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La «Asociación Madres de Abril» (AMA), compuesta por familiares de víctimas mortales de la crisis sociopolítica de Nicaragua, presentaron este martes decenas de recursos por inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía, que según afirman, busca ocultar los crímenes contra cientos de opositores.

Al menos 30 recursos por inconstitucionalidad fueron introducidos en la Corte Suprema de Justicia por los miembros de AMA, quienes apelaron a su derecho de pedir castigo para los ejecutores de sus familiares.

«El recurso se introdujo para buscar respuesta, como familiares no estamos dispuestos a aceptar esa Ley de Amnistía, vulnera nuestros derechos como víctimas, nuestro derecho a la verdad», dijo la integrante de AMA Francis Valdivia.

La Policía de Nicaragua, señalada por la oposición como «brazo represor» del presidente Daniel Ortega, intentó evitar que las «Madres de Abril» entregaran sus reclamos en la Corte, sin embargo el Poder Judicial solicitó a los agentes que permitieran el ingreso de las mujeres, en medio de un clima de tensión.

Precisamente la Policía Nacional, junto con grupos paramilitares, son señalados como los principales responsables de «ejecuciones extrajudiciales» contra opositores, según diversos organismos humanitarios locales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«Ellos están buscando impunidad, no lo podemos permitir, queremos que se haga justicia», afirmó la miembro de AMA Lizeth Dávila, madre del niño Álvaro Conrado, cuya muerte alcanzó notoriedad porque fue rechazado de al menos dos hospitales tras recibir un disparo en la garganta, ejecutado por un francotirador de la Policía, según testigos.

Los recursos de la AMA contra la Ley de Amnistía recibieron el apoyo de diversos movimientos opositores, como la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, y la Unidad Médica Nicaragüense.

«Nos sumamos al rechazo de la ‘Ley de Autoamnistía’, porque prácticamente a quien presente liberar de culpabilidad es a los perpetradores de toda la represión, actualmente Nicaragua y vive en estado de sitio, similar al del nazismo», dijo el representante de la Unidad Médica José Luis Borge.

La integrante del comité Eimy Ramos agregó:»Si aprobamos esta Ley de Amnistía estamos aceptando que nuestros familiares e hijos fueron los que cometieron delitos, pero no es así. Esta ley lo que viene a amparar es a los verdaderos asesinos».

La Ley de Amnistía fue aprobada en junio pasado por la Asamblea Nacional, a petición de Ortega, para que sean suspendidos todos los juicios e investigaciones de crímenes ocurridos en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el estallido social del 18 de abril de 2018.

Al Gobierno utilizó la Ley de Amnistía para excarcelar a cientos de manifestantes, quienes no se consideran beneficiados porque afirman que la Constitución no prohíbe protestar contra Ortega.

La crisis ha dejado al menos 326 muertos, según la CIDH, que responsabiliza al Gobierno de Nicaragua por los hechos violentos y le señala de cometer delitos de «lesa humanidad».

Organismos defensores de derechos humanos locales establecen el número de muertos en 594, mientras Ortega reconoce 200.

La semana pasada la Organización de los Estados Americanos (OEA) dio a Nicaragua un plazo de 75 días para que el Gobierno y la oposición lleguen a un acuerdo para superar la crisis local.

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