Miles de afectados por la resolución de Popular en junio de 2017 acaban de presentar sus primeras demandas civiles contra el Banco Popular (hoy Santander) por las pérdidas sufridas desde 2012. Así lo están planteando los despachos B. Cremades & Asociados en representación de accionistas y bonistas e IUS + Aequitas Abogados, que asesora a socios de la OCU.

Un dictamen pericial encargado por estos despachos corrobora que las cuentas y folletos de Banco Popular no reflejaban la realidad de la empresa, por lo que ambos reclamarán las pérdidas de sus clientes desde entonces, independientemente de si acudieron o no a las ampliaciones de capital o si invirtieron en el mercado secundario.

Los bufetes consideran que el informe pericial que han encargado y el reciente informe de los inspectores del Banco de España contribuirán a confirmar que los inversores de Banco Popular deberían recibir una justa indemnización.

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Ambos despachos están presentes en distintos frentes legales abiertos, como ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la resolución de Popular y la denegación de acceso íntegro a la documentación que la justificaba; y ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, contra la ejecución por el Frob de la resolución. Además, Ius + Aequitas Abogados está personado ante el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional por presuntos delitos de falsedad contable y estafa de inversores donde la OCU ejerce la acusación popular.