La represiva decisión del Gobierno de dejar sin conectividad los teléfonos que ocupen una zona geográfica en la que se realice una protesta o manifestación ya es posible. Esta medida, más propia de un libro de George Orwell, acaba de ser aprobada del texto por la Comisión Permanente del Congreso. Se trata de una ley sin precedentes en la democracia española. Solo los partidos nacionalistas y Vox (que está en contra de todo) han votado en contra.

El ‘decretazo digital’ permitirá la intervención de internet a cualquier nivel en caso de desórdenes públicos. Hasta ahora el Ejecutivo tenía el poder de cerrar páginas web ante la sospecha de posibles delitos (como de propiedad intelectual) pero siempre con orden judicial de por medio. Ahora, tras el decreto ley recién convalidado con el apoyo del PP y Ciudadanos (50 votos a favor de PSOE, PP y Cs, 10 en contra de partidos nacionalistas y Vox y las más que sorprendentes 8 abstenciones de Podemos), el Gobierno podrá cortar redes y comunicaciones en una zona concreta del territorio español sin orden judicial.

Para juristas y activistas, el ‘decretazo’ es un atropello a los derechos fundamentales de los ciudadanos y contrario a la Constitución. Suspender el servicio de datos móviles e Internet para todos los smartphones que participen en una acampada de protesta o tomen parte en una huelga es una legislación que afecta a los derechos fundamentales.

«La hiperconectividad nos hace más vulnerables ante los ciberataques contra infraestructuras críticas, el espionaje y otras ciberamenazas. Es necesario garantizar a los ciudadanos los mismos derechos en el mundo digital que en el mundo analógico Este, y no otro, es el objetivo que persigue el Real Decreto Ley. Se trata de una norma urgente dada la situación política actual», ha asegurado la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, en la defensa del Decreto Ley.

Los partidos nacionalistas han sido los únicos que han tenido cierta cordura y lamentaron la decisión. «Permite que sea el Gobierno, y no un juez, el que corte el acceso a internet, redes sociales y servicios electrónicos. El redactado afecta de una forma tan flagrante a la libertad de expresión que permitiría al Gobierno censurar fotos y contenidos en plataformas como Twitter o Facebook. Se podrán cerrar webs o pinchar cualquier canal de comunicación. La censura en internet es un peligroso sendero», ha señalado Montserrat Bassa, portavoz de ERC.

El portavoz de Unidas Podemos, Antón Gómez-Reino, evitó una crítica directa que luego se traduciría en una abstención. El inminente acuerdo de investidura es una sombra demasiado alargada y su peso se acaba de notar por primera vez.

Con la convalidación del decreto se inicia hoy otra cuenta atras: el próximo 5 de febrero termina el plazo para la presentación de recursos de inconstitucionalidad, justo tres meses después de su publicación en el BOE. Se formalizarán varios. Pero, según Luján, el daño ya está hecho. «Pueden pasar meses o incluso años hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el asunto. Mientras tanto, tendremos que cargar con una legislación altamente hostil contra los derechos digitales».

La PDLI promoverá la nulidad por el Constitucional del ‘Decretazo Digital’

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), junto con las organizaciones y expertos que se quieran sumar, van a promover la nulidad del ‘Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones’ convalidado hoy por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. Para lograrlo, llevarán el caso ante el Defensor del Pueblo solicitando que esta institución interponga un recurso de inconstitucionalidad.

Estas plataformas consideran que no se dan circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad -como requiere el artículo 86 de nuestra Constitución- que justifiquen por parte del Gobierno disposiciones legislativas provisionales en forma de Decreto-ley y pide que esta materia sea regulada, con todas las garantías necesarias, como un Proyecto de Ley durante la próxima legislatura.

“No es un ‘Decretazo Digital’ contra la república digital catalana. Es un ‘Decretazo Digital’ contra la Constitución de la monarquía parlamentaria española. Por eso lo llevaremos ante el Constitucional”, ha manifestado el director de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida.