Los Franco tendrán que acudir a los tribunales a comienzos de julio por un pleito con el Estado sobre la propiedad del Pazo de Meirás. Los servicios jurídicos del Estado mantienen que la operación de compraventa en 1941 por parte del dictador fue “simulada”, mientras que los abogados de los Franco han seguido insistiendo en que el documento cuestionado por los servicios jurídicos del Estado es “totalmente válido”.

Los servicios jurídicos del Estado sostienen en su demanda que la compra de Meirás por parte del dictador fue “simulada y fraudulenta”. El 3 de agosto de 1938 se otorgó la escritura de compraventa entre la entonces propietaria del palacete, Manuela Esteban Collantes, y la Junta Pro Pazo del Caudillo por 406.346 pesetas, un dinero que había sido adelantado en hipoteca por el Banco Pastor y cuya financiación se planteó inicialmente a través de una suscripción popular que, al no dar el resultado esperado, se convirtió en recaudación forzosa.

La familia Franco trata de anular el documento hallado por los servicios jurídicos del Estado. En su escrito de contestación, sus abogados alegan la existencia de irregularidades en la escritura de 1938, un documento que “no produjo ni pudo producir la transmisión del pazo” porque Esteban Collantes no disponía en ese momento del “indispensable título sucesorio para poder vender el inmueble”.

Ante la evidencia de esas “deficiencias legales”, argumentan en el escrito de contestación, “todas las partes intervinientes en el proceso (vendedora, Junta Pro Pazo y Francisco Franco) decidieron formalizar una escritura pública en 1941 transmitiendo directamente la propiedad” al dictador.

Un largo camino

El pazo fue propiedad en su origen de la escritora gallega Emilio Pardo Bazán y, tras su muerte, las propietarias legítimas pasaron a ser su hija y la viuda de su hijo, quienes intentaron donar la propiedad a la Compañía de Jesús bajo unas condiciones que no fueron aceptadas. En 1938 las autoridades franquistas decidieron agasajar al dictador regalándole el inmueble como residencia veraniega y, para ello, crearon la conocida como Junta Pro Pazo del Caudillo. Se procedió a la recaudación de fondos reteniendo parte del salario de los funcionarios públicos t enviando grupos de falangistas casa por casa para recaudar donativos particulares.

El caso tiene un largo recorrido. En septiembre de 2007 se aprobó en la Cámara Baja una proposición no de ley del grupo IU-ICV en la que se instaba al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a adoptar “las iniciativas o actuaciones necesarias” para colaborar con la Xunta de Galicia en el procedimiento para declarar el pazo “patrimonio cultural” al “servicio y disfrute de los gallegos” y a estudiar “las posibilidades de expropiación como patrimonio público”. “Algunos de estos bienes, de indudable valor económico, pueden ser, además, de interés cultural, histórico o artístico. Este hecho convierte en ineludible la responsabilidad del Estado en la recuperación, con el mínimo coste económico posible, de estos bienes que nunca deberían haber dejado de ser de titularidad estatal”, se indicaba en la proposición no de ley

En 2008, el Ejecutivo bipartito gallego –PSdeG y BNG– dio luz verde al decreto por el que el Pazo de Meirás pasaba a incluirse en la lista de Bienes de Interés Cultural (BIC), lo que obligaba a la familia del dictador a abrirlo al público cuatro veces al mes de forma gratuita.

En 2017, tras conocerse que la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) asumía el control de las visitas a petición de la familia del dictador, el Parlamento gallego acordó la creación de una comisión de expertos para analizar la situación, quienes concluyeron que se puede defender “el derecho a la adquisición por usurpación de la condición de bien de dominio público”. En este sentido, sostenían que la llamada vía de la “demanialización” permitiría incorporar el inmueble al dominio público por la “fuerza del uso”.

La Abogacía interpuso ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña una demanda contra los herederos del dictador. En el proceso también se encuentran como partes personadas la Xunta y los ayuntamientos de A Coruña y Sada. El alcalde de este último municipio, Benito Portela, asegura en conversación con infoLibre que están “satisfechos” y con “las expectativas altas”.