A pesar de ser la región más rica de España, Madrid es la comunidad que menos invierte en el futuro de sus niños. En el año 2016, Comunidad de Madrid gastó en cada escolar 4.496 euros, un 63% de lo invertido en los alumnos del País Vasco, según los datos del estudio ‘Diferencias educativas regionales 2000-2016‘, de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la peor cifra de toda España.
Tener al alumnado agrupado en grandes municipios abarata en Madrid los costes en enseñanza, sin embargo, ocupa el último lugar en varios indicadores: un ordenador para cada cinco alumnos (1,4 en Extremadura), 14 alumnos de ratio por profesor (10,4 en Galicia), o 1.600 docentes menos en plantilla que en 2011.
En la última década, la inversión en la escuela pública de Madrid se ha recortado un 10%. En esos mismos años, el gasto público en educación concertada ha crecido un 13,4%. Los madrileños son también quienes más gasto privado –de su bolsillo– asumen por la educación: 1.624 euros por alumno y curso,
un 57% más que la media nacional.
Escuela concertada en la Comunidad de Madrid
El gasto en escuela concertada y en subvenciones se ha multiplicado en la Comunidad de Madrid por 6,2 en dos décadas: de los 161 millones en 2009 a los 968 millones en 2018, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Pero el la Comunidad de Madrid la privatización de Madrid va más allá que por una simple cuestión de inversión. El auge de la nueva concertada, nació la trama de corrupción de Púnica, liderada por el hoy ex vicepresidente Francisco Granados que encontró un filón en la educación.
La educación fue un gran negocio para Granados. El que fuera mano derecha de Aguirre entre 2003 y 2011, hoy en prisión como supuesto cabecilla de la red Púnica, cobraba entre 900.000 euros y 1,2 millones de euros por cada colegio concertado que ponía en marcha junto a su socio, David Marjaliza. Mercado tenían: la Comunidad levantó en ese periodo 90 centros concertados, casi uno de cada diez de los que se construyeron en toda España.
Granados y su socio Marjaliza metieron mano en los 20 centros que levantó la empresa Alfedel. El dueño de la empresa, Alfonso Ferrón del Río, está imputado por estos pagos. El papel de Granados era el de facilitador: utilizaba sus influencias políticas para conseguir que los ayuntamientos madrileños, gobernados en su mayoría por el PP, cedieran el suelo necesario a un precio por debajo del mercado con la excusa de que el centro supondría un servicio para el municipio.