Los gobiernos de PP y Vox saltan por el aire: la oportunidad de la izquierda

Las rupturas en los gobiernos autonómicos de derecha podrían fortalecer a la izquierda, que ve en esta crisis una oportunidad para avanzar en sus políticas inclusivas.

La reciente decisión de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) de aceptar el reparto voluntario de 209 menores migrantes ha desencadenado una crisis sin precedentes en sus gobiernos de coalición con Vox. Este miércoles, durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife, los consejeros del PP confirmaron su apoyo a la acogida de menores en el marco de un acuerdo voluntario iniciado en 2022. Sin embargo, esta postura ha desatado una feroz reacción del partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal, que acusa a Feijóo de «romper los pactos de gobierno».

En un comunicado incendiario, Vox ha exculpado a los barones territoriales del PP, atribuyendo toda la responsabilidad a la dirección nacional del partido. La ultraderecha acusa a Feijóo de haber obligado a los presidentes regionales a votar sí al reparto de menores extranjeros no acompañados (menas), un término cargado de connotaciones negativas en su retórica xenófoba. Esta estrategia de señalar a Feijóo y no a los líderes regionales parece buscar mantener la posibilidad de seguir colaborando a nivel autonómico mientras se confronta con la cúpula del PP a nivel nacional.

LA FRÁGIL ESTABILIDAD DE LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS

Desde el PP han manifestado su preocupación ante la posibilidad real de que Vox rompa los acuerdos de gobernabilidad en varias autonomías. A pesar de la incredulidad inicial, los populares reconocen que el riesgo de ruptura es significativo. Esta tensión amenaza especialmente a Castilla y León y Extremadura, donde la relación entre PP y Vox ha sido especialmente conflictiva.

En Castilla y León, la legislatura comenzó en 2022, adelantándose un año a las demás, lo que hace que la próxima cita electoral esté más cercana. La figura del vicepresidente ultra, Juan García-Gallardo, ha sido fuente constante de controversias, incrementando la inestabilidad del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. En Extremadura, la ruptura resultaría más sencilla para Vox, dado que solo ostentan una consejería, aunque tienen numerosos cargos públicos. Sin embargo, cualquier ruptura parcial en algunas regiones y no en otras plantea un desafío de coherencia para Vox, que ha amenazado con romper todos los acuerdos si el reparto se lleva a cabo.

La estrategia del PP ha sido aceptar únicamente la acogida de los 209 menores acordada en 2022, evitando cualquier nuevo reparto para dificultar que Vox cumpla con su amenaza. «No temo la estabilidad de mi Gobierno. Sería una gran sorpresa para mí», declaró Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, uno de los cinco barones populares que gobiernan con Vox. Mazón argumentó que se trataba de ratificar un acuerdo anterior y no de un nuevo reparto, una maniobra que buscaba calmar las tensiones.

UN PULSO ENTRE FEIJÓO Y ABASCAL

En su comunicado, Vox reprochó a los consejeros del PP que han votado sí al reparto de menores, obedeciendo a Feijóo, a quien acusan de debilidad y de arrodillarse ante Pedro Sánchez. «Feijóo ha llamado uno a uno a sus presidentes autonómicos para imponerles su postura», acusa Vox, destacando una supuesta traición a los acuerdos internos y la colaboración con el PP. Abascal insiste en que Vox no será cómplice de los delitos que atribuyen a los menores migrantes, utilizando un lenguaje que vincula peligrosamente la inmigración con la criminalidad.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su irritación con Feijóo y ha subrayado que «para estafar a los españoles, para saquearlos y ponerlos en peligro, que no cuenten con nosotros». En este contexto, solo el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha insinuado públicamente su disposición a abandonar el cargo, alegando que sus principios están por encima de su posición en el gobierno.

Desde la dirección del PP, se ha intentado poner en valor la decisión de aceptar el reparto de menores como un acto de firmeza frente a la extrema derecha. Feijóo busca proyectar una imagen de liderazgo decidido, especialmente después de que los acuerdos con Vox en cinco comunidades autónomas lastraran las opciones electorales del PP en las generales de julio de 2023.

LA IZQUIERDA GANA TERRENO

La crisis actual evidencia las tensiones internas dentro del PP y entre los partidos de la derecha española. La ultraderecha, con su retórica incendiaria, desafía constantemente a sus socios de gobierno, poniendo en peligro la estabilidad de las autonomías que gobiernan conjuntamente. La última palabra la tendrá Abascal, quien hasta ahora ha intentado preservar los pactos, pero no oculta su descontento con Feijóo.

Esta ruptura no solo deja a los gobiernos autonómicos de PP y Vox en una situación precaria, sino que abre una ventana de oportunidad para la izquierda. Las fracturas internas en la derecha pueden fortalecer las posiciones progresistas, que observan cómo sus oponentes se desgastan en luchas internas. La gestión de la acogida de menores migrantes se ha convertido en un campo de batalla que podría tener consecuencias profundas para el futuro político de España.

La izquierda debe capitalizar este momento de debilidad en sus adversarios, demostrando que la solidaridad y la acogida humanitaria son valores esenciales para una sociedad justa y equitativa. La crisis actual no solo es una oportunidad para desmantelar los gobiernos de la derecha, sino para reivindicar políticas inclusivas y solidarias que pongan a las personas por delante de los intereses partidistas.

En definitiva, la crisis entre PP y Vox no solo expone la fragilidad de sus alianzas, sino que subraya la necesidad de una política que priorice el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas. La izquierda tiene ahora la responsabilidad y la oportunidad de liderar este cambio, mostrando que otro camino es posible y necesario para España.