los poderosos beneficiándose y culpando al oprimido. Con el PER los que hacían el negociazo firmando peonadas falsas y cobrandoles a los jornaleros.