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Los fondos distressed o holdouts, más conocidos como fondos buitre, son fondos de capital riesgo que compran deuda de economías en problemas, cercanas a la quiebra, para posteriormente presionar y cobrar la totalidad del valor de esa deuda, además de los intereses por los años adeudados, sin atender a reestructuraciones o quitas. Su campo de acción abarca tanto a países con situaciones financieras críticas como a empresas con graves problemas económicos.

Este tipo de empresa tienen grandes beneficios, generan escaso empleo y son de poco valor añadido, además de no tributan en nuestro país, ya que tienen su sede en terceros países o en paraísos fiscales, dificultando con ello el control financiero y judicial de los mismos, y los que tributan lo hacen al 1%.

En nuestro país han entrado a través de Socimis en sectores sociales que afectan a derechos básicos de las personas como la vivienda, la salud o los servicios sociales. La vivienda ha sido despojada de su valor de uso para ser una mercancía de especulación y ganancia. Se ha producido una venta masiva de viviendas sociales a estos fondos en algunas Comunidades Autónomas, o la compra masiva de las grandes carteras de viviendas en manos de los bancos, convirtiendo a las entidades financieras en las mayores inmobiliarias privadas de este país, influyendo en el mercado del alquiler.

Esta especulación ha producido que solo en el año 2018 perdieran sus hogares 56.230 familias, un 4,5% más que el año anterior; y que los precios de la vivienda hayan crecido un 26% y los del alquiler un 30% entre 2014 y 2018, cuando los salarios han subido en este periodo solo un 2,1%.

 

Soluciones

Es necesario implementar reformas encaminadas a combatir las prácticas especulativas que atentan directamente a la economía, salud y bienestar de los ciudadanos. Reformas como las implementadas en Bélgica, Francia o Reino Unido, que limitan el cobro de la deuda cuando el acreedor persiga una ventaja ilegítima; o que sean los tribunales de los diferentes países donde radican los inmuebles, o las empresas donde se ha emitido esa deuda, los que dirijan los litigios en lugar de tener que presentar las demandas en legislaciones más permisivas con estos fondos.

 

Vivienda digna en España

Nuestro país necesita incorporar urgentemente a nuestro ordenamiento el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible como un auténtico derecho subjetivo, para poderlo invocar ante las Administraciones Públicas y ejercitar, si procede, ante los tribunales de justicia.

Las Administraciones deben realizar mayores inversiones en Parques de Vivienda Pública, hasta alcanzar el 1,5% del PIB, que dé soluciones habitacionales a las miles de familias que demandan una vivienda a precios asequibles.

Por su parte, es imperativo que todos los partidos políticos incorporen el derecho a una vivienda digna en sus programas de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Un derecho tan básico como una vivienda adecuada y accesible debe garantizarse por ley lo antes posible.

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