En un intento por corregir los privilegios históricos de la Iglesia Católica, el Gobierno ha derrapado y ha extendido los beneficios fiscales a otras religiones, incluyendo la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) y los Testigos de Jehová. Los privilegios deberían ser eliminados en lugar de extendidos.
El Ministerio de Presidencia ha llegado a un acuerdo con líderes de diversas religiones para que estas confesiones disfruten de los mismos beneficios fiscales que las mayoritarias, equiparándolas a ONG o fundaciones. La reforma, que se aprobará a través de una enmienda del PSOE en el Congreso, ha generado oposición por parte de Unidas Podemos, Más País, Bildu y Ciudadanos, entre otros.
Laicidad inclusiva como excusa
Este acuerdo es un paso más hacia lo que el Gobierno considera “laicidad inclusiva”. Hace un mes, el Ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, firmaron un canje de notas en el cual la Iglesia Católica renunciaba a la exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y los impuestos especiales. A cambio, el Gobierno renunciaba a exigir el pago del IBI a la institución.
La medida garantizará por ley el mismo trato fiscal que disfrutan el resto de confesiones religiosas con arraigo en España y entidades sin ánimo de lucro. En teoría, todas las religiones reconocidas por el Estado estarán exentas del cobro del IBI para los bienes destinados al culto, así como sus dependencias, edificios y locales anejos. También se reconocerán otras exenciones fiscales, como el impuesto de sociedades, el impuesto de actividades económicas (IAE) y el impuesto de plusvalía.
Críticas a la extensión de privilegios fiscales
Instituciones como Europa Laica critican la medida. Su presidente, Juanjo Picó, lamenta que las religiones sean “organizaciones privadas de creyentes” y afirma que los privilegios deben ser combatidos eliminándolos, no extendiéndolos.
Formaciones políticas a la izquierda del PSOE y colectivos laicos señalan la “ilegalidad” que supone que la Iglesia Católica no pague IBI por la gran cantidad de bienes inmuebles no destinados al culto, y por los que obtiene rendimientos dinerarios, como pisos, garajes, jardines, colegios o teatros. Expertos consultados califican esta situación de “casi diabólica” debido a la falta de un listado de bienes a nombre de las distintas instituciones que conforman la Iglesia Católica en España, lo que dificulta determinar la cantidad de dinero que la Iglesia deja de aportar a las arcas públicas.
No se incluye casilla en la declaración de la renta para otras confesiones religiosas
La norma acordada no incluye casilla alguna en la declaración de la renta para ninguna otra confesión religiosa que no sea la católica, que en el último ejercicio sumó más de 320 millones de euros por este concepto, la mayor cantidad de la historia. Esto sigue siendo privilegio exclusivo y permitido.