Hoy martes 16 de octubre es el primer aniversario de la entrada en prisión de Jordi Sanchez y Jordi Cuixart, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y líder de Òmnium Cultural.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela les consideró promotores y directores del asedio a la Consejería de Economia de la Generalitat el 20 de septiembre, donde varios guardias civiles realizaron un registro.

«Los Jordis» fueron los primeros encarcelados y les seguirían el 2 de noviembre el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros siete exconsellers, donde nueve permanecen en ella de forma preventiva.

Amnistía Internacional (AI) insiste en pedir su libertad al considerar «injustificable» esta medida por ser «excesiva y desproporcionada» de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

La organización carga contra las últimas decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional por mantenerlos en prisión pues «en lugar de aprovechar la oportunidad para poner fin» al régimen de prisión provisional, «las autoridades judiciales han agravado esta injusticia», asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, en un comunicado.

Amnistía Internacional dice que «los cargos que pesan contra los Jordis deben ser retirados«, si bien «en caso de demostrarse que convocaron a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita, esto podría ser perseguido, ya que podría tratarse de una alteración de orden público, y ser objeto de sanción penal». Pero «atribuirles delitos graves como la rebelión o la sedición es desproporcionado y una restricción excesiva de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica«, asevera Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional en Cataluña.

La organización defiende que los Jordis «tenían derecho a organizar y promover reuniones pacíficas en apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña«. Y aunque admite que «los estados pueden imponer algunas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión con determinados fines legítimos«, como proteger el orden público o la seguridad nacional, requiere que las autoridades «demuestren que esas restricciones son necesarias y proporcionadas» al objetivo perseguido, «algo que no ha ocurrido en este caso».

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