Quentin Aubineau
Abogado de IIDMA


Con la celebración de la COP 25[1] en España, Madrid se ha convertido en la capital mundial para la lucha contra el cambio climático. Durante dos semanas (2-13 de diciembre), los Estados Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se reunirán para adoptar decisiones técnicas a fin de facilitar el buen desarrollo de la COP 26 de 2020, en Glasgow, en la que deberán actualizar sus contribuciones nacionales determinadas para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París[2]. En total, son más de 25.000 personas (empresas, medios, ONG, sociedad civil, etc.) las que llegarán a Madrid estos días para debatir sobre el Cambio Climático.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIEC), “es sumamente probable” que “las emisiones de gases de efecto invernadero […] así como otros factores antropógenos […] hayan sido la causa dominante del calentamiento observado a partir de la segunda mitad del siglo XX”. Varios modelos y estudios científicos han destacado la probable vinculación entre el calentamiento global y el aumento de la intensidad de las tormentas o de las lluvias torrenciales, así como de la frecuencia de las olas de calor, de los episodios de sequía, de los incendios y también de las olas de frío polar[3]. Según el Global Climate Risk Index (CRI)[4], España es el 34º país a nivel global, y el quinto país europeo, que se ha perfilado como más expuesto y vulnerable a los eventos climáticos extremos entre los años 1998-2017. Desde entonces, España ha sufrido varias inundaciones, olas de calor, incendios[5] y tormentas[6]. Estas catástrofes naturales provocan daños físicos y ambientales irreversibles. Por otra parte, estos eventos adversos también generan costes económicos considerables debidos a los daños materiales que necesitan reparación.

Las emisiones de GEI siendo la principal causa del calentamiento global, los Estados Parte están obligados a reducirlas para cumplir con el Acuerdo de París y limitar el calentamiento global por debajo de 2ºC, y si posible de 1.5ºC. Para alcanzar este objetivo, la transición hacia una economía descarbonizada es esencial. Por ello, no se puede seguir apostando por los sectores con mayor intensidad de uso del carbón (energía y transporte). En otras palabras, en estos sectores se tiene que llevar a cabo una transición energética hacia renovables en lugar de los tradicionales combustibles fósiles.

Sin embargo, todavía se están desarrollando muchos proyectos de nuevas centrales térmicas de carbón[7]. Dichas infraestructuras son proyectos que conllevan un riesgo económico debido a la inversión inicial y al coste que supondría un accidente durante su fase de funcionamiento. Por lo tanto, más que inversiones, los proyectos de nuevas centrales térmicas de carbón necesitan aseguramiento. Entonces, las aseguradoras juegan un papel clave en la lucha contra el cambio climático ya que, sin aseguramiento, los proyectos basados en combustibles fósiles, que son los que más GEI emiten, no podrían desarrollarse.

En este sentido, se publicará en diciembre el segundo informe de Unfriend Coal, que hace una clasificación de las políticas de las aseguradoras y reaseguradoras con respecto a la exclusión del carbón de sus actividades. A fecha de julio 2019, 16 aseguradoras tenían una política que restringía su participación en el sector del carbón, de las cuales 9 las adoptaron en 2019[8]. No obstante, es necesaria más ambición en estas políticas para limitar el calentamiento global y sus efectos negativos, tal como los desastres naturales.

Asimismo, las catástrofes naturales tienen consecuencias en el mercado asegurador por la esencia misma de este negocio. Las aseguradoras otorgan pólizas a asegurados para cubrir la ocurrencia de daños mencionados en el contrato de seguro. A cambio, los asegurados pagan primas mensuales o anuales a las aseguradoras. Por lo tanto, una aseguradora gana dinero cuando no ocurren accidentes o desastres y por eso ahorra las primas recogidas.  Así, los daños consiguientes debidos a catástrofes naturales afectan los resultados económicos de las aseguradoras.

El Real Decreto 300/2004 establece el Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios[9] por el que se determinan las modalidades de compensación por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) en caso de siniestros extraordinarios. Según el marco legislativo, el CCS tiene que “satisfacer las indemnizaciones derivadas de siniestros extraordinarios a los asegurados que, habiendo pagado los correspondientes recargos en su favor, no tengan amparado el riesgo extraordinario de que se trate por la propia póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora[10]. En las primas de seguros pagadas por los asegurados, un recargo financia el CCS. Sin embargo, si se multiplican los desastres naturales y los costes que conllevan, este mecanismo de compensación no será económicamente sostenible.

El aumento de la frecuencia y de la intensidad de los eventos climáticos supondría costes económicos insostenibles para el sector asegurador. Por una parte, el incremento del coste de las primas de seguro aumentaría las provisiones técnicas en mano de las aseguradoras para cubrir los daños potenciales. Pero esto tampoco sería suficiente para hacer frente a una multiplicación de las catástrofes naturales. Por otra parte, las aseguradoras podrían dejar de asegurar bienes en zonas donde la probabilidad de ocurrencia de eventos climáticos es más alta, como es el caso de las zonas costeras. Esta hipótesis aumentaría la vulnerabilidad de las personas al cambio climático, ya que podrían perder todo por culpa de un evento climático.

Por lo tanto, las aseguradoras no pueden seguir participando en sectores que emiten GEI, los cuales acelerarán los efectos del cambio climático y complicarán sus posibilidades de adaptación los nuevos retos derivados del calentamiento global. El sector asegurador, siendo a la vez responsable y víctima de las consecuencias del cambio climático, necesita mitigar los riesgos climáticos, ya que sus opciones de adaptación no parecen económicamente ni éticamente viables.

[1] https://unfccc.int/cop25
[2] https://unfccc.int/es/node/201185
[3] IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C.An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty
[4]https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202019_2.pdf
[5] https://www.farodevigo.es/tags/incendios-en-galicia.html
[6]https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202019_2.pdf
[7] https://www.carbonbrief.org/mapped-worlds-coal-power-plants
[8] https://unfriendcoal.com/coal-insurance/
[9] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-3373
[10] https://www.consorseguros.es/web/ambitos-de-actividad/seguros-de-riesgos-extraordinarios/funcion-y-objetivo

Quentin Aubineau

Abogado de IIDMA

Derecho del Medio Ambiente