Los representantes legales de Repsol y Caixabank comparecerán el lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón tras la imputación de ambas entidades por el encargo que habrían realizado al comisario José Manuel Villarejo de investigar al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero en un contexto de pugna por el control de la petrolera.

El pasado 8 de julio, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 acordó imputar a Repsol y Caixabank como personas jurídicas por delitos de cohecho y revelación de secretos por su presunta participación en la contratación de Villarejo, llamando ya a los representantes legales de ambas para este lunes a fin de informarles sobre los hechos que se les atribuyen.

En esta pieza separada 21 de la macrocausa ‘Tándem’ se investiga el ‘Proyecto Wine’, por el que estas dos compañías habrían recurrido a Villarejo con la intención de «frustrar» un pacto de Del Rivero con la petrolera mexicana Pemex para hacerse con el control de Repsol YPF, compañía en la que Caixabank era accionista de referencia.

Hasta el momento, además de a los responsables de seguridad de ambas entidades, el magistrado ha citado como investigados tanto al presidente de Repsol, Antonio Brufau, como al presidente de la Fundación La Caixa y de Criteria Caixa, Isidro Fainé.

No obstante, García-Castellón entiende que también habría responsabilidad penal en Repsol y Caixabank porque el encargo a Villarejo se habría hecho con implicación de dichos directivos pero en nombre y beneficio de las empresas.

«GRAVE FALLO EN LA DILIGENCIA EXIGIBLE»

El juez quiere determinar si hubo «una omisión de las cautelas a que vienen obligadas» ambas compañías por su «posición de garante». En este sentido, manifestó que alberga «dudas sobre la diligencia empleada por las entidades en la contratación de los servicios de Villarejo al menos en dos extremos: la legalidad del servicio contratado y la condición de funcionario público».

García-Castellón razonó que, aunque Repsol y Caixabank «justifican la legalidad del contrato en la convicción de que se trataba de servicios profesionales de seguridad privada amparados por la legislación vigente», ninguna mercantil de CENYT –el grupo empresarial de Villarejo– estuvo nunca legalmente habilitada para ejercer estas actividades.

Por eso, vio necesario interrogar a los representantes legales «respecto a este grave fallo en la diligencia exigible», subrayando que podrían haber comprobado «fácilmente» este dato a través de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional o de cualquiera de sus unidades territoriales radicadas en todas las provincias.

ARAUJO, PARTICULARMENTE NEGLIGENTE

Para el instructor, es llamativo que no se practicara esta verificación por parte del que fuera responsable de Seguridad de Repsol, Rafael Araujo, toda vez que «fue jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional durante los años 2002 y 2003, tal y como se puede comprobar en el BOE, a través de fuentes abiertas».

«Por lo que no solo debía conocer el modo de acceder a esta información, sino que se aprecia particularmente negligente que concertara un servicio de seguridad privada con una empresa sin averiguar si estaba habilitada para ejercer tal actividad», enfatizó.

Le llamó igualmente la atención que el entonces director de Seguridad de Caixabank, Miguel Fernández Rancaño, tampoco hiciera esa comprobación teniendo en cuenta que fue comisario y «tuvo bajos su dependencia a varias unidades territoriales de Seguridad Privada».

«Resulta evidente que en el presente caso no se hizo comprobación alguna por parte de ninguna de las dos entidades para averiguar si CENYT podía prestar servicios de seguridad privada», concluyó para recalcar que se trata de una «negligencia estrechamente vinculada con el resultado delictivo investigado».

Además, el juez estimó que tanto Rancaño como Araujo, aunque no se encontraban en activo, debían conocer el escalafón de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía para saber que Villarejo ejercía como policía en activo cuando las dos compañías investigadas contrataron sus servicios.

Fuente: Agencias (Europa Press), Contrainformación

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