Como publicábamos ayer, Rodolfo Martín Villa declarará este jueves 3 de septiembre ante la jueza argentina María Servini, instructora de la denominada «querella argentina» que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista.

La cita telemática de Martín Villa, a quien se acusa de delitos de homicidio agravado cuando ejercía como ministro durante la Transición y se investiga su responsabilidad en 12 asesinatos, tendrá lugar en el Consulado de Argentina en Madrid a las 16:00 hora española.

De cara a la declaración indagatoria, son numerosas las cartas de apoyo que le están haciendo llegar a Martín Villa, unas cartas que ha entregado a la jueza argentina. Su objetivo es defenderse, pero sobre todo defender que en la Transición fue imposible que hubiese un genocidio.

Estas misivas de apoyo tienen como remitentes a los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, los exsecretarios generales de UGT y CCOO Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo, dos «padres de la Constitución» –Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca–, el exministro y presidente de la Fundación España Constitucional Eduardo Serra, el exministro y presidente de la Fundación Transición Española Rafael Arias-Salgado, el senador Jaime Ignacio del Burgo, el exministro Marcelino Oreja del exministro en Chile Enrique Krauss y el exministro portugués Jaime Gama. Además se destaca el apoyo explícito de Josep Borrell.

El citado medio ha tenido acceso a algunos de los textos de apoyo y, según informa, Zapatero defiende el papel de la transición y la Ley de amnistía como «un elemento central del Pacto de Transición», y destaca que «Martín Villa contribuyó con «convicción y eficacia» «a afianzar el nacimiento de la democracia en mi país. No tengo duda de que esta y no otra es precisamente la huella que él deja en la historia reciente de España».

«España llegó a la democracia a través de un gran pacto que solo se entiende a la vista de nuestra accidentada y muchas veces violenta historia política precedente, un pacto que el pueblo español ratificó y legitimó, y que protagonizaron, junto a la participación reciente de los líderes de la izquierda política en aquél proceso, jóvenes dirigentes que habían comenzado su andadura política en la etapa final del franquismo, pero cuyas acciones ya directamente atribuibles a su propia iniciativa política consistieron precisamente en contribuir de forma decisiva a esa ansiada llegada a la democracia a su país. El Sr Martín Villa fue entre ellos uno de los más destacados. (…)», añade el expresidente.

Antonio Gutiérrez exime de responsabilidad en los asesinatos investigados a Martín Villa, asegurando que evitó la violencia siempre que pudo. Asimismo ha afirmado que imputarle tales delitos «no es sólo una sarcástica e insostenible tergiversación de su trayectoria, sino de todo el proceso de Transición a la democracia». Toda esta defensa la hace en su escrito que titula: «Ahora sí le doy las gracias a Martín Villa».

Felipe González opina que el comportamiento de Martín Villa al frente del Ministerio de Gobernación fue impecable y fuertemente comprometido con el respeto al Estado de Derecho, su preservación y su desarrollo. Por ello considera que «se deberían depurar responsabilidades de los que, a mi juicio, de mala fe lo instaron y sin sentido» y además asevera la entrega de Rodolfo Martín Villa a la recuperación de las libertades democráticas de los españoles y su intenso quehacer en defensa del estado de derecho.

Cándido Méndez y Nicolás Redondo, por su parte, destacan el papel de Martín Villa «buscando la reconciliación entre españoles».

CeAqua, la agrupación de asociaciones querellantes, ha recordado que los hechos por los que está imputado Martín Villa en la querella argentina, tanto por acción como por omisión, integran doce asesinatos y cientos de heridos ocasionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que él dirigía y ha lamentado que los apoyos a Martín Villa consideren que su figura «como hacedor de consensos» lo exonere de cualquier responsabilidad penal».

Aunque será la Jueza Servini la que deberá determine si procesa o no al exministro de la Transición, la agrupación espera que sí sea procesado, «lo que supondrá un avance procesalmente indudable en la tramitación del proceso y un paso importante para poner fin a un modelo de impunidad incompatible con un Estado democrático».

Los crímenes de lesa humanidad que se le imputan al exministro, según la legislación argentina, son sancionables «con las penas de reclusión o prisión perpetua».