La decimocuarta legislatura comenzó oficialmente el 3 de diciembre con la constitución de las Cortes, un punto de partida para que PSOE y Podemos comenzarán a negociar cómo construir un programa político conjunto: empleo, servicios sociales, banca, vivienda o energía, entre otras.

Trabajo es una de las carteras que estarían bajo el control de los morados y la reducción de los contratos temporales, la limitación de la subcontratación, el fortalecimiento de los subsidios por desempleo, las subidas progresivas del salario mínimo interprofesional o la derogación de las partes de la reforma laboral consideradas más lesivas son algunas de las principales cuestiones que forman su plan de trabajo.

La exigencia de los morados en cuanto al salario mínimo es aumentarlo a los 1.000 euros en los próximos Presupuestos y que al final de la legislatura equivalga al 60% del salario medio, en consonancia con las recomendaciones de la Carta Social Europea. También buscar una mayor protección para el trabajo, lucha por el aumento de los contratos de larga duración y batalla contra la precariedad laboral. Por último, revisar y modificar el tema de las subcontratas.

Los autónomos es una de las materias claves. Unidas Podemos propone como medidas: luchar contra los falsos autónomos, ajustar la cotización a sus rendimientos reales y establecer o ajustar las prestaciones por desempleo, entre otras.

En el campo de la contratación, se priorizará y aumentará el decreto del Gobierno de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral, encaminado a endurecer la cotización para contratos de corta duración.

Renuncias

Unidas Podemos ha tenido que renunciar a mucho en su pacto de coalición con el PSOE, como, por ejemplo: intervención en el mercado de los alquileres, modificar el decreto sobre vivienda para mejorar la protección contra subidas abusivas del alquiler o desahucios, intervención en el mercado del precio de la luz o derogación total de la anterior reforma laboral.

Y no son las únicas renuncias. se ha descartado el ‘impuesto a la banca’ o medidas relacionadas con la Sareb que sí se habían incluido en el pacto de los PGE, como elaborar «un plan de actuación de Sareb para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales».