Jair Bolsonaro, que no para de recibir críticas por su gestión de la crisis sanitaria y de la deforestación de la Amazonía, ahora se enfrenta a acusaciones sin precedentes. La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil presentará una denuncia contra el presidente ante la Corte Penal Internacional en La Haya por delitos de genocidio y ecocidio.

El pasado 23 de junio, una comisión internacional de 12 juristas, apoyada por la sociedad civil, recogió el delito de ecocidio, considerado un crimen contra el conjunto de la humanidad, pero especialmente contra el planeta, y pretende incorporarlo a la Corte Penal Internacional.

La denuncia de la APIB se sumará a otra formulada en 2019 por el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos (CADHu) y la Comisión Arns, formada por exministros de varios Gobiernos e intelectuales brasileños para velar por los derechos humanos, que presentaron ante el Tribunal de La Haya los indicios de crímenes de lesa humanidad e incitación al genocidio de los pueblos indígenas cometidos por Bolsonaro.

El avance de la deforestación y los incendios en la Amazonia fueron fundamentales para el caso. En diciembre de 2020, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional informó que se estaba realizando la evaluación preliminar de jurisdicción de la denuncia, convirtiéndose en el primer caso de este tipo contra un presidente brasileño que prospera en el organismo internacional y no se archiva.

“El estado actual ya es histórico y no tiene precedentes. Si se abriera la investigación, sería una revolución, porque no estamos hablando de la responsabilidad del Estado, sino de la responsabilidad de determinados individuos, que pueden ser condenados por cometer estos delitos”, afirma Eloísa Machado, abogada del CADHu.

La Corte Penal Internacional acepta denuncias como las que se han presentado contra Bolsonaro cuando considera que las autoridades judiciales del propio país no tienen capacidad para investigar o juzgar tales irregularidades. Las organizaciones denunciantes aseguraron a la Corte de La Haya que “los tribunales nacionales no han dado muestras de querer responsabilizar a los culpables”.

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