El impacto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre ejecuciones hipotecarias del pasado 26 de marzo ha alcanzado al Tribunal Constitucional, que ha dado un giro radical al recurso de amparo. El pasado 28 de febrero dictó una sentencia que declaró la nulidad de una ejecución hipotecaria dictada por un juez de Madrid porque infringía el derecho comunitario.

Gracias a esta sentencia se está propiciando un profundo cambio social en España, ya que refuerza los derechos de los consumidores más vulnerables en materia de vivienda. Se han archivado ya los primeros desahucios de los cerca de 20.000 paralizados en los tribunales.

Mientras el propio Tribunal Supremo sigue sin pronunciarse sobre esta cuestión después de la respuesta del TJUE, varios juzgados de primera instancia ya han interpretado la reciente doctrina europea y anulan la abusiva cláusula de vencimiento anticipado. Los juzgados de Primera Instancia nº 1 de L’Hospitalet de Llobregat y el de Primera Instancia nº 2 de Badajoz, en sus autos del 10 de abril, declararon los primeros archivos de los procedimientos de ejecución hipotecaria. Entendían que las hipotecas contenían cláusulas abusivas de vencimiento anticipado y que eliminarlas o modificarlas podría acarrear perjuicios al deudor, por lo que no se cumplían los requisitos del TJUE para mantener la vigencia de los contratos hipotecarios. También han fallado en esa línea otros Juzgados de Primera Instancia de Tenerife, de Sabadell o de Mollet del Vallés.

El drama de los desahucios ha sido probablemente la parte más cruel de la crisis económica. Cientos de miles de familias han perdido sus viviendas, entre desahucios hipotecarios, de alquileres o entregas al banco ante la imposibilidad de pagar las cuotas. Y los estragos generados por la legislación sobre la vivienda continúan.

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El año pasado se registraron casi 60.000 desahucios, la mayoría por impago de alquileres, pero 18.945 fueron por procedimientos hipotecarios amparándose en una legislación reiteradamente condenada en varios puntos por la justicia europea. La principal defensa de los expulsados ha sido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha logrado detener miles de desahucios y entablar una defensa jurídica que ha logrado notables victorias ante la justicia europea.

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