El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco,  viajó el pasado sábado a la final de la Champions en París junto al expolítico del PP y empresario Julián Ramos, propietario de Biorama Guijuelo, S.L., empresa a la que la Junta presidida por Mañueco «adjudicó a dedo el pasado 31 de diciembre de 2021 un contrato por el procedimiento de urgencia por un precio de 2.340.000 euros para la realización de test de antígenos contra la Covid», tal y como ha adelantado Público.

Esta noticia se ha hecho posible ya que los miembros del PSOE de Castilla y León han difundido en Twitter la imagen de Mañueco, el portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León y el empresario.

«En este caso se suscitan demasiadas casualidades y todas surgen en Salamanca: allí está registrada la empresa de Ramos y allí se ha producido la financiación irregular del PP de las primarias de Mañueco. Ya hemos registrado una solicitud de documentación y de información en las Cortes. Vamos a llegar hasta el final, hasta donde haya que llegar porque esto es muy grave y absolutamente inmoral. Aquí en Castilla y León nos conocemos todos y sabemos quién es cada cual. Este asunto es muy feo», añade Ana Sánchez, que ha sido consultada por dicho medio.

En una rueda de prensa posterior celebrada este lunes en Valladolid, Sánchez ha afirmado que el PSOE va a ser «benevolente» con Mañueco y le va a dar la oportunidad de explicar «con carácter inmediato» si pagó el viaje y las entradas para el partido de su bolsillo después de hacerse una foto con «amiguetes» empresarios.

«Por salud democrática y decencia, Mañueco tiene que demostrar que él se pagó ese viaje. Vamos a llegar hasta donde haya que llegar porque este es un caso más dentro de la decadencia y la corrupción», ha insistido la dirigente socialista.

El contrato aprobado en diciembre pasado incluía a otras dos empresas más, además de la de Ramos, para que realizaran 200.000 pruebas por toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Además de la cantidad estipulada en los contratos, que ascendió a los seis millones de euros entre las tres empresas, la Junta de Castilla y León pagó el coste de los hisopos y los reactivos y ofrecía los espacios públicos para la realización de los test. Pese a esto, el coste de cada prueba ascendió a los 32 euros, una cantidad superior al precio de mercado.

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