La Marea Blanca denuncia ante el Defensor del Pueblo la precaria situación de la Sanidad pública ante los rebrotes de la COVID-19

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid envió hace unos meses una carta al Defensor del Pueblo en el que denunciaban la precariedad de la sanidad pública, especialmente en Madrid, y en la que le pedían su intervención.

En la respuesta del Defensor del Pueblo, y a la que ha tenido acceso elDiario.es, revela que pidió datos “acerca de los medios destinados a la detección precoz de casos de COVID-19 y la actividad epidemiológica realizada a todas las comunidades”, pero que la Comunidad de Madrid sigue sin hacer caso a sus peticiones y la institución sigue a la espera del último informe solicitado, un informe que ya le ha sido requerido en dos ocasiones “con las oportunas advertencias legales referidas a la falta de colaboración”.

Además, el Defensor del Pueblo explica que “ante la acumulación de quejas referidas a la grave saturación en muchos centros de atención primaria de la CAM y otras comunidades, unida al mantenimiento del cierre de algunos consultorios locales y de los servicios de urgencia de atención primaria, la institución decidió iniciar nuevas actuaciones singulares ante la Consejería de Sanidad solicitando información detallada de determinados centros de salud, en particular sobre la dotación de recursos humanos en los mismos”, pero sigue esperando respuesta.

Los representantes de la Marea Blanca lamentan que, desde 2012, vienen denunciando las consecuencias de “unos enormes recortes en el sector público que han ido en aumento sin suponer ningún ahorro para el sistema y sí un enorme nudo de desigualdad y destrucción de la calidad anterior, además de un encarecimiento enorme por las privatizaciones innecesarias”.

“Nuestro colectivo ha venido, además, alertando en cada momento de que Madrid no estaba preparada para iniciar ninguno de los pases de fase que se vinieron sucediendo y que no se podía priorizar la activación económica necesaria, cosa que nadie duda, frente a Salud Comunitaria, pues sin ella no habrá ninguna recuperación productiva. No hemos dejado de advertir una y otra vez que se olvidan de la salud y se está vulnerando un derecho universal fundamental, anticipando que, de sorprendernos un nuevo pico de pandemia, la situación se agravaría y mucho por la extrema debilidad en la que están dejando todo”, exponen al Defensor.

Ante esta situación, el colectivo Marea Blanca pide al Defensor del Pueblo que intervenga “para solventar los problemas que están volviendo a convertir a la Comunidad de Madrid en otra pesadilla interminable con miles de víctimas directas e indirectas”.

En principio piden “que se inspeccione y audite todo lo relativo a la gestión sanitaria que afecta a siete millones de personas, olvidando la obligación que les compete y aplicándose a gestionar todo tipo de negocios privados”, que el colectivo no duda de que es “un modo de hacer política que arremete insensiblemente contra la salud y la vida”.

Líneas de actuación marcadas por Marea Blanca

Tal y como recoge elDiario.es, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de la Marea Blanca marca cuatro líneas claras de actuación y la primera es sobre la situación del personal sanitario.

“La Atención Primaria (AP) y los Servicios de Urgencias (SUAPS) están con una escasísima dotación de profesionales, con cierre de centros in crescendo, siendo la atención, donde se realiza, básicamente telefónica”, señalan. Con respecto a los SUAPS lamentan que por lo general “estén totalmente cerrados mientras la Consejería de Sanidad de Madrid llega hasta a pedir que sea Enfermería la que diagnostique en vez de los médicos, algo improcedente e ilegal”.

“No hay ninguna preocupación en la gestión de mejora para subsanar estos servicios fundamentales, tanto para la pandemia como para el día a día de la atención a la ciudadanía”, añaden. Asimismo, denuncian que “los Centros Hospitalarios están prácticamente sin la actividad propia de las patologías que atienden normalmente y la que se realiza se hace atendiendo exclusivamente a su relación con la COVID-19”.

Además, recuerdan que “se han cerrado 1.300 camas en los hospitales públicos”, mientras “escandalosamente, se ha construido un nuevo hospital en Valdebebas”, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, mientras hay otros centros sanitarios en Madrid cerrados o con áreas sin funcionar.

En opinión de este colectivo, “faltan al menos 3.500 profesionales sanitarios y no se toman medidas para subsanar el déficit de este recurso nuclear. Los rebrotes van en aumento día a día, pero los medios exigidos no existen, sólo actuaciones políticas peligrosas”, algo que está afectando preocupantemente a las residencias de mayores.

Otra de las líneas de actuación se mueve en torno a las listas de espera. Según sus datos, a finales de febrero, “las Listas de Espera de Espera Quirúrgica alcanzaban los 78.171 pacientes; las de Pruebas Diagnósticas 152.590 y las de Consulta de Especialistas 453.117. No se publican cifras hasta finales de junio observado que las LEQ son de 72.405; las LEPD son de 105.670; las LECE son de 187.994”.

Además añaden que “tampoco aparecen los datos de aplazamiento de citas, ya que se ha suspendido la atención hospitalaria ordinaria”. Según el colectivo, en relación a este tema hay una gran opacidad y no se sabe si los que ya no están han fallecido o se les ha derivado a empresas privadas.

La tercera línea de actuación es referente a los rastreadores. “Es una evidencia palpable de que hay una falta de interés en querer controlar la pandemia rastreando los rebrotes para garantizar la salud comunitaria; a pesar de las necesidades que marca la OMS de un rastreador por cada 5.000 habitantes”.

“En la CAM hemos pasado a 186 rastreadores; se habla de que se contratará 380 y se sabe que se comprometió con el Ministerio de Sanidad alcanzar la cifra de 400, cuando debería tener como mínimo 1.300 rastreadores para controlar de una manera eficaz la propagación de la pandemia”, añaden.

La última línea de actuación es sobre la “desviación de fondos públicos hacia entidades privadas”. “Conocemos contratos privatizadores mientras se detrae dinero para la atención comunitaria: Hospital de Ifema, por 80 millones de euros o más; contrato de limpieza del mismo por 4 millones de euros; contrato del mes de mayo con la empresa Analiza Sociedad de Diagnóstico, 2,5 millones de euros para realizar PCR a pacientes de AP; contrato de rastreadores con Telefónica e Indra de un mes por 421.000 euros sin publicidad y escasa eficacia”.

Añaden, además, la construcción del nuevo hospital en Valdebebas cuyos fondos para ponerlo en marcha, se han, como mínimo, triplicado.Recuerdan también “el convenio con la Provincia Eclesiástica de Madrid por 4 años para dotar de capellanes por 1 millón de euros”.

“Mientras tanto la gente se muere, los profesionales no son apoyados, ni sustituidos, ni contratados. La Comunidad de Madrid ni tenía ni tiene recursos para controlar la Salud de la población, pero está haciendo otras inversiones desviando dinero de la sanidad publica de todos los ciudadanos”, lamentan.

El Defensor del Pueblo ha reconocido en relación a la Comunidad de Madrid que los diferentes niveles de atención sanitaria se han visto sometidos a una fuerte presión asistencial desde el mes de agosto, situación que estaría afectando muy especialmente a los servicios de salud pública y a los centros de atención primaria y se habría trasladado a la atención hospitalaria”.

Francisco Fernández Marugán añade que “ante la acumulación de quejas referidas a la grave saturación en muchos centros de atención primaria de la CAM y otras comunidades, unida al mantenimiento del cierre de algunos consultorios locales y de los servicios de urgencia de atención primaria, la institución decidió iniciar nuevas actuaciones singulares ante la Consejería de Sanidad solicitando información detallada de determinados centros de salud, en concreto 18 centros de atención primaria, sobre la dotación de recursos humanos en los mismos” pero sigue a la espera “de la preceptiva respuesta”.

El Defensor también da la razón al colectivo sobre su preocupación por las listas de espera y la suspensión de actividad asistencial ordinaria que, en su opinión, debe situarse como “una cuestión prioritaria, requiriéndose que las administraciones avancen cuanto antes en sus planes de choque”. En este sentido, Fernández Marugán se compromete a “hacer un seguimiento de la cuestión en las próximas fechas”.