Tras 11 meses, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Mar Menor ha conseguido las 500.000 firmas que necesita para que se pueda debatir en el Congreso. Su propuesta de ley consiste en dotar de personalidad jurídica a la laguna salada más grande de Europa.
Así, como se explica en la página web de la ILP, el Mar Menor se convertiría en un sujeto de derecho «para cumplir un objetivo social sin ánimo de lucro y en el que todos los ciudadanos podrán exigir ante los tribunales la reparación a los responsables de los daños producidos en la laguna». Sin duda, sentaría un precedente legal en Europa y quizá una potente herramienta en la conservación medioambiental.
Algunos datos
Mientras el gobierno regional de Murcia y el gobierno central se culpan mutuamente sin asumir responsabilidades, la situación del Mar Menor es crítica. Su deterioro se remonta a la década de 1980. Desde entonces, la laguna ha soportado ingentes cantidades de materia orgánica y nutrientes procedentes de diferentes vertidos, especialmente desde el sector agropecuario. En la ILP se denuncia que los cultivos ocupan el 60% de los tres primeros kilómetros de franja litoral.
La ILP Mar Menor cifra en 300.000 las toneladas de nitratos acumuladas en el acuífero del Campo de Cartagena. Además, destaca que el 85% de la vegetación marina desapareció en 2016, cuando la albufera se bautizó como «sopa verde»: el exceso de nutrientes aceleró la producción de fitoplancton, algas microscópicas inofensivas para el ser humano pero mortales para la vegetación del fondo.
Aquel fue el aviso más importante que anunciaba el desastre de 2019. Las lluvias torrenciales de la DANA en septiembre arrastraron toneladas de agua dulce y tierra con nitratos al Mar Menor. La «sopa verde» impedía que el oxígeno llegara al fondo, así que la capa inferior se quedó sin oxígeno (anoxia). Los peces huyeron a la capa superior pero el viento hizo subir a la superficie el agua del fondo. Así, tres toneladas de peces y crustáceos murieron asfixiados en 2019. En agosto de este año fueron 15 toneladas.
La ganadería intensiva
Las organizaciones ecologistas apuntan como origen último de la situación del Mar Menor a la sobrexplotación de los acuíferos y la agricultura intensiva, y en la ILP se incluye también la presión urbanística. A esto hay que añadir la ganadería intensiva.
Hasta hace poco no se ha tenido muy en cuenta —y el propio Gobierno de Murcia prefiere ignorarla— porque las granjas de cerdos no se encuentran cerca del Mar Menor, pero el informe Análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena, elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) en marzo de 2019, ya advertía del crecimiento explosivo de macro-granjas y la contaminación de las aguas por los vertidos de purines procedentes de la ganadería porcina. El documento destaca la «alta concentración» de cerdos —casi 680.000 cabezas «en pocos municipios»—. A esto se añaden los problemas con su tratamiento de residuos, su almacenaje y la dispersión sobre parcelas agrarias.
Igualmente, una investigación de Lighthouse Reports, en colaboración con lamarea.com y elDiario.es, sacó a la luz la implicación de la ganadería industrial en el ecocidio. Como consecuencias principales del vertido de purines se encuentran la degradación del ecosistema y la contaminación de agua potable accesible para los vecinos de la zona.
Precedente en Nueva Zelanda
Sin duda, de aprobarse en el Congreso, la ILP sentaría un precedente legal en Europa al tratarse de una ley de nueva creación. Pero existen precedentes en otros lugares que pueden ayudar a vislumbrar el camino a seguir. En 2013, Nueva Zelanda llegó a un acuerdo con la tribu maorí de los Tuhoe cuando reconoció el Parque Nacional Te Urewera como persona jurídica.
Y en 2017 estableció un precedente legal mundial al otorgar el mismo estatus al río Whanganui, el tercero más grande del país. La tribu maorí de los Whanganui llevaba más de 160 años luchando para que el río fuera reconocido como un antepasado, es decir, una entidad viva.
