Los letrados del Congreso se oponen a la investigación parlamentaria sobre Juan Carlos I, posicionándose en contra del criterio de la Fiscalía, y alegando que la inviolabilidad del rey se mantiene incluso después de abdicar. Lo que se pretendía es aclarar la implicación del rey emérito en el cobro de 80 millones de euros como supuesta comisión por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas.

La Constitución establece que «la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad» y se interpretaba que eso terminaba con la abdicación para sortear el veto de los letrados del Congreso, el cuerpo jurídico que en ocasiones anteriores ya había tumbado comisiones parecidas.

Los letrados del Congreso consideran que no procede admitir a trámite la petición de la comisión de investigación porque la inviolabilidad del rey es absoluta y que las comisiones pide investigar proceden de su etapa como rey.

Unidas Podemos, junto con otros partido, solicitó esta comisión de investigación «sobre las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí, su vínculo con instituciones y empresas españolas y sus efectos sobre el erario público» a partir de 2014, cuando Juan Carlos abdicó.

Sin embargo, la comisión estaba condenada porque PSOE, PP y Vox, que suman mayoría, habían anunciado su rechazo. Pero con este informe es posible que no llegue ni al pleno y que lo tumbe la Mesa de la Cámara directamente.