El Gobierno central ha decidido enviar un nuevo requerimiento a la coalición de PP y Vox que dirige Castilla y León, esta vez de incompetencia, para frenar el «retroceso para las mujeres» que supondría el plan contra el aborto que el vicepresidente Juan García-Gallardo pretende ejecutar en la autonomía pese a los desmentidos continuos realizados por el presidente Alfonso Fernández-Mañueco.

El conflicto entre el Gobierno y la Junta de Castilla y León por la polémica del aborto ha pasado del plano político al jurídico y esta nueva advertencia abre una nueva vía para poder ir al Tribunal Constitucional.

Tras el requerimiento para declarar incompetente al Ejecutivo de Castilla y León, Mañueco enviará una carta a Pedro Sánchez en la que defiende que «no habrá ninguna modificación en el protocolo de atención a la interrupción del embarazo» y que este «está ajustado a la legislación nacional vigente», por lo que pide que «abandone los esfuerzos de su Gobierno en cuestiones ficticias para poder centrarse en la realidad y sus competencias».

Mañueco sigue callando ante Vox
Mañueco sigue callando ante Vox

En el mismo texto, Mañueco señala que el presidente del Gobierno «ha decidido combatir con insultada dureza una cuestión irreal» y lamenta que «haya anunciado el envío de un requerimiento sobre un asunto inexistente».

Tras la polémica medida de Gallardo que pasa por una serie de «recomendaciones» que los médicos deberían hacer a las mujeres que estuvieran en disposición de abortar como la derivación al departamento de salud mental, ecografías en 4D del feto o la posibilidad de escuchar el latido fetal, PP y Vox llevan días de tensión constante.

En un principio, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León asumía que era una obligatoriedad por parte de los sanitarios «ofrecer la posibilidad de tener la información», unas palabras que después Mañueco desautorizaba en rueda de prensa.

Mañueco sigue en la misma línea, desautorizando a Gallardo, mientras que la formación ultra ha hablado de «revisar pactos», lo cual «no quiere decir que se rompa el Gobierno», tal y como ha señalado el portavoz del partido en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

El líder catalán de Vox, Ignacio Garriga, ha sido más contundente y ha manifestado que revisarán «si seguir o no» en la Junta en caso de que no se cumpla el acuerdo sobre el protocolo.

Por su parte, el Ejecutivo ha dejado claro por medio de su portavoz, Isabel Rodríguez, que no va a permitir que se retroceda «ni un milímetro» en los derechos de las mujeres y que desde el Gobierno de Coalición se va a «luchar y defender» a las mujeres «con todos los mecanismos y herramientas».

En este sentido, Moncloa subraya que lo propuesto por Vox en la región es contrario a la Constitución Española y que extralimita de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma, ya que es el Ejecutivo central quien tiene las competencias de la legislación básica sanitaria, siendo los territorios los encargados de desarrollarla.

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